La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, volvió a referirse al conflicto con los taxistas y eligió poner el foco en las formas de la protesta. Aseguró que desde el municipio sienten que el reclamo se convirtió en “una persecución” y convocó nuevamente al sector a resolver las diferencias mediante el diálogo.
El problema es que el llamado a conversar aparece en medio de un conflicto que ya tuvo reuniones, compromisos y pedidos concretos. Los representantes de los taxistas sostienen que fueron recibidos anteriormente por la propia intendenta y que, pese a las instrucciones que ella habría dado durante aquel encuentro para reforzar los controles, las respuestas que esperaban nunca llegaron en los términos reclamados.
La discusión tiene como telón de fondo la aplicación de la ordenanza 5.483 y las exigencias que deben cumplir los vehículos que trabajan mediante plataformas digitales.
Chahla cuestionó las formas y habló de “persecución”
Tras la protesta realizada frente a la Municipalidad, Chahla cuestionó el comportamiento de algunos representantes del sector y particularmente a Julio Rodríguez, referente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán.
La intendenta lo calificó de “violento” e “intempestivo” y aseguró que funcionarios municipales reciben llamados suyos a toda hora. “Nosotros sentimos que ya es más una persecución que otra cosa”, expresó.
Chahla aclaró que sus críticas no estaban dirigidas al conjunto de los taxistas, sino a las formas utilizadas durante la protesta, entre ellas las bombas de estruendo y las complicaciones ocasionadas en el tránsito.
Luego pidió volver al diálogo. “Tenemos que aprender a escucharnos y a consensuar”, sostuvo.
La frase reabre, sin embargo, una pregunta central en el conflicto: ¿qué ocurrió con las conversaciones anteriores?
Los taxistas aseguran que ya dialogaron y que siguen esperando los controles
Dos días antes de las declaraciones de Chahla, Rodríguez había recordado públicamente una reunión mantenida semanas atrás con la intendenta.
Según su relato, durante aquel encuentro Chahla se comunicó con las autoridades del área de transporte y pidió expresamente que se hiciera cumplir la normativa vigente.
El dirigente aseguró que, pese a aquella intervención de la intendenta, el sector no observó los resultados que esperaba.
“Pasaron 40 días y nadie ha visto ningún control”, cuestionó Rodríguez.
Ese antecedente es uno de los argumentos con los que los taxistas responden al reiterado pedido de diálogo del municipio. Desde el sector sostienen que el problema ya no pasa solamente por conseguir una reunión, sino por lograr que las decisiones anunciadas después se traduzcan en controles efectivos.
Los manifestantes reclaman que las aplicaciones funcionen bajo las condiciones establecidas por la ordenanza 5.483 y que exista igualdad de exigencias entre taxis y vehículos que operan mediante plataformas.
Entre otros puntos, mencionan la antigüedad de las unidades, las licencias profesionales, el carnet de sanidad y los seguros correspondientes.
Rodríguez incluso denunció la existencia de vehículos con más de 20 años prestando servicios mediante aplicaciones, algo que, según su interpretación de la normativa, no debería permitirse.
El municipio sostiene que sí está actuando sobre las plataformas
La Municipalidad ofrece una versión diferente sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos.
La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, afirmó que la administración capitalina está aplicando la normativa y llevando adelante procedimientos administrativos contra las plataformas que no cumplen con las disposiciones vigentes.
Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana y uno de los funcionarios cuya renuncia reclaman los taxistas, también aseguró que existen intimaciones, pedidos de multas y actuaciones contra empresas de transporte mediante aplicaciones.
El funcionario anunció además la creación de un padrón municipal de plataformas digitales destinado a identificar a las empresas y conductores que operan en la ciudad y verificar el cumplimiento de los requisitos.
Así, detrás de la discusión por las formas de la protesta aparece una disputa más concreta sobre los resultados.
Chahla sostiene que el conflicto debe encauzarse mediante el diálogo y rechaza lo que considera expresiones violentas. Los taxistas responden que ese diálogo ya existió y reclaman que se materialicen los controles que aseguran haber pedido anteriormente. El municipio, por su parte, afirma que esos procedimientos están en marcha.
Más que la falta de conversaciones, el punto que continúa enfrentando a las partes parece ser qué ocurrió después de ellas y si las medidas adoptadas alcanzan para hacer cumplir efectivamente la regulación de las aplicaciones de transporte.
