El presunto intento de secuestro de una joven durante un viaje solicitado por Uber abrió una polémica que excede la investigación policial. Mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió, las sospechas sobre una supuesta maniobra política contra la plataforma ponen en evidencia la desconfianza hacia las autoridades y el impacto de un conflicto que lleva meses enfrentando al municipio con las aplicaciones de transporte.
Una joven denuncia que vivió una situación aterradora durante un viaje en Uber. Su padre, funcionario del Gobierno provincial, acude a la Policía y hace público el caso. La noticia adquiere repercusión nacional y las autoridades comienzan a investigar. Sin embargo, junto con las expresiones de preocupación y solidaridad, aparece otro debate: ¿por qué hay quienes ponen en duda la denuncia y sospechan que detrás del episodio existe una campaña contra Uber?
La pregunta expone un problema que va mucho más allá de las aplicaciones de transporte. En Tucumán, la discusión sobre la seguridad de los pasajeros quedó atravesada por una disputa política y económica que lleva meses sin resolverse. Y en ese contexto, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, vuelve a quedar en el centro de la controversia.
El caso ocurrió el miércoles 7 de octubre. Lucas Haurigot Posse, secretario de Adicciones de la provincia, denunció que su hija habría sido víctima de un intento de secuestro cuando regresaba de la universidad en un vehículo solicitado mediante Uber.
Según el relato familiar, la joven comenzó a sentirse mal dentro del automóvil, pidió que el conductor se detuviera y este se habría negado. Finalmente, consiguió descender cuando el vehículo se detuvo en un semáforo.
El episodio está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que el conductor señalado se presentó voluntariamente en la Comisaría Tercera después de conocer la denuncia a través de las redes sociales.
Hasta el momento, la Justicia no ha establecido públicamente que se haya producido un intento de secuestro. Pero tampoco existe una conclusión judicial que permita descartar la denuncia.
Una denuncia en medio de una disputa por el transporte
La desconfianza no aparece en el vacío. Desde hace tiempo, el funcionamiento de Uber, DiDi y otras aplicaciones genera fuertes tensiones entre los taxistas, las empresas, los conductores y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La gestión de Chahla avanzó con una regulación que obliga a los choferes a inscribirse en un padrón municipal y cumplir diferentes requisitos. El registro comenzó a funcionar el 1 de octubre, apenas seis días antes del episodio denunciado, y el plazo de inscripción se extiende hasta el 30 de noviembre.
El sector taximetrero viene reclamando mayores controles y sanciones contra quienes trabajan sin adecuarse a la normativa. Las aplicaciones, por su parte, se convirtieron en una alternativa de transporte utilizada por numerosos tucumanos.
Ese escenario ayuda a comprender por qué la denuncia despertó interpretaciones políticas.
Para quienes cuestionan las restricciones a las plataformas, la coincidencia temporal entre la puesta en marcha del registro y una denuncia de semejante gravedad puede alimentar sospechas. A eso se suma que quien hizo público el episodio es un funcionario provincial, aunque ese vínculo con el Gobierno no constituye, por sí mismo, ningún indicio de una operación.
El problema aparece cuando una sospecha se transforma en una afirmación sin pruebas. Que exista una disputa entre el municipio y las aplicaciones no significa que una denuncia policial sea falsa o haya sido organizada para perjudicar a una empresa.
Tampoco puede descartarse un hecho denunciado por el simple motivo de que ocurrió en un momento políticamente sensible.
¿Por qué las miradas apuntan a Rossana Chahla?
Las declaraciones de la intendenta de este jueves agregaron otro ingrediente a la controversia.
Al ser consultada sobre el episodio, Chahla volvió a cuestionar la falta de adecuación de Uber y DiDi a las exigencias municipales. Sostuvo que el objetivo de la regulación es identificar a los conductores y vehículos que transportan pasajeros, y defendió el empadronamiento obligatorio.
Además, distinguió la situación de Cabify, plataforma que, según aseguró, cumplió con los requisitos municipales, de las otras dos empresas.
Su advertencia fue contundente: “No va a trabajar nadie que no cumpla con la norma y no esté registrado”.
Las palabras de Chahla encuentran sustento en una preocupación legítima: la necesidad de contar con mecanismos de identificación, fiscalización y seguridad para los pasajeros. Pero también pueden generar interrogantes sobre la oportunidad política de sus declaraciones.
¿Es conveniente utilizar un episodio que todavía investiga la Justicia para reforzar públicamente una posición contra determinadas plataformas?
Allí reside uno de los motivos que permiten explicar el descrédito expresado hacia el caso. Una parte de la discusión parece haber dejado de concentrarse en la seguridad de la joven para girar alrededor de las decisiones de la Municipalidad.
La utilización inmediata de un hecho policial como argumento dentro de un conflicto administrativo puede ser interpretada por algunos usuarios como oportunismo político. Esa interpretación no prueba que exista una campaña organizada, pero ayuda a explicar por qué las sospechas terminan dirigidas hacia la intendenta, incluso cuando la denuncia no fue presentada por su administración.
También conviene hacer una distinción fundamental: que un vehículo o su conductor estén empadronados no garantiza que nunca pueda cometerse un delito. El registro es una herramienta de control, pero no reemplaza la prevención, la investigación policial ni la responsabilidad de las empresas.
Cuando la desconfianza política pone en duda a una posible víctima
Quizás el aspecto más preocupante de esta controversia sea que la discusión política pueda desplazar la gravedad de lo denunciado. Una joven aseguró haber vivido una situación de peligro dentro de un automóvil, en circunstancias que podrían constituir un delito. Su testimonio merece una investigación rigurosa y un tratamiento respetuoso.
Al mismo tiempo, el conductor señalado tiene derecho a brindar su versión y a que no se lo considere culpable antes de que existan pruebas suficientes.
La Policía cuenta con registros de cámaras de seguridad y otros elementos que serán examinados por la Fiscalía. También serán importantes los datos del viaje conservados por la aplicación, las eventuales pericias y las declaraciones de los involucrados.
El hecho de que el conductor se haya presentado voluntariamente ante las autoridades constituye un dato relevante, pero no demuestra por sí solo ni su inocencia ni la falsedad de la denuncia.
La investigación deberá establecer qué sucedió realmente.
Mientras tanto, el debate deja al descubierto otra cuestión: la desconfianza hacia la política puede alcanzar tal dimensión que una denuncia de extrema gravedad termine interpretándose primero como una operación de poder y recién después como un posible hecho delictivo.
No se trata de exigir que la sociedad crea automáticamente cualquier acusación. El pensamiento crítico resulta indispensable, especialmente cuando existen disputas económicas y políticas alrededor de una noticia. Pero el escepticismo requiere la misma responsabilidad que la denuncia: argumentos, evidencias y prudencia.
También sería un error que las autoridades utilizaran un episodio todavía no esclarecido para presentar como demostrada una relación entre la falta de regulación y un supuesto intento de secuestro.
Tucumán necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido. Y esa verdad no puede depender de la simpatía por Uber, del respaldo a los taxistas ni de la opinión que cada ciudadano tenga sobre Rossana Chahla.
Porque, finalmente, hay dos preguntas diferentes que no deberían confundirse: si las aplicaciones de transporte necesitan mayores controles y si una joven fue víctima de un delito.
La primera corresponde al debate público y a las políticas de transporte. La segunda requiere pruebas y una resolución judicial.
Cuando ambas discusiones se mezclan, se corre el riesgo de convertir a una posible víctima en protagonista involuntaria de una batalla política. Y eso, independientemente de lo que determine la Justicia, debería preocuparnos a todos.
