El debate por los límites de la libertad de expresión en Tucumán sumó un nuevo capítulo, y con una cuota evidente de contradicción política. Después de que el peronismo quedara en el centro de la polémica por impulsar una “medida cautelar digital urgentísima” para bajar contenidos en redes, ahora fue la oposición la que presentó un proyecto para que la Provincia intervenga de manera rápida frente a deepfakes y piezas sintéticas generadas con inteligencia artificial.
La diferencia formal existe, pero el fondo del asunto vuelve a tensionar el mismo nervio: hasta dónde puede avanzar el Estado sobre el ecosistema digital sin entrar en una zona de censura o control indebido. La novedad es que esta vez la iniciativa no viene del oficialismo, sino de un sector opositor que semanas atrás se mostraba especialmente sensible frente a cualquier intento de regulación.
Un proyecto que busca velocidad frente al daño digital
La iniciativa fue presentada por Raquel Nievas, con el acompañamiento de Agustín Romano Norri y Claudio Viña, y lleva por nombre “Ley de Protección de la Identidad frente a Manipulación Digital”. Según el texto difundido, el objetivo es crear un procedimiento administrativo rápido para actuar cuando una persona vea afectada su imagen, su voz o su identidad mediante contenidos producidos o alterados con inteligencia artificial.
El punto central del proyecto es la idea de celeridad. Los autores parten de una premisa que ya había aparecido en la discusión impulsada por el peronismo: cuando el daño se viraliza en minutos, la respuesta judicial tradicional suele llegar tarde. Bajo esa lógica, la oposición propone una herramienta que le permita a la Provincia intervenir con mayor rapidez ante deepfakes o contenidos sintéticos que lesionen derechos personalísimos.
La propuesta define de manera técnica qué debe entenderse por “contenido sintético o deepfake” y coloca bajo protección bienes como la identidad personal, la imagen, la voz, la reputación y la dignidad. En esa arquitectura jurídica hay un intento de apoyarse en normas ya vigentes, como el derecho a la imagen y a la voz reconocido por el Código Civil y Comercial. Pero al mismo tiempo se abre una discusión más delicada: una cosa es proteger derechos individuales y otra muy distinta es habilitar un mecanismo estatal para actuar sobre contenidos en circulación.
Del “modelo chino” al poder de policía provincial
Ahí aparece la mayor paradoja política del episodio. Semanas antes, el proyecto del legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse había desatado una tormenta. Su idea de una “medida cautelar digital urgentísima”, con posibilidad de ordenar la eliminación o bloqueo de contenidos en pocas horas, fue leída por sectores libertarios como un intento de amordazar voces críticas. El diputado nacional Gerardo Huesen llegó a compararla con un esquema de censura de estilo chino.
Ahora bien, la nueva iniciativa opositora no replica exactamente aquella redacción, pero sí comparte la lógica de fondo: la necesidad de un canal rápido para intervenir cuando un contenido digital genera un daño que se multiplica antes de que llegue una sentencia. Es decir, la oposición cambia el objeto, pone el foco en la inteligencia artificial y suma resguardos discursivos sobre libertad de expresión, pero vuelve a entrar en el terreno de la intervención estatal.
El dato más sensible del texto está en la base jurídica elegida. El proyecto sostiene que la Provincia puede actuar “en ejercicio del poder de policía” para proteger derechos de las personas dentro de su territorio. Esa fórmula no es menor. Traducida en términos políticos, significa que el Estado provincial se arrogaría facultades para requerir información, pedir aclaraciones, notificar a proveedores de servicios digitales, impulsar medidas cautelares y hasta aplicar sanciones.
En otras palabras, el debate dejó de ser solamente moral o tecnológico. Ahora es también institucional. La pregunta ya no es sólo cómo frenar una falsificación digital, sino quién puede hacerlo, con qué límites y bajo qué controles.
Garantías escritas, pero una polémica abierta
Consciente del ruido que había generado la avanzada del peronismo, la oposición incorporó una cláusula de resguardo. El proyecto aclara que no puede interpretarse como una herramienta de censura previa ni como una restricción indebida a la libertad de expresión, la prensa, la crítica política, la sátira o las manifestaciones artísticas. Esa salvedad busca evitar que la iniciativa nazca políticamente herida.
Sin embargo, la inclusión de ese “candado” no clausura la discusión. De hecho, la reactiva. Porque aun con garantías escritas, el punto conflictivo sigue siendo el mismo: quién decide si una pieza es una manipulación ilegítima, con qué criterios se diferencia una falsificación dañosa de una sátira o una crítica, y qué margen real tendría la autoridad de aplicación, que además sería definida por el Poder Ejecutivo.
En el trasfondo también asoma un cambio de clima político. El gobernador Osvaldo Jaldo ya había condenado semanas atrás los ataques infundados y el desprestigio digital, dejando en claro que el oficialismo observa con preocupación la circulación de contenidos en redes. En ese marco, el proyecto opositor no sólo se presenta como una respuesta a los riesgos de la IA. También puede leerse como una señal de época: frente al crecimiento de las campañas sucias digitales, nadie quiere quedar desarmado.
Así, Tucumán vuelve a meterse en una discusión de frontera, donde se cruzan libertad de expresión, reputación, tecnología y poder estatal. Y la paradoja queda servida: después de denunciar una avanzada oficialista sobre las redes, una parte de la oposición terminó proponiendo su propia versión de intervención rápida. Más acotada, más técnica y con otro lenguaje, pero asentada sobre una intuición parecida: cuando el daño digital explota, la política quiere herramientas para reaccionar antes de que sea demasiado tarde.
