El edificio de Monteagudo 120, donde una explosión seguida de un incendio provocó la muerte del médico Jonathan Stisman, continúa deshabitado y sin una fecha definida para el regreso de sus residentes. Aunque las inspecciones determinaron que la estructura no sufrió daños, el inmueble todavía debe atravesar reparaciones y recuperar plenamente los servicios.
La tragedia también dejó al descubierto una irregularidad administrativa que se arrastra desde hace años: la torre nunca obtuvo el certificado de final de obra. Según informó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el expediente registra actuaciones e intimaciones por modificaciones que no habrían sido autorizadas.
El estallido se produjo en un departamento del tercer piso y habría sido originado por una pérdida de gas en un artefacto de cocina. La onda expansiva derribó paredes divisorias y provocó desprendimientos en distintas unidades, aunque no afectó los elementos resistentes del edificio.
Reparaciones pendientes antes del regreso
Los especialistas de la Municipalidad inspeccionaron el inmueble durante la noche de la explosión y volvieron a revisarlo a la mañana siguiente. Defensa Civil confirmó que no se detectaron daños estructurales y que las principales consecuencias se limitaron a paredes, cielorrasos y otros elementos internos.
Sin embargo, la estabilidad de la torre no implica que pueda volver a ser habitada inmediatamente. Antes deberán limpiarse los espacios de circulación, especialmente las escaleras, donde todavía permanecen escombros.
También será necesario reparar los departamentos 12, 13 y 14 del tercer piso, afectados directamente por la detonación, además de algunos cielorrasos del segundo nivel.
Otro punto central es la rehabilitación de los servicios. Algunos vecinos señalaron que el suministro de agua y electricidad fue restablecido, pero la conexión de gas continúa suspendida y no existe una fecha precisa para su normalización.
Una irregularidad administrativa que lleva años
La Municipalidad confirmó que el edificio no cuenta con certificado de final de obra. Desde la Dirección de Catastro indicaron que existen actuaciones administrativas vinculadas con esa situación y que los responsables fueron notificados y sancionados en 2018.
El principal inconveniente para completar la habilitación estaría relacionado con la construcción de un piso adicional, por encima de lo permitido por el Código de Planeamiento Urbano.
Para regularizar el inmueble, los propietarios deberían recurrir a una instancia superior y solicitar una excepción que permita reconocer las modificaciones realizadas.
La torre pudo acceder a los servicios públicos pese a no tener el certificado porque fue construida antes de la entrada en vigencia de los requisitos actuales, establecidos a partir de 2004.
La documentación incorporada a la investigación también reveló antecedentes que se remontan a 2003. En ese momento ya se habrían detectado diferencias entre los planos autorizados y la construcción ejecutada, entre ellas cambios en balcones y ascensores, ampliaciones y la incorporación irregular de un octavo piso.
Vecinos evacuados y un pedido de auditoría
Mientras se realizan las reparaciones y avanza la investigación, los residentes permanecen alojados en casas de familiares, amigos o en un hotel dispuesto para quienes no tenían otro lugar donde quedarse.
Algunos pudieron ingresar durante unas horas para retirar pertenencias, pero aseguran que el edificio todavía no se encuentra en condiciones normales de habitabilidad.
A la incertidumbre por la falta de gas y por la demora de los trabajos se sumaron denuncias por presuntos robos. Vecinos afirmaron que encontraron puertas forzadas y advirtieron la desaparición de distintos objetos dentro de los departamentos.
Tras la explosión, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos solicitaron una auditoría preventiva y urgente de los edificios de la Capital que se encuentran ocupados sin certificado de final de obra o de habitabilidad.
La propuesta busca revisar inicialmente unas 31 torres incluidas en un relevamiento municipal anterior, además de los inmuebles con denuncias, incidentes o antecedentes de riesgo.
El control debería abarcar expedientes, planos e intimaciones, pero también las instalaciones de gas, agua y electricidad, los ascensores, los sistemas contra incendios, las vías de evacuación y el estado estructural.
Los impulsores de la iniciativa aclararon que la ausencia del certificado no puede ser vinculada directamente con la explosión hasta que concluya la investigación. Sin embargo, advirtieron que la tragedia volvió a exponer la necesidad de controlar edificios que permanecen habitados pese a arrastrar irregularidades durante años.
