Mientras los contribuyentes tucumanos deben afrontar vencimientos, intereses y mecanismos de cobro sin demasiado margen para negociar, los empresarios del transporte público recibieron una facilidad especial para devolver los $2.000 millones que la Provincia les adelantó en mayo.
El Gobierno acordó con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) que el reintegro se concrete en cuatro cuotas mensuales de $500 millones. Además, las compañías no deberán realizar transferencias directas: el dinero será descontado de futuras compensaciones, subsidios y asistencias financieras que les correspondan.
El convenio quedó oficializado mediante el Decreto N° 1.552/8, publicado el 29 de julio en el Boletín Oficial. La medida vuelve a poner bajo la lupa el trato que el Estado provincial dispensa a determinados sectores empresarios frente a la rigurosidad que exhibe la Dirección General de Rentas con ciudadanos, comerciantes y pequeñas empresas.
Cuatro cuotas descontadas de futuros subsidios
Los $2.000 millones habían sido entregados por el Poder Ejecutivo en mayo, mediante el Decreto N° 989/8, para atender la crisis del transporte urbano e interurbano. Los recursos fueron concedidos como un pago a cuenta de futuros desembolsos y no como un subsidio definitivo.
Ahora, la Provincia estableció que el recupero se realizará desde julio en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Cada una tendrá un valor de $500 millones.
La modalidad fue solicitada por la propia AETAT. En lugar de depositar los recursos en las cuentas provinciales, las empresas aceptaron que los montos sean descontados automáticamente de cualquier acreencia futura que tengan con el Estado.
Esto incluye compensaciones económicas, subsidios y nuevas asistencias financieras. En los hechos, los empresarios devolverán el anticipo con fondos que de todos modos debían recibir posteriormente del Gobierno provincial.
El esquema representa una facilidad significativa para un sector que desde hace años reclama aportes estatales para sostener el servicio y cubrir sus costos operativos.
Un trato diferente al que reciben los contribuyentes
El acuerdo contrasta con la política de recaudación que la Provincia aplica sobre los contribuyentes. Para cualquier ciudadano, comerciante o pequeña empresa, el incumplimiento de una obligación tributaria puede derivar en intereses, intimaciones, retenciones o acciones de cobro.
Los empresarios del transporte, en cambio, consiguieron distribuir la devolución del anticipo y evitar un desembolso directo. Tampoco deberán recurrir a financiamiento propio para reintegrar los recursos de manera inmediata.
La decisión puede justificarse en la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio público esencial. Sin embargo, también expone una diferencia evidente entre el tratamiento que reciben los grandes prestadores y las exigencias que pesan sobre quienes deben cumplir regularmente con Rentas.
El convenio fue avalado por diferentes organismos provinciales, entre ellos las áreas de Hacienda, Presupuesto, Crédito Público, Contaduría General, Fiscalía de Estado y la asesoría jurídica del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.
La intervención de esos organismos respondió a la necesidad de formalizar la manera en la que se recuperarían los fondos públicos entregados como anticipo.
AETAT promete mantener el servicio y las fuentes de trabajo
Como contraprestación, AETAT asumió el compromiso de garantizar la continuidad del transporte público y preservar los puestos laborales de las empresas asociadas.
El acuerdo obliga a las compañías a mantener la prestación efectiva del servicio durante el período de devolución. La Provincia busca evitar que los descuentos provoquen nuevos conflictos salariales, reducciones de frecuencias o interrupciones.
En caso de incumplimiento, el Gobierno podrá exigir la devolución inmediata de los montos pendientes, aplicar nuevas compensaciones sobre futuras acreencias e iniciar acciones administrativas o judiciales.
El convenio tendrá vigencia hasta que se cumplan todas las obligaciones. Cualquier conflicto deberá resolverse ante los tribunales ordinarios de Tucumán.
La asistencia se enmarca en la emergencia del transporte público, prorrogada hasta el 31 de mayo de 2028. Bajo ese régimen, el Ejecutivo cuenta con herramientas para continuar sosteniendo financieramente a las empresas.
Así, mientras Rentas mantiene una política estricta para cobrar las obligaciones de los contribuyentes, el Gobierno provincial vuelve a ofrecer una salida flexible al empresariado del transporte: cuatro cuotas, sin transferencias directas y descontadas de recursos que las compañías recibirán del propio Estado.
