El transporte público de Tucumán vuelve a ocupar un lugar destacado en el Boletín Oficial. Esta vez, el gobernador Osvaldo Jaldo, mediante el Decreto N° 2.392/8, firmado el 30 de septiembre y publicado este viernes 16 de octubre, habilitó una nueva compensación de $5.500 millones destinada a las empresas prestatarias del transporte público provincial y municipal.
Los fondos, correspondientes a octubre de 2026, se canalizarán a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), la entidad que agrupa a las empresas del sector.
La medida delega en la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial la facultad de otorgar la compensación, con recursos del presupuesto provincial.
El argumento oficial vuelve a ser conocido: el incremento de los costos operativos, los repuestos, las reparaciones, los servicios de terceros y los salarios. Una situación que, según el Poder Ejecutivo, exige la intervención estatal para garantizar la continuidad de un servicio esencial.
Sin embargo, detrás de cada nuevo decreto aparece el mismo interrogante: ¿cuánto dinero más deberá aportar el Estado para sostener un sistema que continúa exhibiendo dificultades estructurales?
Una cuenta millonaria que sigue creciendo
La compensación de octubre no es un hecho aislado. El 21 de septiembre, el Boletín Oficial publicó el Decreto N° 2.056/8, mediante el cual el Ejecutivo había habilitado otros $5.500 millones para las empresas de transporte, correspondientes a septiembre.
A esa cifra se sumaron $700 millones adicionales para las prestatarias de jurisdicción provincial, autorizados mediante el Decreto N° 2.316/8 y publicados el 14 de octubre. De esta manera, las compensaciones generales y adicionales autorizadas para septiembre y octubre alcanzan los $11.700 millones.
Y eso no es todo.
El Decreto N° 2.315/8, también publicado el 14 de octubre, contempló una compensación de $1.598 millones correspondiente a agosto, destinada a las empresas por el Programa de Boleto Gratuito de Transporte Público para Jubilados.
Se trata de un concepto diferente, que debe contabilizarse por separado y que evidencia la existencia de distintas vías de financiamiento para el mismo sistema de transporte.
Una aclaración resulta fundamental: los decretos establecen autorizaciones y facultades para otorgar o disponer compensaciones. Su publicación no demuestra, por sí sola, que todos los fondos hayan sido efectivamente transferidos.
Pero las cifras alcanzan para dimensionar el compromiso presupuestario que representa el transporte público para la Provincia.
Una emergencia que lleva ocho años y se extenderá hasta 2028
La fundamentación de las compensaciones se encuentra en el régimen de emergencia del transporte público, establecido originalmente mediante la Ley N° 9.102 de 2018.
Lo que nació como una medida excepcional terminó convirtiéndose en un mecanismo prolongado de asistencia económica.
La Ley N° 9.978 extendió la emergencia hasta el 31 de mayo de 2028. Para entonces, el sistema habrá cumplido una década bajo un régimen extraordinario.
La pregunta es inevitable: ¿puede considerarse excepcional una situación que se prolonga durante diez años?
Las autoridades provinciales sostienen que la asistencia resulta indispensable para mantener el funcionamiento de las empresas, preservar las fuentes laborales y evitar que el costo total de la prestación recaiga sobre los pasajeros.
El argumento tiene fundamentos. El transporte público cumple una función social esencial y su sostenimiento difícilmente pueda evaluarse exclusivamente desde la rentabilidad empresarial.
Sin embargo, la necesidad de subsidiar el servicio no debería impedir la discusión sobre la eficiencia del sistema, los mecanismos de control y los resultados concretos de los recursos invertidos.
En abril, el propio gobernador Jaldo reconoció públicamente las falencias del transporte tucumano y planteó la necesidad de mejorar su calidad, sus frecuencias y las condiciones de las unidades.
Los problemas tampoco resultan ajenos a los usuarios. Un relevamiento de la Subdirección de Transporte Urbano de la Municipalidad capitalina, difundido en agosto, registró 460 reclamos durante los primeros siete meses de 2026, principalmente vinculados con las frecuencias y la conducta de los choferes.
Millones para sostener el servicio, pero ¿quién controla los resultados?
El punto central de la discusión no debería limitarse a determinar si el Estado tiene que subsidiar el transporte. La verdadera cuestión es qué recibe la sociedad a cambio de ese esfuerzo económico.
Los decretos establecen que la distribución de las compensaciones entre las empresas deberá realizarse conforme al mecanismo previsto en la legislación vigente. Sin embargo, los instrumentos analizados no incluyen un detalle individualizado de cuánto recibirá cada prestataria ni indicadores concretos de mejora del servicio asociados a esos montos.
De allí surgen interrogantes que merecen respuestas públicas.
¿Cuánto dinero recibió efectivamente cada empresa durante 2026? ¿Cuántas unidades están funcionando? ¿Qué cantidad de pasajeros transportan? ¿Se cumplen las frecuencias y los recorridos comprometidos? ¿Qué controles realiza el Estado y qué consecuencias enfrentan las empresas que incumplen?
También corresponde conocer cuánto representa el conjunto de subsidios provinciales, compensaciones municipales y programas de gratuidad en el financiamiento total del sistema.
La continuidad del transporte público es una responsabilidad compartida entre el Estado y las empresas concesionarias. Pero la transparencia sobre el destino de los fondos públicos también debería formar parte de esa obligación.
Los tucumanos sostienen el transporte de dos maneras: mediante los impuestos que financian las compensaciones y, cuando corresponde, a través del boleto que pagan para viajar.
Mientras tanto, el debate sobre una transformación estructural del sistema sigue abierto.
No se trata de desconocer los costos empresariales, la situación de los trabajadores ni la importancia social del transporte. Se trata de exigir que cada peso destinado a sostenerlo tenga una contrapartida verificable en calidad, seguridad, regularidad y eficiencia.
Porque después de ocho años de emergencia, miles de millones en compensaciones y reiteradas discusiones sobre tarifas y costos, la pregunta ya no es solamente cuánto dinero necesita el transporte tucumano para sobrevivir.
La pregunta es cuánto tiempo más deberán financiar los tucumanos un sistema que todavía no consigue resolver sus problemas de fondo.
