Siete efectivos de la Policía Federal Argentina con domicilio en Tucumán y dos civiles fueron detenidos en el marco de una causa por presunto cobro de coimas a tours de compras y bagayeros que transportaban mercadería de contrabando desde Bolivia hacia distintos puntos del país.
El procedimiento se concretó en el puesto fijo de Rapelli, en Santiago del Estero, una zona ubicada cerca del límite con Tucumán y considerada estratégica para el tránsito de vehículos que circulan por corredores utilizados para el traslado de mercadería proveniente del norte.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, luego de recibir denuncias sobre una presunta red de corrupción dentro del puesto policial. Según la pesquisa, los efectivos habrían cobrado dinero para permitir el paso de colectivos, camionetas y utilitarios sin realizar los controles correspondientes.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los controles en las rutas del norte argentino y expone una vez más el vínculo entre contrabando, tours de compras y sectores de fuerzas de seguridad que, según la Justicia, habrían actuado para garantizar impunidad a cambio de dinero.
Tarifas fijas para dejar pasar mercadería
De acuerdo con la investigación, la maniobra habría tenido un esquema de cobros previamente establecido. Los tours de compras debían pagar alrededor de $100.000 para evitar inspecciones; las camionetas, cerca de $80.000; y los vehículos utilitarios, aproximadamente $50.000. En algunos casos, los automóviles particulares también habrían sido obligados a entregar dinero para continuar viaje.
La mecánica investigada apuntaba a liberar el paso de mercadería ingresada desde zonas fronterizas con Bolivia. En el caso de los colectivos, los coordinadores de viaje habrían reunido el dinero entre los pasajeros y luego lo habrían entregado a los policías.
Para confirmar las sospechas, la Justicia autorizó una estrategia con billetes previamente marcados. Con esa medida, los investigadores buscaron documentar el cobro de sobornos y establecer la participación de los uniformados que estaban de guardia en el destacamento.
Durante el allanamiento, personal de Gendarmería Nacional secuestró más de $8 millones en efectivo, además de teléfonos celulares y documentación que ahora será analizada. Parte del dinero hallado habría coincidido con los billetes marcados que habían sido incorporados al operativo.
La causa golpea a la Federal y abre nuevas sospechas
Entre los detenidos hay una oficial y seis suboficiales de la Policía Federal Argentina, todos tucumanos. También fueron arrestados dos civiles señalados como coordinadores de los tours de compras investigados.
Los acusados quedaron vinculados a una causa por presunto cohecho y encubrimiento de contrabando agravado por la condición de integrantes de una fuerza de seguridad. Las declaraciones indagatorias serán claves para establecer el grado de responsabilidad de cada uno y determinar si la maniobra tenía ramificaciones más amplias.
El expediente no sólo compromete a los detenidos, sino que también vuelve a abrir el debate sobre los controles en rutas nacionales y pasos utilizados por el contrabando. Rapelli aparece como un punto sensible porque por allí circulan vehículos que buscan conectar el norte con otros destinos del país, muchas veces evitando puestos de fiscalización.
La investigación recién comienza a desplegar sus consecuencias judiciales. Ahora, el análisis de celulares, registros, anotaciones y movimientos de dinero permitirá saber si se trataba de un sistema aislado o de una estructura más amplia para garantizar el paso de mercadería ilegal a cambio de coimas.
