Isaías Rubén Delgado y Juan Manuel “Cucú” Carabajal fueron trasladados al penal de Benjamín Paz acusados de participar en el crimen de Kevin Samuel Rueda, el cadete de Policía de 21 años asesinado para robarle la motocicleta. La medida llegó después del homicidio. Antes de ese episodio, ambos habían pasado reiteradamente por el sistema judicial y, pese a la gravedad de algunos de sus antecedentes y procesos pendientes, estaban en libertad.
El dato abre una pregunta inevitable: ¿Kevin podría estar vivo si las causas anteriores se hubieran resuelto a tiempo o si alguno de los acusados hubiera permanecido detenido?
No existe manera de responder con certeza a una pregunta contrafáctica. Tampoco tener antecedentes o encontrarse imputado en una causa significa automáticamente que una persona deba permanecer presa. Sin embargo, la sucesión de expedientes, condenas y procesos sin resolución definitiva obliga a revisar qué ocurrió dentro del sistema judicial tucumano y por qué dos personas con semejante historial podían encontrarse nuevamente en la calle.
Ahora, después de la muerte del joven policía, la Justicia sí consideró que existían motivos suficientes para imponerles seis meses de prisión preventiva.
Delgado esperaba un juicio por otro homicidio
El caso más significativo es el de Isaías Delgado. Según los antecedentes incorporados en la causa, acumuló durante años expedientes vinculados con robos, portación de armas, resistencia a la autoridad y violencia de género.
Pero había un antecedente todavía más grave: se encontraba acusado por el homicidio de Héctor Jesús Ledesma, ocurrido durante un asalto en el barrio 11 de Marzo en mayo de 2020.
Ese expediente había avanzado hacia el juicio, pero seis años después del hecho todavía no existía una resolución definitiva. Delgado permanecía en libertad mientras esperaba ser juzgado.
También había recibido en junio de 2024 una condena condicional por amenazas y lesiones leves y registraba otra causa elevada a juicio por un robo.
Por eso, la discusión excede el prontuario. La pregunta central es cuánto demoró el Estado en resolver las causas que ya estaban en condiciones de avanzar y qué controles existieron sobre una persona que seguía acumulando conflictos penales.
Si el juicio por el homicidio de 2020 se hubiera realizado antes y Delgado hubiese sido condenado a prisión efectiva, naturalmente no habría estado en la calle durante la madrugada en la que mataron a Kevin. Pero ese escenario nunca ocurrió: el proceso permaneció pendiente y el acusado siguió libre.
Carabajal había sido condenado apenas tres meses antes
La situación de Juan Manuel “Cucú” Carabajal también pone bajo la lupa las decisiones judiciales anteriores.
En mayo de este año había sido condenado a tres años de ejecución condicional por un robo agravado. Es decir, recibió una pena que no implicaba permanecer dentro de una cárcel.
Además, registraba antecedentes por episodios de resistencia y agresiones contra efectivos policiales. Incluso se informó que habría tenido un nuevo conflicto con la ley mientras todavía se encontraba cumpliendo las condiciones impuestas por aquella condena, sin que eso derivara en su encarcelamiento.
Carabajal también había aparecido mencionado años atrás en la investigación por el homicidio de Ezequiel Rodríguez, cometido en mayo de 2020. En aquel expediente había sido detenido junto con su padre luego de un importante operativo policial. Sin embargo, no trascendió con claridad cuál fue el desenlace definitivo de su situación procesal.
El contraste resulta difícil de ignorar: en mayo recibió una condena condicional y permaneció en libertad; tres meses después fue nuevamente detenido, esta vez acusado de participar en un asalto que terminó con un joven de 21 años muerto de un disparo.
La pregunta que ahora debe responder la Justicia
La responsabilidad por el homicidio de Kevin Rueda deberá determinarse en un juicio y corresponde respetar la presunción de inocencia de los acusados hasta que exista una sentencia firme.
Pero existe otra responsabilidad que merece ser analizada: la institucional.
La Justicia no está integrada solamente por los jueces. También intervienen fiscales, tribunales, oficinas encargadas de impulsar las causas y distintos actores responsables de que los procesos lleguen a una resolución en tiempos razonables. Una prisión preventiva, además, no puede convertirse en una condena anticipada y debe estar fundada en riesgos concretos.
El problema aparece cuando pasan los años y los expedientes no llegan a juicio. Delgado estaba acusado desde 2020 por un homicidio y todavía esperaba el debate. Carabajal había recibido pocos meses atrás una condena en suspenso por un robo agravado. Ambos estaban libres.
Después del crimen de Kevin, el fiscal Carlos Sale enumeró esos antecedentes para fundamentar el pedido de prisión preventiva. El juez Augusto Paz Almonacid aceptó el planteo y ordenó que permanezcan detenidos durante seis meses. Finalmente fueron trasladados al penal de Benjamín Paz.
La decisión busca evitar ahora riesgos de fuga, entorpecimiento de la investigación y la comisión de nuevos hechos. Pero llega después de una muerte.
Por eso, el asesinato de Kevin Rueda no deja solamente una investigación sobre quién disparó y quién participó del robo. También deja una pregunta incómoda para el Poder Judicial tucumano: ¿se hizo todo lo que correspondía cuando estos acusados ya estaban dentro del sistema?
No puede asegurarse que una decisión judicial diferente hubiera salvado la vida de Kevin. Lo que sí puede preguntarse es por qué procesos por delitos graves demoraron años, por qué condenas y nuevas causas no derivaron en medidas más severas y si existieron oportunidades concretas para impedir que personas con semejante recorrido judicial volvieran a quedar en condiciones de cometer otro delito.
Responder esos interrogantes también forma parte de esclarecer lo que ocurrió.
