En el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, la discusión por el aumento del boleto de colectivos entró en una etapa de tensión abierta. La comisión de Transporte volvió a postergar el tratamiento y pasó a cuarto intermedio hasta el lunes a las 10, en busca de un dictamen que permita llevar el tema al recinto la próxima semana.
Aunque públicamente se insiste en que no hay una definición tomada, en los pasillos del cuerpo deliberativo crece la sensación de que la suba estaría encaminada. Lo que todavía no aparece cerrado es el número final ni, sobre todo, el costo político que cada bloque está dispuesto a asumir.
El oficialismo continúa con el conteo de adhesiones y admite que el escenario es complejo. El presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, reconoció que no hay consenso ni dentro del comité ni en el cuerpo deliberativo. “Es una situación complicada”, señaló, al explicar que las conversaciones siguen abiertas con concejales de distintos bloques.
Una tarifa entre $1.600 y $1.650
La cifra que se analiza para la nueva tarifa se ubicaría entre $1.600 y $1.650. Para llegar a ese valor, la comisión toma como referencia la inflación acumulada desde el último incremento aprobado en diciembre, el estudio de costos presentado por Aetat y los informes que aún debe completar la Municipalidad capitalina.
El argumento técnico apunta a encontrar un equilibrio entre la continuidad del servicio y la capacidad de pago de los usuarios. Franco planteó que se busca un monto que les permita a las empresas seguir funcionando, pero que también pueda ser afrontado por los pasajeros en medio de la crisis económica.
Sin embargo, detrás de los números aparece la discusión política. Nadie quiere quedar asociado de manera directa a una suba impopular, especialmente en un servicio cuestionado por los usuarios por sus frecuencias, su calidad y su impacto creciente en el bolsillo.
Por eso, aunque la actualización tarifaria parece avanzar, los concejales evitan darla por hecha. La estrategia es ganar tiempo, revisar papeles, esperar informes y recién entonces blanquear una decisión que, según se comenta en el Concejo, ya tendría destino casi definido.
Una votación que puede mostrar fisuras
El principal problema del oficialismo no es sólo justificar el aumento, sino garantizar una mayoría sólida en el recinto. A diferencia de votaciones anteriores, esta vez se presume que el resultado podría ser más ajustado y dejar expuestas algunas divisiones internas.
Los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos ya marcaron su rechazo. Desde Fuerza Republicana, Alfredo Terán de Zavalía también había cuestionado la posibilidad de avanzar con una suba, al advertir sobre la calidad del servicio y la caída en la cantidad de usuarios. Cristian Abel, que ocupa la banca que dejó Carlos Arnedo, también sostuvo recientemente que no están dadas las condiciones para ningún aumento.
Las dudas se concentran en los concejales que mantienen distintos grados de cercanía con el peronismo y con el oficialismo provincial, como Carlos Ale y Ana González, además de ediles radicales como Federico Romano Norri y Leandro Argañaraz. Incluso dentro del bloque oficialista habría indecisiones que podrían resolverse recién con el correr de las negociaciones.
En ese contexto, algunos calculan una votación de 11 a 6, más el eventual aval del presidente del Concejo, Fernando Juri. Ese número permitiría aprobar la suba, pero también dejaría una señal política clara: el boleto aumentaría, aunque muchos prefieran no decirlo antes de levantar la mano.
