La disputa entre Osvaldo Jaldo y Carlos Cisneros sumó un nuevo capítulo y esta vez salió de las fronteras de Tucumán. La Asociación Bancaria avanzó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la denuncia por el operativo policial ocurrido durante una protesta gremial en una sucursal del Banco Patagonia de Concepción.
La presentación está vinculada con los hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2025, cuando dirigentes y trabajadores bancarios realizaban una asamblea en reclamo por un despido y por denuncias de hostigamiento laboral. Según La Bancaria, al finalizar la actividad se produjo una intervención de efectivos de la Policía de Tucumán que terminó con trabajadores lesionados y detenidos.
El gremio sostiene que durante aquel procedimiento se vulneraron garantías vinculadas con la libertad sindical y llevó el caso al Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Pero la presentación tiene además una inevitable lectura política. El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, y Carlos Cisneros ratificaron públicamente el cuestionamiento al Gobierno tucumano por el accionar policial.
Y ese movimiento se produce cuando la relación entre Cisneros y Jaldo atraviesa uno de sus momentos de mayor confrontación.
De Concepción a la OIT
La denuncia sindical sostiene que la asamblea realizada en Banco Patagonia había sido pacífica y que la intervención policial se produjo cuando los participantes abandonaban la entidad.
La Bancaria cuestionó los elementos utilizados por los efectivos y planteó que el operativo vulneró los convenios internacionales 87, 98 y 135, relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección de los representantes de los trabajadores.
La presentación consiguió además el respaldo de la CGT y de organizaciones sindicales internacionales. UNI Américas expresó públicamente su apoyo al reclamo y representantes de la organización entregaron documentación vinculada con el caso ante dependencias de la OIT.
Palazzo y Cisneros también participaron de gestiones para mantener activo el reclamo internacional.
La responsabilidad sobre los hechos denunciados y las circunstancias en las que se produjo el operativo deberán establecerse en las instancias judiciales y administrativas correspondientes. Pero políticamente el conflicto ya tiene protagonistas claramente enfrentados.
Una relación que se deterioró alrededor de la Caja Popular
La denuncia aparece sobre un escenario previo de creciente tensión entre Jaldo y Cisneros.
Uno de los puntos centrales de esa disputa fue la Caja Popular de Ahorros, una institución en la que durante años tuvo una fuerte gravitación política y gremial el espacio vinculado con el diputado nacional y dirigente bancario.
Jaldo avanzó durante este año con cambios en la conducción de la entidad y desde entonces crecieron los cuestionamientos cruzados.
La pelea volvió a quedar expuesta esta semana con la discusión por el proyecto oficial para crear la Fiduciaria de Tucumán y el Fondo de Garantía de Tucumán.
Desde sectores opositores cercanos a Cisneros cuestionaron la iniciativa y advirtieron sobre la creación de una estructura financiera paralela a la Caja Popular.
Jaldo rechazó esas críticas. Defendió el proyecto destinado a facilitar garantías para el acceso al crédito de empresas tucumanas y cuestionó duramente a quienes objetaron la propuesta. El gobernador también utilizó el debate para poner nuevamente bajo discusión administraciones anteriores de la Caja Popular.
Así, lo que comenzó como una discusión alrededor de una institución financiera provincial fue adquiriendo una dimensión cada vez más política.
Dos estructuras que empiezan a enfrentarse abiertamente
El nuevo episodio muestra que la disputa ya no se limita a declaraciones ocasionales.
De un lado está Jaldo, con el control del Poder Ejecutivo y una conducción de la Caja Popular definida durante su gestión. Del otro aparece Cisneros, diputado nacional, referente de La Bancaria en Tucumán y con una estructura sindical y política propia.
La denuncia ante la OIT agrega ahora otro escenario a esa confrontación.
Formalmente, La Bancaria llevó ante el organismo internacional una denuncia vinculada con la actuación policial y el cumplimiento de los convenios sobre libertad sindical. Políticamente, Palazzo y Cisneros colocaron al Gobierno de Jaldo en el centro de sus cuestionamientos por aquellos hechos.
El movimiento llega, además, apenas después del nuevo cruce generado por la Fiduciaria provincial.
Por eso, más que dos episodios desconectados, la discusión por la Caja Popular, el debate por la nueva herramienta financiera y la denuncia sindical comienzan a formar parte de una misma secuencia de enfrentamientos.
Con 2027 cada vez más cerca, habrá que observar hasta dónde llegará esa disputa y cómo impactará en el reordenamiento del peronismo tucumano.
Por ahora hay un dato concreto: lejos de descomprimirse, la relación entre Osvaldo Jaldo y Carlos Cisneros vuelve a sumar tensión.
