Una vez más, el Gobierno de Tucumán anuncia que profundizará la lucha contra la delincuencia. Una vez más, la Policía promete más efectivos en las calles, mayor presencia en los barrios y controles intensivos contra el narcotráfico. El gobernador Osvaldo Jaldo reunió este viernes a la cúpula de Seguridad y ordenó redoblar los esfuerzos para combatir el delito, una directiva que, lejos de representar una novedad, se parece demasiado a otras impartidas durante su gestión.
El ministro Eugenio Agüero Gamboa confirmó que la instrucción es seguir controlando el territorio, intensificar las investigaciones y mantener a los jefes policiales cerca de los vecinos. Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, anticipó meses de intensa actividad y anunció el despliegue de aproximadamente 2.000 efectivos durante el fin de semana.
El interrogante surge casi inevitablemente: si la presencia policial, la prevención y el combate al narcotráfico ya eran prioridades del Gobierno, ¿por qué resulta necesario anunciar reiteradamente que ahora se trabajará con mayor intensidad?
Las mismas órdenes, los mismos anuncios y las preguntas de siempre
La reiteración no es una percepción aislada. En marzo de 2024, Jaldo ya había reunido a la conducción policial para exigir que se reforzara la seguridad y se redoblaran los esfuerzos preventivos. En octubre de 2025, otra reunión de las autoridades provinciales volvió a poner el acento en la necesidad de incrementar la presencia policial en los barrios.
Durante 2026 también se sucedieron los anuncios de megaoperativos, controles territoriales y despliegues especiales. Ahora, el Gobierno insiste nuevamente sobre los mismos objetivos. Esto no significa necesariamente que la estrategia haya fracasado, pero sí obliga a preguntarse qué cambió entre aquellos anuncios y el actual. ¿Se trata de una intensificación basada en nuevos diagnósticos del delito, de una respuesta a problemas que persisten o simplemente de una política que necesita exhibirse permanentemente para transmitir una imagen de autoridad y control?
El Gobierno tiene argumentos para defender su gestión. Según las estadísticas oficiales difundidas a comienzos de este año, Tucumán registró durante 2025 una reducción del 32% en los homicidios dolosos y una disminución superior al 20% en los delitos contra la propiedad denunciados respecto de 2024. Son indicadores relevantes que impiden afirmar, sin más, que toda la política de seguridad está fallando.
Sin embargo, las estadísticas favorables tampoco deberían cerrar el debate sobre la delincuencia cotidiana, el narcomenudeo, la inseguridad en determinados barrios y la capacidad de respuesta policial. Mucho menos explican por sí solas por qué resulta necesario continuar anunciando refuerzos extraordinarios para tareas que deberían formar parte del funcionamiento habitual de las fuerzas de seguridad.
Más policías en las calles cuando las urnas comienzan a aparecer en el horizonte
Existe, además, un componente político que resulta difícil ignorar. Las elecciones provinciales están oficialmente convocadas para el 9 de mayo de 2027, una fecha que ubica a Tucumán a menos de siete meses de renovar gobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales. En ese contexto, cada decisión gubernamental adquiere inevitablemente una dimensión electoral y la seguridad constituye uno de los asuntos de mayor sensibilidad pública.
Ver patrulleros, efectivos motorizados, controles y operativos en distintos puntos de la provincia puede fortalecer la percepción de que el Estado está presente. La cuestión es determinar si esa exhibición responde exclusivamente a necesidades operativas o si también forma parte de una estrategia política destinada a mostrar resultados y recuperar o consolidar confianza antes de las elecciones. Por ahora, no existen elementos que permitan atribuir una finalidad electoral a las nuevas órdenes de Jaldo, pero la coincidencia temporal merece ser examinada.
El anuncio de los 2.000 policías desplegados durante el fin de semana también requiere una lectura cuidadosa. Parte de ese personal estará destinado a acontecimientos que demandan cobertura especial, como el encuentro entre Atlético Tucumán y Rosario Central, el acto por el 17 de Octubre en el Hipódromo y los festivales de Simoca y Tafí Viejo.
No necesariamente se trata, entonces, de 2.000 efectivos adicionales patrullando los barrios. La distinción es importante porque una cosa es reforzar la seguridad para eventos multitudinarios y otra demostrar que aumentó efectivamente la capacidad preventiva en las zonas donde los vecinos padecen delitos. El número puede resultar impactante en un anuncio oficial, pero su verdadero valor depende de cómo se distribuye el personal, qué tareas realiza y cuáles son los resultados obtenidos.
El narcotráfico, los operativos permanentes y la necesidad de rendir cuentas
En materia de narcotráfico, Agüero Gamboa aseguró que continuará el Operativo Lapacho y que las investigaciones permitieron detectar modificaciones en las rutas utilizadas para transportar drogas. Según el ministro, las organizaciones estarían desviando sus recorridos habituales, lo que exige mayor coordinación con Salta, Jujuy y Santiago del Estero. También mencionó el uso de drones, el trabajo de la Patrulla Rural y la cooperación con la Justicia provincial y federal.
Son acciones necesarias frente a organizaciones criminales que modifican sus métodos para evitar los controles, aunque también generan preguntas sobre la efectividad y el alcance de las estrategias actuales. ¿Cuánto se ha logrado desarticular de las estructuras de distribución? ¿Qué proporción de los procedimientos termina en condenas? ¿Qué cambios concretos se registraron en los barrios afectados por el narcomenudeo? Contabilizar secuestros de drogas y anunciar controles resulta insuficiente para evaluar, por sí solo, el impacto real de una política contra el narcotráfico.
La seguridad no debería depender de los calendarios electorales ni de la necesidad de transmitir tranquilidad mediante conferencias de prensa. Tampoco sería justo desconocer los procedimientos realizados, los delitos prevenidos o las mejoras que reflejan determinados indicadores oficiales. Pero gobernar implica algo más que anunciar refuerzos: exige establecer objetivos, medir resultados, identificar las deficiencias y explicar a la sociedad qué funciona y qué debe corregirse. A menos de siete meses de las elecciones, Jaldo tiene una oportunidad para demostrar que la intensificación policial responde a una planificación sostenida y no a una sucesión de anuncios que se repiten año tras año.
Porque los tucumanos no necesitan más policías únicamente cuando se anuncian grandes operativos o se acercan las elecciones. Necesitan seguridad todos los días. Y después de tantas promesas de profundizar, reforzar y redoblar, la pregunta que merece una respuesta es sencilla: ¿cuándo llegará el momento en que los resultados hablen más fuerte que los anuncios?
