En Las Cejas parece que nada cambia. Los nombres son los mismos, las denuncias se repiten y las controversias por el manejo de los recursos públicos continúan rodeando a una administración comunal que desde hace años permanece bajo la influencia política de Cristina Contreras y su esposo, Hugo Alfredo Lazarte.
Esta vez, el Tribunal de Cuentas de Tucumán resolvió desestimar una denuncia por la presunta utilización de fondos de la comuna para adquirir materiales destinados a la construcción de una vivienda particular en El Cadillal.
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 3903, fechado el 9 de octubre de 2026, mediante el cual el organismo de control dio por concluida su intervención en el expediente iniciado por Enrique Fernando Romero. El fallo contiene un dato central: los auditores constataron que las facturas cuestionadas eran auténticas y habían sido emitidas a nombre de la comuna. Sin embargo, no encontraron registros bancarios ni contables que permitieran acreditar que esas compras hubieran sido abonadas con fondos públicos.
Así, la denuncia no prosperó en el ámbito del Tribunal de Cuentas, aunque el propio organismo aclaró que el denunciante conserva la posibilidad de recurrir a la Justicia penal.
El episodio vuelve a colocar en el centro de la escena a una conducción comunal que ya había recibido sanciones patrimoniales por irregularidades en rendiciones de cuentas correspondientes a ejercicios anteriores.
Facturas a nombre de la comuna y una vivienda particular en El Cadillal
La investigación comenzó a partir de una presentación realizada por Enrique Fernando Romero, quien denunció a Contreras y Lazarte por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.
Según el denunciante, se habrían adquirido materiales con fondos de la comuna de Las Cejas para destinarlos a la construcción de una vivienda particular perteneciente a los acusados, ubicada en El Cadillal.
Como parte de las actuaciones, el Tribunal de Cuentas examinó seis comprobantes emitidos entre agosto y septiembre de 2024, correspondientes a compras efectuadas en distintos comercios de materiales y pinturas, por un monto total cercano a $1,1 millones.
Los auditores visitaron los establecimientos comerciales para comprobar la autenticidad de las facturas. La documentación fue reconocida por los proveedores consultados.
Uno de los testimonios más relevantes surgió durante la visita a EMI SRL, donde un encargado confirmó la autenticidad de dos comprobantes e indicó que un hombre identificado como Carlos Peñalba había solicitado que las compras fueran facturadas a nombre de la comuna.
Según el informe incorporado al expediente, Peñalba también manifestó tener conocimiento de la construcción de una vivienda en El Cadillal que, de acuerdo con sus dichos, estaba siendo realizada por la delegada comunal y su familia.
Esta circunstancia dio sustento a los interrogantes planteados por la denuncia, aunque no permitió establecer que las operaciones hubieran sido financiadas con recursos del Estado.
La propia comisionada comunal rechazó que se tratara de gastos públicos.
En su descargo, Contreras aseguró que las compras no habían sido realizadas con fondos de la comuna y que desconocía por qué los comprobantes habían sido confeccionados a nombre de esa administración.
Incluso manifestó que no contaba con la documentación requerida porque las operaciones no correspondían a gastos comunales.
El Tribunal no encontró pagos con dinero público y cerró el expediente
Durante la investigación, el organismo de control solicitó en varias oportunidades documentación contable y bancaria de la comuna correspondiente a agosto, septiembre y octubre de 2024.
Los primeros requerimientos no fueron satisfechos en tiempo y forma. Posteriormente, Contreras presentó libros contables, extractos bancarios y documentación vinculada con el funcionamiento administrativo de la repartición.
El análisis permitió establecer que las facturas denunciadas no habían sido incluidas en las rendiciones de cuentas correspondientes al cuarto y quinto bimestre de 2024.
Tampoco se encontraron movimientos bancarios que vincularan las operaciones con las cuentas oficiales.
