Una frase pronunciada en plena sesión de la Legislatura tucumana abrió una puerta mucho más grave que la pelea entre dos parlamentarios. Tomás Cobos aseguró que dirigentes opositores que cuestionan al Gobierno son después “los primeros” en pasar por la Presidencia de la Cámara o por la Casa de Gobierno “a pedir bolsos”.
No fue una versión lanzada desde el anonimato ni un comentario realizado fuera de micrófono. Lo dijo un legislador oficialista, dentro del recinto y durante una sesión pública.
Sin embargo, varios días después, el principal efecto institucional del episodio parece encaminarse hacia otro lado: Ricardo Bussi presentó una cuestión de privilegio y pidió que Cobos sea sancionado por el enfrentamiento que mantuvieron y por haberlo invitado a salir del recinto.
La discusión sobre los modales, las amenazas, el “vamos afuera” y las posibles sanciones parlamentarias es válida. Pero existe una pregunta mucho más importante que todavía espera respuesta: ¿qué quiso decir Cobos cuando habló de dirigentes que pasan por oficinas oficiales “a pedir bolsos”?
Porque si aquello fue simplemente una acusación sin fundamento, corresponde que lo explique. Pero si conoce hechos concretos, nombres, entregas de dinero o algún mecanismo irregular, la cuestión difícilmente pueda resolverse con una sanción interna de la Legislatura.
Ahí debería comenzar otra discusión. Y ya no es política: es judicial.
Una frase que excede ampliamente una pelea entre legisladores
El cruce comenzó el 26 de agosto mientras la Cámara trataba el decreto que ratificó la designación de Eduardo Cobos, padre de Tomás Cobos, como interventor del Ersept.
Bussi cuestionó la trayectoria del ex defensor del Pueblo y denunció que elementos de la Defensoría habrían sido utilizados para favorecer electoralmente a su hijo.
Cobos reaccionó defendiendo a su padre y cuestionando a sectores opositores. Fue entonces cuando lanzó la referencia a los “bolsos” que supuestamente algunos dirigentes pedirían tanto en la Presidencia de la Legislatura como en la Casa de Gobierno.
Después llegó la pelea.
Bussi sostuvo que Cobos merecía un “chirlo” institucional por realizar semejante acusación. Más tarde, Cobos se levantó de su banca, cruzó el pasillo y lo invitó a salir del recinto. Bussi denunció inmediatamente que estaba siendo amenazado.
Ese enfrentamiento terminó concentrando buena parte de la atención.
Ahora Bussi reclama sanciones y sostiene que el comportamiento de Cobos afectó el orden y la dignidad de la Cámara. La Legislatura deberá determinar si corresponde aplicarle algún correctivo.
Pero aun cuando decidiera sancionarlo, quedaría intacta la cuestión principal.
¿Qué había dentro de aquella afirmación sobre los “bolsos”?
Una sanción puede resolver una inconducta parlamentaria. No puede determinar si existe o no un sistema irregular de entrega de dinero.
La Legislatura puede sancionarlo, pero eso no esclarece qué quiso denunciar
El vicegobernador Miguel Acevedo rechazó de manera categórica que durante su gestión se hayan producido situaciones de ese tipo. Aseguró que nadie retiró “nada de eso” de la Presidencia de la Cámara.
El gobernador Osvaldo Jaldo, por su parte, explicó que se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el episodio y evitó profundizar sobre la cuestión. Pero hubo dirigentes que colocaron el debate en otro plano. El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano, sostuvo que cuando alguien presume la existencia de un delito debe acudir a la Justicia.
Agustín Romano Norri fue todavía más directo al señalar que, ante semejante afirmación, un fiscal debería interesarse en conocer qué ocurrió. También desde La Libertad Avanza plantearon que, si Cobos tiene información sobre un posible delito, debería denunciarlo y que el Ministerio Público Fiscal podría analizar la posibilidad de intervenir de oficio.
La pregunta, entonces, ya no puede reducirse a si Cobos se excedió verbalmente.
Si un legislador asegura públicamente que dirigentes pasan por dos de los principales centros de poder político de Tucumán a buscar “bolsos”, existen solamente algunas posibilidades.
Puede haber hablado sin pruebas durante una discusión política. Puede haber repetido versiones que circulan en el ambiente. O puede tener conocimiento de hechos concretos.
Cualquiera de esas alternativas merece una explicación.
Especialmente la última.
Porque una eventual sanción legislativa contra Cobos tendría como objetivo evaluar su comportamiento dentro del recinto. No investigar el contenido de lo que dijo.
Y son dos cosas completamente distintas.
¿Y la Justicia? Una denuncia de esta gravedad no debería terminar solamente en un expediente interno
Hasta este martes 1 de septiembre no trascendió públicamente la apertura de una investigación judicial por los dichos sobre los supuestos “bolsos”.
Ese silencio contrasta con la gravedad potencial de la afirmación.
El Código Procesal Penal de Tucumán establece que corresponde al Ministerio Público Fiscal ejercer la acción penal pública y que los fiscales deben iniciarla de oficio en los casos en que corresponda.
Eso no significa que cada frase pronunciada durante una pelea política constituya automáticamente un delito ni que una acusación pública pruebe la existencia de corrupción.
Significa algo más sencillo: cuando aparece información que podría revelar una conducta delictiva, el sistema judicial tiene herramientas para determinar si existe algo que investigar o si se trató solamente de una acusación vacía.
Cobos podría ser citado para explicar a quiénes se refería. Podría precisar qué entiende por “bolsos”, quiénes los habrían pedido, dónde, cuándo y qué elementos posee para sostener semejante afirmación.
Después, con esas respuestas, un fiscal podría establecer si existe materia para avanzar o si no hay ningún elemento que justifique una investigación.
Lo que resulta difícil de explicar es que una afirmación de esa magnitud quede únicamente atrapada dentro de una disputa parlamentaria.
Porque entonces el mensaje hacia afuera sería peligroso: un legislador puede hablar de supuestos “bolsos” que circulan entre dirigentes, la Presidencia de la Legislatura y la Casa de Gobierno; después puede haber un escándalo, una cuestión de privilegio, quizás una sanción y finalmente todo continuar como antes.
La Legislatura tiene derecho a discutir si Cobos violó sus reglas de convivencia.
Pero Tucumán necesita saber algo bastante más importante: si esos “bolsos” existen o no.
Si fue una acusación falsa, también debe quedar claro.
Y si no lo fue, la discusión ya no debería resolverse entre legisladores.
Debería hacerlo la Justicia.
De lo contrario, otra vez quedará instalada una sensación demasiado conocida: se denuncia, se discute, se arma un escándalo durante algunos días y después todo pasa.
