El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo lleva 26 años bajo una figura que nació como excepcional: la intervención. La Justicia ordenó terminar con esa situación y conformar finalmente el Directorio previsto por la ley. Osvaldo Jaldo anunció públicamente que cumpliría la sentencia. Poco después, sin embargo, su propio Gobierno recurrió a la Corte para intentar frenar esa normalización.
Y ahora aparece otro dato.
El Boletín Oficial de Tucumán publicó este lunes 28 de septiembre el Decreto N° 2.094/3 (SH), mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó un incremento presupuestario de $785 millones para el IPLA. No se trata de una cifra menor.
De ese total, $500 millones serán destinados a “asistencia social al personal”, $270 millones a viáticos y otros $15 millones a útiles de escritorio, oficina y enseñanza.
El Gobierno, entonces, discute judicialmente la obligación de normalizar institucionalmente el organismo pero, al mismo tiempo, amplía sustancialmente los recursos que administra esa misma estructura intervenida. La pregunta surge inevitablemente: ¿por qué resulta tan difícil terminar con una intervención que ya lleva más de un cuarto de siglo mientras continúan creciendo los fondos que maneja el instituto?
Jaldo dijo que cumpliría el fallo, pero su Gobierno hizo lo contrario
El 12 de agosto, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Poder Ejecutivo finalizar la intervención del IPLA. El tribunal otorgó 60 días para realizar los actos administrativos necesarios y conformar el Directorio establecido por la Ley 7.243. La resolución puso el foco sobre una anomalía institucional difícil de explicar: una intervención administrativa iniciada en el año 2000 continúa vigente en 2026.
Un día después del fallo, Jaldo dio una definición contundente. Aseguró que era respetuoso de la división de poderes, afirmó que los fallos judiciales deben cumplirse y sostuvo que su Gobierno acataría la resolución.
La declaración parecía cerrar la discusión. Pero duró poco.
El 24 de agosto, Fiscalía de Estado presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para intentar revertir precisamente la parte de la sentencia que ordenaba terminar con la intervención y constituir el Directorio.
La argumentación oficial fue jurídica: la Provincia sostuvo que el fallo avanzaba sobre facultades propias del Poder Ejecutivo. El efecto político e institucional, sin embargo, fue concreto.
El Gobierno que había anunciado que normalizaría el IPLA terminó pidiendo a la Corte que dejara sin efecto la orden que lo obligaba a hacerlo. Mientras esa discusión continúa abierta, Dante Loza sigue ejerciendo como interventor y el organismo continúa funcionando bajo el mismo esquema excepcional que arrastra desde hace 26 años.
$785 millones más para un organismo que sigue intervenido
El decreto publicado este lunes agrega un elemento económico a la controversia. El propio IPLA solicitó incrementar el crédito presupuestario correspondiente a los Derechos de Habilitación Anual por $785 millones. El Poder Ejecutivo aceptó el pedido.
El nuevo presupuesto distribuye esos fondos de la siguiente manera:
$500 millones para asistencia social al personal.
$270 millones para viáticos.
$15 millones para útiles de escritorio, oficina y enseñanza.
Es decir, casi el 98% del incremento se concentra entre asistencia al personal y viáticos.
El decreto también exceptúa parte de esos fondos de restricciones presupuestarias establecidas a comienzos de 2026. Formalmente, la ampliación se encuentra contemplada en la Ley de Presupuesto: el Ejecutivo puede incorporar mayores recursos cuando la recaudación de determinados conceptos supera las estimaciones originales.
Eso explica jurídicamente cómo pueden incorporarse los $785 millones.
No responde, sin embargo, al interrogante institucional. El IPLA dispone de mayores recursos derivados de los derechos que cobra a los sectores que fiscaliza, pero continúa sin el Directorio que la propia legislación establece como autoridad normal del organismo.
La Justicia ordenó corregir esa situación. El Gobierno decidió recurrir el fallo. Ahora, además, amplía los recursos que administrará la intervención.
El problema no pasa por sostener que el organismo no debe tener presupuesto. El IPLA tiene funciones legales que cumplir, personal que sostener y actividades de fiscalización y prevención.
La discusión es otra: bajo qué estructura institucional se administran esos recursos y por qué una intervención creada como solución transitoria puede extenderse durante 26 años.