Un dato particular surgió respecto de una factura de EMI SRL. El proveedor indicó que había sido abonada mediante un cheque identificado con el número 62373919. Sin embargo, al revisar los registros bancarios de la comuna, los auditores comprobaron que ese instrumento no coincidía con la numeración de los cheques utilizados por la administración durante el período investigado.
Tampoco hallaron débitos, compensaciones ni movimientos vinculados con ese pago.
A partir de esas verificaciones, el Tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una erogación de fondos públicos relacionada con las facturas investigadas.
En consecuencia, decidió desestimar la denuncia por ausencia de elementos fácticos y jurídicos que permitieran iniciar una comprobación sumaria o un juicio de responsabilidad contra las autoridades comunales.
La resolución constituye un resultado favorable para Contreras y Lazarte dentro de este expediente administrativo, pero no equivale a un pronunciamiento judicial penal sobre todos los hechos denunciados.
De hecho, el artículo segundo del acuerdo deja expresamente a salvo la posibilidad de que Romero impulse las actuaciones correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal.
La distinción es importante: el Tribunal no acreditó que se hubiera utilizado dinero público para la vivienda, pero tampoco determinó quién abonó efectivamente todas las compras ni por qué las facturas fueron emitidas a nombre de la comuna.
Una historia que se repite: Contreras, Lazarte y las cuentas pendientes
Aunque esta denuncia fue desestimada, los cuestionamientos sobre la administración comunal de Las Cejas no comenzaron con la investigación por la vivienda de El Cadillal.
Durante 2025, el propio Tribunal de Cuentas dictó resoluciones desfavorables tanto para Cristina Contreras como para Hugo Lazarte en otros expedientes relacionados con la rendición de fondos públicos.
En septiembre de ese año, mediante el Acuerdo N° 4118, el organismo declaró patrimonialmente responsables a Contreras y a su exsecretario habilitado, Hugo Baltazar Zelaya, por irregularidades vinculadas con comprobantes de gastos correspondientes a 2017.
La resolución estableció un cargo fiscal solidario de $900.674,27, sujeto a actualización.
Un mes después, el excomisionado Hugo Lazarte recibió otro revés: el Tribunal de Cuentas le impuso, junto con su exsecretario, un cargo fiscal cercano a los $6 millones por rendiciones pendientes de su gestión, mediante el Acuerdo N° 4701.
Estos antecedentes administrativos, correspondientes a expedientes distintos, dan cuenta de problemas de rendición de cuentas que ya habían sido objeto de decisiones concretas del organismo fiscalizador.
A ello se sumaron denuncias de exempleados comunales por la presunta retención de tarjetas de débito y parte de sus haberes, acusaciones que Contreras rechazó públicamente y atribuyó a maniobras de adversarios políticos.
La dirigente sostuvo en distintas oportunidades que se encontraba a disposición de la Justicia y negó irregularidades en su administración.
El nuevo acuerdo del Tribunal de Cuentas no modifica aquellas sanciones anteriores ni permite considerar acreditados los hechos que continúan siendo materia de denuncias.
Pero vuelve a poner sobre la mesa un problema político más amplio: la reiteración de conflictos vinculados con el manejo administrativo de una comuna que permanece bajo la conducción de un mismo núcleo familiar.
Mientras tanto, las sucesivas denuncias, los expedientes y las decisiones del organismo de control continúan acumulándose alrededor de Las Cejas.
La última resolución no encontró pruebas para responsabilizar a las autoridades por el presunto uso de dinero público en una vivienda particular. Sin embargo, los antecedentes de sanciones por rendiciones de cuentas muestran que los cuestionamientos a la administración comunal tienen una historia mucho más extensa.
Y esa parece ser la constante en Las Cejas: pasan los años, cambian los expedientes y se suceden las resoluciones, pero Cristina Contreras y Hugo Lazarte siguen ocupando el centro de las controversias sobre el manejo de los recursos públicos de la comuna.
