Una decisión tomada a más de 800 kilómetros de Tucumán comenzó a resonar con fuerza en la política provincial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir en la nueva disputa por la reelección de Gildo Insfrán en Formosa y volvió a colocar en el centro de la escena un principio que puede convertirse en un dolor de cabeza para varios gobernadores: la alternancia en el poder.
La mirada ahora está puesta sobre Osvaldo Jaldo, quien ya confirmó que buscará su reelección en 2027 acompañado nuevamente por Miguel Acevedo.
Los casos no son idénticos y sería incorrecto afirmar que la decisión sobre Formosa automáticamente invalida una candidatura de Jaldo. La Constitución tucumana contiene una cláusula expresa que fortalece la posición del mandatario.
Pero tampoco puede ignorarse la señal que viene dando la Corte.
El máximo tribunal ya intervino en los últimos años frente a intentos de permanencia prolongada en los Ejecutivos provinciales y ahora aceptó volver a analizar el mecanismo con el que el oficialismo formoseño pretende habilitar otra candidatura de Insfrán.
En Tucumán deberían tomar nota.
La Corte vuelve sobre Insfrán y la discusión ya no termina en Formosa
La historia de Formosa tiene características extremas. Insfrán llegó a la vicegobernación en 1987 y gobierna la provincia desde 1995. La posibilidad de sucesivas reelecciones permitió construir una continuidad política que atraviesa décadas.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucional el régimen que permitía la reelección indefinida en esa provincia al considerar que semejante permanencia afectaba principios esenciales del sistema republicano.
Formosa respondió posteriormente con una reforma constitucional. Una cláusula transitoria de esa nueva Carta Magna abrió nuevamente la posibilidad de que Insfrán intentara competir en 2027.
La oposición volvió entonces a acudir a la Corte.
Y esta semana apareció la novedad que encendió las alarmas: el máximo tribunal declaró su competencia originaria para analizar el planteo contra esa cláusula.
Todavía no resolvió el fondo de la cuestión. Por lo tanto, no puede decirse que la Corte haya prohibido ya una nueva candidatura de Insfrán.
Pero decidió tomar el caso.
Y después de haber fijado una posición contundente contra la reelección indefinida, que vuelva a intervenir representa una señal difícil de pasar por alto para cualquier oficialismo provincial que pretenda extender durante muchos años la permanencia de una misma persona en la cúspide del Poder Ejecutivo.
Ahí aparece Tucumán.
Jaldo tiene una cláusula a favor, pero también carga con 12 años consecutivos en el Ejecutivo
El oficialismo tucumano sostiene que no existe ninguna discusión posible.
El artículo 90 de la Constitución provincial establece expresamente que un vicegobernador, incluso después de haber completado dos períodos consecutivos en ese cargo, puede presentarse como gobernador y luego ser reelecto por un período consecutivo.
Esa es la principal diferencia con otros casos que terminaron judicializados.
Jaldo fue vicegobernador de Juan Manzur entre 2015 y 2019. Repitió como vice entre 2019 y 2023. Luego fue elegido gobernador para el período 2023-2027.
Según la lectura literal de la Constitución tucumana, puede buscar otro mandato como gobernador.
Y eso es exactamente lo que anunció que hará.
Pero la discusión que empieza a aparecer no se agota en contar cuántas veces fue elegido para cada cargo por separado.
El interrogante es si la Corte podría mirar el cuadro completo.
Si Jaldo ganara en 2027 y completara otro mandato hasta 2031, habrá permanecido durante 16 años consecutivos dentro del binomio que conduce el Poder Ejecutivo tucumano: ocho años como vicegobernador y otros ocho como gobernador.
La Constitución provincial parece habilitar ese recorrido. La pregunta es si una eventual impugnación podría llevar a la Corte a confrontar esa norma con principios superiores de la Constitución Nacional vinculados con la periodicidad de los mandatos, la división del poder y la alternancia republicana.
No sería la primera vez que Tucumán llega a ese escenario.
En 2023, la Corte suspendió las elecciones provinciales cuando Juan Manzur pretendía presentarse como candidato a vicegobernador después de haber cumplido dos períodos como gobernador. Manzur finalmente retiró su candidatura y el máximo tribunal no llegó a pronunciarse de manera definitiva sobre el fondo.
El antecedente, sin embargo, quedó.
Y hoy pesa.
El oficialismo ya armó su fórmula, pero la última palabra podría no ser política
Jaldo pasó en poco tiempo de relativizar públicamente una eventual reelección a confirmar que volverá a competir.
La fórmula anunciada es nuevamente Jaldo-Acevedo y el peronismo tucumano trabaja políticamente sobre esa certeza.
Sin embargo, el movimiento de la Corte en el caso Insfrán introduce una variable que no se resuelve dentro de la Casa de Gobierno, de la Legislatura ni del Partido Justicialista.
La judicialización.
Por ahora no existe una resolución que impida la candidatura del gobernador tucumano. Tampoco corresponde equiparar automáticamente las situaciones de Insfrán y Jaldo.
Pero el oficialismo debería cometer un error si interpreta que la sola literalidad del artículo 90 vuelve imposible cualquier discusión judicial.
La jurisprudencia de los últimos años muestra que la Corte está dispuesta a intervenir cuando considera que las reglas provinciales sobre reelecciones pueden afectar el sistema republicano.
Lo hizo con Tucumán en 2023.
Lo hizo con Formosa.
Y ahora volvió a aceptar intervenir cuando Formosa intentó construir una nueva salida constitucional para Insfrán.
No significa que mañana vaya a caer la candidatura de Jaldo. Significa algo políticamente más incómodo: que una candidatura que el oficialismo presenta como jurídicamente indiscutible podría terminar siendo discutida ante el máximo tribunal del país.
Y si eso ocurre, el debate dejará de ser solamente qué dice el artículo 90 de la Constitución tucumana.
También habrá que responder otra pregunta: ¿hasta qué punto una norma provincial puede permitir que una misma persona permanezca 16 años consecutivos en la conducción del Poder Ejecutivo sin entrar en tensión con la alternancia que exige un sistema republicano?
El jaldismo ya eligió su fórmula para 2027.
La advertencia que llega desde Formosa es que, cuando las reelecciones se prolongan y la Corte entra en escena, tener el aparato político ordenado puede no ser suficiente.
