La política tributaria de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, conducida por Rossana Chahla, sumó un nuevo y fuerte cuestionamiento. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) salió públicamente a rechazar la aplicación del Tributo Económico Municipal (TEM) y acusó a la administración capitalina de impulsar una “insólita pretensión recaudatoria” que, según advirtió, terminará repercutiendo directamente en el precio de los medicamentos que pagan los tucumanos.
La entidad difundió una dura solicitada bajo el título “Basta de impuestos distorsivos e inconstitucionales”, en la que cuestionó que el Municipio pretenda cobrar el gravamen incluso a empresas que no poseen presencia física en San Miguel de Tucumán.
El planteo vuelve a colocar bajo la lupa la estrategia fiscal de la gestión Chahla y su decisión de sostener y ampliar el alcance de los recursos propios del Municipio. Para los laboratorios, esa búsqueda de recaudación atravesó un límite: consideran que se intenta cobrar a compañías por el solo hecho de desarrollar actividad económica en la Capital, aunque no tengan allí locales, oficinas ni empleados.
“Insólita pretensión recaudatoria”: la durísima acusación de los laboratorios
CILFA rechazó “enfáticamente” el TEM y apuntó directamente contra la Municipalidad capitalina.
Según explicó la cámara empresaria, el tributo grava las ventas y funciona, en los hechos, de manera similar a un impuesto sobre los Ingresos Brutos a nivel municipal. A partir de esa interpretación, sostuvo que el esquema sería contrario a la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
La entidad también cuestionó que el tributo alcance a empresas sin establecimiento físico dentro de San Miguel de Tucumán. Ese punto es uno de los ejes centrales de la pelea: el Municipio busca cobrar por la actividad económica desarrollada en su jurisdicción, mientras los laboratorios consideran que no existe sustento para exigirles el pago en esas condiciones.
Pero el cuestionamiento más fuerte llegó por el impacto que tendría la decisión sobre los consumidores.
La cámara aseguró que la presión tributaria municipal terminará trasladándose al valor de los medicamentos y reclamó a las autoridades que revisen la medida para evitar mayores costos a los tucumanos.
Así, lo que comenzó como una disputa impositiva entre empresas y el Municipio amenaza con tener una consecuencia mucho más sensible: el precio que los vecinos deberán afrontar en las farmacias.
Chahla sostiene el TEM y el Municipio profundiza la búsqueda de recursos
La discusión no aparece aislada. Desde que asumió la Intendencia, Chahla defendió públicamente la necesidad de mantener los tributos municipales como una herramienta para financiar los servicios de la Capital.
Ante anteriores pedidos para reducir la presión impositiva, la intendenta ya había advertido que no estaba dispuesta a resignar recursos si eso significaba afectar prestaciones municipales como el alumbrado, la semaforización o el mantenimiento de las calles.
El TEM ocupa un lugar importante dentro de ese esquema. La Dirección de Ingresos Municipales mantiene mecanismos de categorización, declaraciones juradas y determinación de obligaciones para garantizar su percepción.
La ofensiva recaudatoria también quedó reflejada recientemente en el conflicto con Laboratorios Elea Phoenix. En julio, mediante un decreto firmado por Chahla, la Municipalidad confirmó un cargo tributario por más de $347 millones, más intereses, por obligaciones vinculadas al TEM correspondientes a períodos comprendidos entre 2021 y 2025.
Aunque parte de esa deuda corresponde a años anteriores a la actual administración, fue la gestión Chahla la que confirmó el reclamo mediante decreto y mantuvo la exigencia tributaria.
Ahora, la reacción conjunta de la industria farmacéutica eleva el conflicto a otro nivel. Ya no se trata de una empresa discutiendo una determinación particular, sino de una cámara nacional cuestionando abiertamente el criterio que aplica el Municipio tucumano.
El antecedente judicial que pone más presión sobre el Municipio
Los laboratorios también apelaron a un antecedente judicial que consideran favorable a su posición: la causa iniciada por Refinería del Norte contra la Municipalidad de Banda del Río Salí por el cobro de su propio Tributo Económico Municipal.
En junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Justicia tucumana que había rechazado el planteo de la empresa y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, al considerar que la resolución provincial presentaba defectos de fundamentación.
Ese antecedente es utilizado ahora por CILFA para cuestionar el esquema de San Miguel de Tucumán, aunque la resolución del máximo tribunal nacional no significó, por sí sola, una declaración general de inconstitucionalidad de todo TEM municipal.
La pelea, entonces, promete continuar tanto en el terreno político como en el judicial.
Mientras Chahla busca garantizar recursos para sostener el funcionamiento y las obras de la Capital, comienzan a multiplicarse las voces del sector privado que cuestionan hasta dónde puede extenderse esa capacidad recaudatoria.
Esta vez, el mensaje de los laboratorios fue particularmente contundente: consideran que el Municipio está intentando cobrar un impuesto que no corresponde y advierten que la factura final puede terminar pagándola el vecino cada vez que compre un medicamento.
