El conflicto político abierto en Graneros después de los incidentes denunciados por el diputado nacional Gerardo Huesen ya se trasladó de lleno a la Legislatura. Diez legisladores de distintos espacios opositores buscan acelerar el tratamiento del proyecto que propone intervenir tanto el Departamento Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante de la ciudad gobernada por Raquel Graneros.
Los firmantes presentaron una nota ante la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales para solicitar el tratamiento urgente y el dictamen del expediente 350-PL-26, impulsado inicialmente por José Macome.
La oposición consiguió así mostrar una posición común frente al conflicto. El problema está en los números: el oficialismo conserva una amplia mayoría parlamentaria y, por el momento, no aparecen señales de que esté dispuesto a acompañar la intervención.
El conflicto salió de Graneros y llegó a la Legislatura
El pedido de intervención surgió luego de los episodios ocurridos durante una recorrida política de Huesen por Graneros. El diputado de La Libertad Avanza denunció que él y sus acompañantes fueron perseguidos, amenazados y agredidos y vinculó a algunas de las personas involucradas con el oficialismo municipal.
La intendenta Raquel Graneros rechazó cualquier responsabilidad en los hechos. Aseguró que no ordenó ninguna agresión y sostuvo que ni siquiera se encontraba en el lugar cuando se produjeron los incidentes.
El episodio, además, tiene versiones contrapuestas. Nueve vecinos de Graneros realizaron denuncias contra Huesen y miembros de su comitiva por presuntas amenazas e insultos. De esta manera, el conflicto político quedó también bajo investigación judicial.
La denuncia sumó nombres y pedidos de pruebas
En paralelo al movimiento político en la Legislatura, la causa judicial comenzó a incorporar nuevas presentaciones.
Lucio Benjamín Abregu, integrante de la comitiva libertaria, amplió su denuncia y señaló a tres personas para que sean investigadas por su presunta participación en los incidentes: Franco Ibán Jérez, Vanesa Dorao y una persona identificada como “Maxi” Cejas. En la presentación se mencionaron supuestos vínculos de algunos de ellos con el municipio, cuestiones que deberán ser determinadas por la investigación.
También se solicitaron medidas de protección y la producción de pruebas, entre ellas la obtención de registros de cámaras de seguridad de la zona donde se produjeron los hechos.
Será ahora el Ministerio Público Fiscal el que deberá establecer qué medidas corresponden y determinar eventuales responsabilidades.
Jaldo pide prudencia y la oposición mantiene la presión
El gobernador Osvaldo Jaldo evitó tomar partido sobre las responsabilidades por los incidentes y sostuvo que será la Justicia la que deberá esclarecer qué ocurrió. También recordó que existen denuncias de ambas partes y pidió prudencia hasta que avance la investigación.
Respecto del reclamo opositor, el mandatario señaló que una eventual intervención requiere de los mecanismos institucionales previstos para ese tipo de decisiones.
Mientras tanto, los diez legisladores que respaldan el proyecto intentan conseguir que la iniciativa salga de comisión y llegue al recinto.
La oposición consiguió instalar la discusión y convertir el episodio de Graneros en un tema provincial, pero enfrenta un obstáculo decisivo: no cuenta hoy con la mayoría legislativa necesaria para imponer la intervención.
Por eso, más allá del movimiento parlamentario, el próximo paso dependerá en buena medida de qué posición adopte el oficialismo y, fundamentalmente, de lo que determine la investigación judicial sobre los graves hechos denunciados por ambas partes.
