Mientras el Gobierno nacional avanzó con un régimen para que los consumidores puedan identificar cuánto del precio que pagan corresponde a impuestos, Tucumán continúa sin transparentar de manera equivalente la incidencia de los tributos provinciales y municipales. La consecuencia es concreta: los tucumanos abonan impuestos todos los días, pero siguen sin poder conocer con claridad cuánto pesan en cada compra.
La situación alcanza tanto al Gobierno provincial de Osvaldo Jaldo como a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, conducida por Rossana Chahla. Provincia no adhirió al capítulo de transparencia fiscal de la Ley 27.743 y la Capital tampoco cuenta con un mecanismo que permita discriminar en los comprobantes el impacto de sus tasas sobre los precios.
El contraste resulta todavía más significativo porque ambas administraciones reclaman recursos, hablan públicamente de la importancia de la recaudación y destacan el esfuerzo de los contribuyentes. Sin embargo, cuando se trata de mostrarle a ese mismo contribuyente cuánto dinero termina pagando al Estado cada vez que consume, la información continúa detrás de una cortina.
Tucumán adhirió a una parte de la ley, pero dejó afuera la transparencia fiscal
La Ley 27.743 incorporó el denominado Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, pensado para que los ciudadanos puedan visualizar en sus comprobantes la incidencia de los impuestos sobre el valor final de los productos y servicios.
Tucumán tuvo la posibilidad de avanzar en esa dirección. La Provincia sancionó la Ley 9.789 para adherir a disposiciones de la normativa nacional, pero esa incorporación se concentró en el régimen de regularización de activos y no incluyó el Título VII, referido específicamente a la transparencia fiscal.
Así, mientras el consumidor ya puede encontrar discriminados determinados tributos nacionales, los impuestos provinciales continúan integrados en el precio sin que aparezca de manera sencilla cuánto representan.
Entre ellos se encuentra Ingresos Brutos, uno de los gravámenes que atraviesa distintas etapas de la cadena comercial y cuya incidencia finalmente puede terminar trasladándose al precio que enfrenta el consumidor.
En la Legislatura provincial existen proyectos opositores que buscan modificar esa situación. Las propuestas apuntan, con diferentes alcances, a identificar impuestos provinciales en las operaciones comerciales y a generar herramientas públicas que permitan conocer la presión tributaria.
Hasta ahora, ninguna logró convertirse en ley.
Chahla cobra tasas, pero la Capital tampoco muestra cuánto pesan en cada compra
La situación se replica en San Miguel de Tucumán. La administración de Rossana Chahla cuenta con una Ordenanza Tributaria 2026 en la que se establecen tasas, derechos, contribuciones, bases imponibles, alícuotas y obligaciones fiscales vigentes en la ciudad.
Es decir, la información normativa existe y el municipio recauda regularmente esos conceptos. Lo que el vecino no tiene es una herramienta que le permita saber, al momento de comprar un producto o contratar un servicio, qué proporción del precio final está vinculada con la carga tributaria municipal.
La diferencia no es menor.
Publicar una ordenanza tributaria permite que quien la busque pueda consultar qué tasas existen. Un régimen de transparencia fiscal, en cambio, obliga a poner esa información delante del consumidor en el momento en que mete la mano en el bolsillo.
Ese segundo paso es el que todavía falta.
La propia Chahla destacó recientemente la importancia de la recaudación municipal para sostener los servicios de la Capital y agradeció a los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día. También cuestionó la reducción de recursos provenientes de la Nación.
Pero el vecino al que se le pide sostener las cuentas públicas continúa sin recibir un detalle directo y cotidiano de cuánto aporta a través de la estructura impositiva.
Jaldo y Chahla hablan de recursos, pero el contribuyente sigue a oscuras
El gobernador y la intendenta han mostrado durante 2026 una agenda conjunta atravesada, entre otros temas, por la situación financiera de Provincia y Municipio. Ambos plantearon la caída de la recaudación y la necesidad de contar con recursos para mantener servicios y obras.
La discusión sobre los ingresos públicos ocupa así un lugar central cuando quienes hablan son los gobernantes.
El panorama cambia cuando quien quiere conocer los números es el ciudadano.
La transparencia fiscal no implica eliminar impuestos, reducir alícuotas ni quitarle facultades tributarias a Provincia o municipios. El planteo es mucho más básico: que cada tucumano pueda saber cuánto del precio que paga termina en las arcas públicas.
Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut y Santa Fe ya dieron pasos para adherir al esquema nacional, aunque con distintos niveles de implementación. Tucumán permanece afuera.
Por eso la discusión excede una cuestión técnica. Jaldo puede defender la necesidad de recursos provinciales y Chahla puede hacer lo mismo con las tasas municipales. Lo que resulta difícil de justificar es que, al mismo tiempo, los contribuyentes no puedan ver de manera sencilla la dimensión de esa carga cuando pagan por bienes y servicios.
Los tucumanos conocen el precio final.
Lo que Jaldo y Chahla todavía no les muestran con claridad es cuánto de ese precio corresponde al Estado.
