La intendenta de San Miguel de Tucumán anunció la eliminación de 59 conceptos municipales, una medida presentada como un importante alivio económico. Sin embargo, la propia Municipalidad reconoce que esos cobros tienen una incidencia marginal en la recaudación. Mientras tanto, Chahla descartó reducir el Tributo Económico Municipal (TEM), que afecta a comerciantes y empresas, y dejó pendiente una reforma más profunda de los cargos asociados a la factura eléctrica. La pregunta es inevitable: ¿se busca aliviar realmente el bolsillo o construir un anuncio políticamente atractivo sin resignar los principales ingresos municipales?
En política, los números grandes suelen producir titulares impactantes. Y anunciar la eliminación de 59 tasas municipales suena, a primera vista, como una importante decisión destinada a reducir la presión tributaria sobre los ciudadanos.
Eso fue precisamente lo que hizo la intendenta Rossana Chahla, quien presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante para suprimir decenas de conceptos que actualmente se cobran por trámites, permisos, certificados y diferentes gestiones administrativas en San Miguel de Tucumán.
La jefa municipal defendió la iniciativa argumentando que permitirá ahorrar dinero, reducir la burocracia y facilitar la vida de los contribuyentes. Hasta allí, la propuesta resulta razonable. Nadie podría cuestionar seriamente que obtener un certificado o realizar un trámite digital sea más sencillo y económico.
Pero el debate cambia cuando se analiza qué tasas desaparecerían, cuánto representan para las arcas municipales y, fundamentalmente, cuáles son los tributos que el Ejecutivo decidió mantener.
Porque el verdadero peso de una reforma tributaria no se mide por la cantidad de tasas eliminadas, sino por el dinero que efectivamente dejan de pagar los ciudadanos.
Y allí es donde el anuncio de Chahla empieza a mostrar sus limitaciones.
59 tasas menos, pero una recaudación que prácticamente no se altera
La iniciativa oficial propone eliminar conceptos vinculados con certificados de libre deuda, actuaciones administrativas, obras particulares, permisos para ocupación de espacios públicos y determinadas gestiones comerciales.
Algunos de esos trámites tienen costos relativamente pequeños. Por ejemplo, un certificado de libre deuda cuesta actualmente $4.600, mientras que ciertas solicitudes administrativas implican pagos de $1.150 por la primera hoja y $460 por cada hoja adicional.
Eliminar esos importes puede representar un beneficio concreto para quienes necesitan realizar esas gestiones. Sin embargo, no se trata de gastos cotidianos que todos los contribuyentes afronten mensualmente.
Y hay un dato revelador: según la fundamentación del proyecto, el propio Ejecutivo municipal reconoce que los conceptos seleccionados tienen una incidencia marginal en la recaudación y que mantenerlos implica costos administrativos desproporcionados.
Es decir, la Municipalidad propone desprenderse de ingresos que, de acuerdo con su propio diagnóstico, aportan relativamente poco a las finanzas públicas.
Desde el punto de vista administrativo, la decisión tiene lógica. Si recaudar una tasa demanda una estructura burocrática costosa y produce ingresos insignificantes, eliminarla puede ser una buena política de gestión. Pero presentarla como una transformación significativa del bolsillo de los tucumanos resulta mucho más discutible.
En términos políticos, la operación comunicacional es evidente: anunciar 59 eliminaciones genera una percepción de gran reforma fiscal, aunque no se haya demostrado una reducción equivalente en la presión tributaria que soportan regularmente las familias y los comercios.
Para determinar su impacto real, Chahla debería informar cuánto dinero recauda anualmente la Municipalidad por esos 59 conceptos y qué porcentaje representan sobre los ingresos municipales totales.
Sin esos números, el anuncio corre el riesgo de convertirse en una demostración de marketing político antes que en una política de alivio económico de magnitud.
El TEM, el tributo que Chahla no está dispuesta a reducir
La principal contradicción aparece cuando la discusión llega al Tributo Económico Municipal.
Chahla fue categórica: no tiene previsto reducir la alícuota general del TEM, actualmente establecida en el 1,25%.
Su argumento es que esos recursos permiten financiar servicios municipales como el mantenimiento del pavimento, la iluminación y otras prestaciones que benefician a los establecimientos comerciales.
También sostuvo que existen ciudades donde se aplican alícuotas del 3% y hasta del 7%, para defender que la carga tributaria local es comparativamente baja.
Pero comparar porcentajes aislados entre municipios no alcanza para demostrar que un tributo es barato. Para hacerlo seriamente habría que considerar la base imponible, los mínimos, las exenciones, las actividades alcanzadas y las demás cargas que soporta cada contribuyente.
Lo cierto es que el TEM representa una obligación recurrente para numerosos comerciantes y empresas. Y, a diferencia de un arancel por obtener un certificado, incide directamente en la estructura de costos de la actividad económica.
