La renovación del transporte público de Tucumán comenzó con una inversión estatal de US$17,335 millones para adquirir 100 colectivos cero kilómetro. Las unidades fueron entregadas a empresas privadas mediante contratos de leasing, pero las condiciones originales de devolución fueron flexibilizadas en dos oportunidades. Ahora aparece un nuevo desembolso: el Gobierno provincial autorizó más de $17,3 millones para afrontar el patentamiento de 59 de esos vehículos.
La operatoria comenzó en 2024, cuando el Poder Ejecutivo decidió que fuera la Provincia la que comprara directamente 100 colectivos cero kilómetro para renovar la flota del transporte metropolitano, interurbano y rural.
La Resolución Conjunta N° 3/MEyP-MOySP, del 25 de noviembre de 2024, adjudicó la compra por un total de US$17.335.000. Fueron 30 unidades de Colcar Merbus por US$5,085 millones; 50 de Autobús SA, divididas en dos modelos por US$5,16 millones y US$3,54 millones; y 20 unidades de Amarela Tucumán por US$3,55 millones.
La inversión fue afrontada inicialmente por el Estado provincial. Sin embargo, los colectivos no fueron concebidos como una entrega gratuita a las empresas. El Decreto 353/8 de febrero de 2025 estableció un sistema de leasing, por el cual las prestatarias deberían devolver el valor de las unidades mediante cánones mensuales. Esos pagos podían descontarse automáticamente del Fondo de Compensación que las compañías reciben de la Provincia; incluso si dejaran de percibir esa compensación, la obligación de pago continuaría vigente.
Es decir, formalmente existe un mecanismo de recupero de la inversión pública. La cuestión que cobró relevancia con el paso de los meses es cuánto tiempo tardará ese recupero y bajo qué condiciones.
De 36 a 60 meses: dos flexibilizaciones para las empresas
El esquema original establecía un plazo de 36 meses consecutivos para cancelar el 90% del capital financiado, mediante un sistema de amortización alemán y con intereses sobre saldos. Pero las condiciones fueron modificadas a pedido de AETAT.
En octubre de 2025, mediante el Decreto 3.156/8, el Gobierno aceptó una primera reestructuración. El plazo total pasó de 36 a 54 meses, con seis meses de gracia para el pago del capital entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Durante ese período continuaban devengándose las obligaciones vinculadas a los intereses. La amortización del capital se extendió así a 48 cuotas. Además, la Provincia estableció una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para las adendas de los contratos.
La flexibilización no terminó allí.
El Decreto 913/8, firmado el 30 de abril de 2026, volvió a modificar la operatoria. El Poder Ejecutivo consideró viable llevar el plazo total de 54 a 60 meses, incorporando otros seis meses de gracia sobre el capital adeudado. Las empresas fundamentaron la solicitud en su situación financiera, el aumento de los salarios, combustibles e insumos y el nivel de endeudamiento del sector.
Por lo tanto, una operación que originalmente debía recuperar el capital en tres años terminó estructurada sobre un horizonte de cinco años, con dos períodos sucesivos de alivio financiero.
Esto no significa que la deuda haya sido condonada: las obligaciones con la Provincia continúan vigentes. Pero sí implica que el Estado mantiene durante más tiempo inmovilizado el capital que utilizó para adquirir las unidades y asume un plazo de recupero sustancialmente mayor al previsto inicialmente.
Ahora, $17,3 millones para patentar 59 colectivos
A la compra y las posteriores modificaciones financieras se agregó esta semana otro componente.
El Decreto 2.102/8 (MOIyTP), fechado el 4 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial del 25 de septiembre de 2026, autorizó a la Dirección de Administración de la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial a emitir un Comprobante de Ejecución de Anticipo de Fondos y Otros Pagos Extrapresupuestarios por $17.376.327,18. El dinero será destinado a afrontar el patentamiento de 59 colectivos cero kilómetro adquiridos por el Gobierno provincial. Los recursos corresponden al Tesoro General de la Provincia.
El desembolso equivale a aproximadamente $294.514 por unidad para esas 59 unidades.
La norma habla específicamente de un anticipo de fondos para afrontar el gasto de patentamiento, por lo que técnicamente no corresponde presentarlo como una nueva compra ni como una transferencia adicional del valor de los vehículos a las empresas. Sí constituye otro compromiso de recursos públicos relacionado directamente con la operatoria de los colectivos.
Y hay una cuestión que el decreto publicado no permite responder: por qué el trámite alcanza a 59 unidades de las 100 compradas y cuál es la situación registral o el costo de patentamiento de las 41 restantes. El instrumento acompañado no brinda esa explicación.
La operatoria debe analizarse, además, dentro de un esquema de asistencia más amplio al transporte. En septiembre de 2026, por ejemplo, el Poder Ejecutivo autorizó una compensación de $5.500 millones para las empresas prestatarias provinciales y municipales; en agosto había dispuesto además un adicional de $700 millones para las compañías de jurisdicción provincial. Estas partidas son independientes de la compra y del patentamiento de los colectivos, pero muestran la magnitud de los recursos públicos que actualmente sostienen el sistema.
Así, a casi dos años del inicio de la renovación de la flota, la discusión ya no pasa únicamente por los US$17,335 millones utilizados para comprar los vehículos. También alcanza al ritmo en que ese dinero vuelve a las arcas provinciales, las sucesivas flexibilizaciones concedidas a las prestatarias y los costos adicionales que continúa afrontando el Estado.
El dato nuevo es concreto: además de haber financiado inicialmente las unidades y haber ampliado dos veces las condiciones para recuperar la inversión, el Tesoro provincial ahora deberá adelantar otros $17.376.327,18 para patentar 59 de los colectivos.
