La Justicia provincial resolvió este lunes 23 de febrero de 2026 otorgarle una suspensión de juicio a prueba (probation) por un año al empresario agrícola Juan Zamora (74), imputado por robo simple en concurso ideal con entorpecimiento de la provisión de agua. Con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal, se aceptó la salida alternativa solicitada por la defensa: si el acusado cumple las reglas de conducta fijadas durante el período, la acción penal quedará extinguida al finalizar el plazo.
En otras palabras: no habrá debate oral ni sentencia, siempre y cuando el empresario respete las condiciones impuestas. La definición, de alto impacto público por lo que significó el desabastecimiento en la Ciudad Jardín, deja una sensación incómoda: para el expediente, el conflicto se encamina a cerrarse; para los barrios afectados, el daño cotidiano ya ocurrió y no se borra con un trámite.
La “reparación”: dinero, donaciones y ningún resarcimiento directo a los afectados
El corazón del acuerdo es económico. La defensa ofreció una reparación de $250.000.000 a favor de Cáritas Tucumán, además de donaciones puntuales: pintura para una escuela pública y una puerta para una parroquia, ambas instituciones ubicadas en La Calera (Juan Bautista Alberdi). También se comprometió la entrega de una motobomba para ser destinada a una institución de bien público a través del área reparatoria del MPF.
El fiscal Diego López Ávila defendió el criterio restaurativo: sostuvo que el instituto prioriza el daño y la paz social y remarcó el componente comunitario y económico de las reglas impuestas. Pero el contraste es evidente: la compensación no va a los vecinos que se quedaron sin agua, ni se traduce automáticamente en obras para el sistema de provisión de Yerba Buena. El mensaje que queda flotando es el más irritante para quien padeció el problema en su casa: “pagó y acá no pasó nada”.
Vecinos con canillas secas: una historia larga que terminó en “salida alternativa”
El caso explotó por los reclamos. El 24 de septiembre de 2024, tras numerosas quejas por falta de agua en la zona oeste de Yerba Buena, personal de la SAT detectó una conexión clandestina que desviaba caudal hacia una laguna artificial. Días después se describieron las zonas más golpeadas: El Corte, Horco Molle y el sector comprendido desde avenida Aconquija hacia el sur, entre otros puntos, con la cisterna de Lomas de Imbaud prácticamente vacía.
La acusación que se ventiló en el proceso fue más amplia: se habló de una infraestructura hidráulica clandestina ejecutada durante un período prolongado (mencionado entre febrero de 2022 y mayo de 2023), con perforaciones y derivaciones desde un caño maestro vinculado al abastecimiento. Incluso existían antecedentes: guardaparques de la UNT habían detectado y denunciado en mayo de 2023 una “pinchadura” al sistema de conducción desde la toma Piedras hacia Lomas de Imbaud, señalando que la conexión aparentaba tener varios años y que alimentaba un reservorio de grandes dimensiones.
En ese contexto, la probation se lee en la calle como un cierre “prolijo” para los papeles, pero difícil de digerir para los que atravesaron cortes, baja presión y días —o semanas— de incertidumbre. La pregunta que vuelve, con bronca vecinal, es simple: ¿alcanza con pagar para que el expediente se apague, después de tanto perjuicio?
