En tiempos en los que los gobiernos hablan permanentemente de transparencia, modernización del Estado y eficiencia administrativa, Tucumán parece caminar en sentido contrario. La provincia obtuvo apenas 7,80 puntos sobre 10 en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial correspondiente a 2025, elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). El resultado representa una caída frente a los 8,35 puntos alcanzados en 2024 y deja a la administración provincial por debajo del promedio nacional de 8,28 puntos.
Lo más inquietante no es únicamente el puesto 17 que ocupa Tucumán, sino la dirección que está tomando: mientras 15 jurisdicciones consiguieron mejorar sus indicadores, nuestra provincia se ubicó entre las tres que experimentaron los mayores retrocesos. Una situación que debería encender alarmas en el Gobierno de Osvaldo Jaldo, pero también en la Legislatura, los organismos de control y una sociedad que tiene derecho a saber qué sucede con cada peso que ingresa y sale de las arcas públicas.
Una provincia que pierde transparencia mientras otras abren sus cuentas
El informe de CIPPEC, que evalúa la disponibilidad, el detalle y la actualización de la información presupuestaria publicada por los gobiernos provinciales, revela que Tucumán no consiguió mejorar en ninguno de los cuatro aspectos examinados. En el apartado de Presupuesto, la calificación descendió de 2,00 a 1,85 puntos; en Recursos, la caída fue todavía más marcada, de 3,25 a 2,85. Mientras tanto, los indicadores de Ejecución y rendición de cuentas permanecieron estancados en 2,65 puntos y los de Divulgación se mantuvieron en 0,45.
Es decir, la provincia perdió terreno en dos componentes importantes y no consiguió avanzar en los restantes. El contraste con otras jurisdicciones resulta difícil de ignorar: Tierra del Fuego alcanzó la puntuación perfecta de 10, Córdoba obtuvo 9,90 y Entre Ríos y La Pampa llegaron a 9,55 puntos. No se trata, por lo tanto, de estándares imposibles de alcanzar ni de exigencias ajenas a la realidad argentina. Hay provincias que han demostrado que es posible ofrecer información presupuestaria más completa, detallada y accesible.
El dinero es público, pero conocer su destino sigue siendo un desafío
El deterioro de la transparencia presupuestaria debería preocupar especialmente en una provincia donde el Estado tiene una participación decisiva en la actividad económica y donde las decisiones presupuestarias afectan directamente la vida de miles de familias. Cada transferencia de recursos, cada subsidio, cada contratación y cada obra pública involucra dinero que pertenece a los contribuyentes. Y ese dinero debería poder seguirse desde su asignación inicial hasta su destino final. ¿Cuánto recibe efectivamente cada empresa beneficiada con compensaciones estatales? ¿Cómo se distribuyen los fondos entre municipios y comunas rurales? ¿Cuáles son los criterios utilizados para determinar las prioridades de inversión? ¿Qué organismos ejecutan los presupuestos y con qué resultados?
Estas preguntas no implican presumir la existencia de irregularidades, pero sí ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas que permitan controlar las decisiones oficiales sin depender exclusivamente de las explicaciones que el propio Gobierno decida proporcionar.
Hay una diferencia sustancial entre administrar recursos públicos y rendir cuentas sobre esa administración. Los funcionarios pueden exhibir obras, inaugurar edificios, anunciar ayudas económicas o destacar el esfuerzo presupuestario provincial, pero ninguno de esos actos reemplaza la obligación institucional de garantizar el acceso a la información. Tampoco alcanza con que determinados datos estén dispersos entre documentos técnicos difíciles de localizar o interpretar.
La verdadera transparencia exige información accesible, comparable, oportuna y suficientemente desagregada para permitir un control ciudadano efectivo. CIPPEC recomienda, entre otras medidas, fortalecer los presupuestos ciudadanos, ampliar el detalle de los gastos por organismos, programas y territorios, publicar información más completa sobre endeudamiento y compromisos fiscales y mejorar los instrumentos de planificación de mediano plazo. Son herramientas concretas que permiten pasar del discurso de la transparencia a su aplicación efectiva.
¿Falta capacidad para informar o voluntad política para transparentar?
El resultado del informe plantea un cuestionamiento que la administración de Jaldo debería responder públicamente: ¿por qué Tucumán retrocedió cuando la mayoría de las provincias evaluadas consiguió avanzar? La explicación podría encontrarse en problemas administrativos, deficiencias tecnológicas, demoras de publicación o decisiones relacionadas con la gestión de la información. El índice, por sí solo, no permite determinar las causas ni afirmar que exista una intención deliberada de ocultar datos. Tampoco mide directamente hechos de corrupción. Sin embargo, esa precisión metodológica no reduce la responsabilidad política del Gobierno frente al deterioro registrado. Por el contrario, vuelve todavía más necesaria una explicación oficial que identifique las falencias y establezca medidas concretas para corregirlas.
La transparencia tampoco debería ser una preocupación exclusiva del Poder Ejecutivo. La Legislatura, encargada de debatir y aprobar el presupuesto, tiene una responsabilidad institucional en el seguimiento del gasto público. Lo mismo ocurre con los organismos de fiscalización y control, cuya tarea debe contribuir a que la sociedad cuente con información confiable sobre la utilización de los recursos. Cuando los datos son incompletos, difíciles de encontrar o se publican con retraso, se debilitan las posibilidades de fiscalización, se empobrece el debate público y aumenta la distancia entre quienes gobiernan y quienes financian el funcionamiento del Estado. La opacidad no demuestra automáticamente corrupción, pero sí crea condiciones menos favorables para detectar errores, cuestionar decisiones y prevenir eventuales irregularidades.
El informe de CIPPEC deja una advertencia que el Gobierno no debería ignorar: Tucumán está perdiendo transparencia. Y cuando se trata del manejo de los fondos públicos, cada paso hacia la oscuridad representa también un paso atrás en la calidad institucional. Porque un gobierno que administra el dinero de todos tiene la obligación de mostrar sus cuentas con claridad, incluso cuando nadie se lo exige. La pregunta ya no es solamente por qué Tucumán retrocede, sino qué hará el poder político para volver a encender la luz.
