Una mujer murió, otra resultó herida y seis personas fueron detenidas después de un enfrentamiento a tiros entre dos grupos familiares en Barrancas del Salí. Pero detrás de la violencia de este domingo aparece una pregunta más profunda: ¿cómo pueden bandas conocidas, con integrantes con antecedentes y conflictos de larga data, llegar a enfrentarse a balazos en plena calle antes de que el Estado consiga desarticularlas?
Isidora Isolina Décima, de 51 años, quedó atrapada en una disputa que no era suya. Había salido a la vereda cuando parecía que la balacera había terminado. En ese momento volvieron los disparos. Uno de ellos la alcanzó en el abdomen. Fue trasladada al Centro de Salud, donde murió mientras los médicos intentaban salvarle la vida.
Fabiana Isabel Páez, de 48 años, también recibió un disparo en una pierna. El episodio enfrentó a integrantes de las familias Guzmán y Navarro, mientras decenas de vecinos tuvieron que encerrarse en sus viviendas para protegerse.
Un conflicto que los vecinos aseguran que no comenzó ayer
El dato que transforma el episodio en algo más que un enfrentamiento circunstancial surge de los propios testimonios recogidos en el barrio.
Los vecinos describieron una disputa de larga data entre los grupos. Hablaron de personas armadas, peleas recurrentes y sospechas de actividades vinculadas con robos y venta de drogas. Algunos admitieron incluso que preferían no identificarse por temor a represalias.
No se trataría, entonces, de desconocidos que repentinamente resolvieron sus diferencias a los tiros.
El propio jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, reconoció después del crimen que integrantes de ambos grupos poseen antecedentes y anunció que la fuerza investigará para intentar desarticularlos.
Ese reconocimiento instala inevitablemente un interrogante: si existían antecedentes, enfrentamientos previos y temor entre los habitantes del barrio, ¿por qué fue necesaria una víctima fatal para avanzar sobre las estructuras que ahora se promete desarticular?
La discusión excede este episodio. Uno de los principales desafíos de la política de seguridad tucumana sigue siendo detectar y neutralizar estos grupos antes de que sus disputas territoriales terminen convirtiendo a los vecinos en víctimas.
Operativos, estadísticas y una realidad que persiste en algunos barrios
El Gobierno provincial sostiene que los indicadores generales de seguridad han mostrado mejoras. El gobernador Osvaldo Jaldo destacó meses atrás una disminución de delitos y homicidios durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2025.
También se anunciaron reiteradamente operativos preventivos en distintos puntos de la provincia.
La Unidad Regional Este, precisamente la jurisdicción que comprende una importante zona del este tucumano, desplegó durante agosto y septiembre dispositivos con móviles y efectivos destinados a reforzar la presencia policial y prevenir delitos.
Esos antecedentes muestran que existe actividad policial y que se han conseguido resultados en investigaciones contra distintas organizaciones criminales.
Pero el caso de Barrancas del Salí señala otra dimensión del problema.
Las estadísticas provinciales pueden mostrar una reducción general del delito y, al mismo tiempo, determinados barrios pueden continuar bajo la influencia de pequeños grupos violentos capaces de disputar territorio, circular armados y condicionar la vida cotidiana de los vecinos.
Es precisamente allí donde se mide otra parte de la eficacia de una política de seguridad: no solamente en cuántos sospechosos se detienen después de un homicidio, sino en la capacidad de impedir que organizaciones conocidas acumulen suficiente poder como para protagonizar una balacera en medio de una zona residencial.
Seis detenidos después de una muerte
La reacción policial posterior fue rápida. Personal de Investigaciones desplegó un operativo y detuvo inicialmente a cuatro personas. Luego fueron capturados otros dos sospechosos cuando intentaban retirarse del lugar en un vehículo de una aplicación. Uno de ellos estaba armado.
En total quedaron seis personas detenidas.
Ese despliegue demuestra capacidad de reacción frente a un hecho consumado. El problema planteado por el caso es otro: la capacidad preventiva.
Porque cuando una mujer que simplemente salió a la puerta de su casa termina asesinada en medio de una disputa entre grupos cuyos integrantes ya tenían antecedentes, la cuestión no puede reducirse exclusivamente a resolver judicialmente el homicidio.
También obliga a preguntarse qué información tenían previamente las fuerzas de seguridad, qué seguimiento existía sobre esas personas, qué denuncias habían realizado los vecinos y qué mecanismos se activaron —o no— antes de que la violencia escalara.
Girvau aseguró que ahora se buscará desarticular completamente a los dos grupos.
Para los habitantes de Barrancas del Salí, esa intervención llega después de años de miedo denunciados por los propios vecinos y, sobre todo, después de una muerte.
El desafío para el Gobierno provincial no es únicamente exhibir operativos y detenciones después de cada episodio violento. Es conseguir que el Estado llegue antes.
Porque cuando las bandas ocupan la calle y los vecinos tienen que encerrarse en sus casas para sobrevivir a los disparos, la inseguridad deja de ser solamente una estadística: se convierte en una disputa concreta por el control del territorio.