Un ejemplo permite dimensionar la diferencia: sobre una base imponible mensual hipotética de $10 millones, una alícuota del 1,25% representa $125.000. Si se redujera al 1%, el importe sería de $100.000, es decir, un ahorro de $25.000 mensuales, siempre que no correspondan mínimos ni tratamientos especiales.
Naturalmente, una rebaja del TEM también implicaría resignar ingresos municipales. Precisamente por eso exige un análisis presupuestario serio.
Pero allí aparece el verdadero dilema político.
Eliminar tasas de escasa recaudación permite exhibir una reducción tributaria sin comprometer significativamente los recursos municipales. Reducir el TEM, en cambio, supondría tomar una decisión fiscal de mayor profundidad.
El impacto de una eventual baja podría beneficiar directamente a los comercios y mejorar sus condiciones para invertir, contratar personal o sostener sus actividades.
También podría contribuir a moderar algunos precios, aunque ese traslado al consumidor no sería automático ni estaría garantizado.
La Unión Industrial de Tucumán, que respaldó la eliminación de tasas, también reclamó profundizar la reducción de la carga tributaria sobre el sector productivo.
Por eso, la discusión no debería terminar en cuántos trámites dejan de pagarse, sino avanzar hacia cuánto cuesta realmente mantener abierto un comercio en la capital tucumana.
Las boletas de luz y agua: el otro debate que no debería quedar afuera
Existe otro aspecto de la presión tributaria municipal que afecta directamente a los hogares: los cargos incorporados a las facturas de servicios públicos.
En Tucumán, los usuarios no siempre pagan exclusivamente por la electricidad o el agua que consumen. En determinadas facturas también aparecen conceptos destinados a financiar obligaciones municipales.
El proyecto de Chahla sí contempla un cambio concreto en este terreno: propone eliminar la contribución municipal sobre el consumo de agua, cloacas y gas natural por redes.
Ese punto merece reconocerse, porque podría representar una reducción efectiva de las facturas alcanzadas. No obstante, el expediente no establece un porcentaje general de ahorro y todavía requiere la aprobación del Concejo Deliberante.
La situación de la electricidad es diferente.
La propuesta oficial no plantea una reforma equivalente del esquema de contribuciones vinculadas al alumbrado público que se cobran a través de la factura eléctrica.
Actualmente, según explicaron los concejales opositores José María Canelada y Gustavo Cobos, existen conceptos municipales asociados al consumo de electricidad de cada usuario.
Ambos presentaron una iniciativa alternativa para sustituir ese mecanismo por una contribución única, cobrada directamente por la Municipalidad y desvinculada del consumo eléctrico individual.
Esa propuesta introduce una discusión necesaria: ¿por qué el monto que paga un vecino por el alumbrado público debe guardar relación con la cantidad de electricidad que consume dentro de su vivienda?
Son prestaciones diferentes. La electricidad domiciliaria depende del consumo particular, mientras que el alumbrado de las calles constituye un servicio público municipal.
Sin embargo, separar ambos cobros no garantiza por sí solo una disminución de la carga tributaria. Para producir un ahorro real también sería necesario revisar los montos exigidos.
En tiempos en que numerosas familias deben destinar una parte considerable de sus ingresos a los servicios esenciales, discutir esos cargos debería ser una prioridad.
La Municipalidad necesita recursos para mantener la ciudad. Nadie puede pretender que la iluminación, la limpieza o la conservación de las calles sean gratuitas.
Pero también es legítimo exigir que explique cuánto cuesta cada servicio, cuánto recauda para financiarlo y si la carga tributaria que impone resulta razonable.
La transparencia fiscal no consiste únicamente en eliminar pequeños aranceles. También requiere que los vecinos sepan claramente qué están pagando, por qué lo pagan y a dónde va ese dinero.
El anuncio de Chahla constituye un avance en materia de simplificación administrativa y contempla algunos alivios económicos concretos. Negarlo sería tan incorrecto como presentarlo como una revolución tributaria.
Sin embargo, la verdadera prueba de una política destinada a reducir la presión fiscal está en animarse a revisar los tributos que se pagan todos los meses, no solamente aquellos que se abonan cuando se realiza un trámite ocasional.
Mientras el TEM permanezca intacto y no exista una revisión más profunda de los cargos municipales asociados a los servicios públicos, el alcance de la reforma seguirá siendo limitado.
La intendenta puede exhibir 59 tasas menos. Lo que todavía no puede demostrar es cuánto se reducirá, en promedio, el esfuerzo económico de los contribuyentes.
Y esa es la diferencia entre anunciar una reforma tributaria y concretar un alivio sustancial.
Porque cuando se eliminan los tributos que menos recaudan y se mantienen los que sostienen el grueso de los ingresos, la medida puede resultar administrativamente acertada, pero políticamente demagógica si se la presenta como un gran sacrificio fiscal.
Al final, lo importante no es cuántas tasas desaparecen de una ordenanza.
Lo importante es cuánto dinero más les queda a los tucumanos en el bolsillo.
