La polémica por la limpieza y el vaciamiento del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán dejó de ser un conflicto interno del fuero federal local y llegó al Consejo de la Magistratura de la Nación. La legisladora provincial Silvia Elías de Pérez pidió que se analicen los hechos denunciados en torno al retiro y eventual destrucción de secuestros judiciales, documentación y elementos probatorios vinculados a causas penales.
La presentación fue dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. En el escrito, la legisladora advirtió que el episodio podría revestir una gravedad institucional que excede el ámbito local y compromete la confianza pública en la administración de justicia.
El pedido se apoya en una serie de publicaciones periodísticas que expusieron la crisis abierta en el Tribunal Oral Federal tucumano tras el operativo realizado a comienzos de mayo en el edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.
Las dudas sobre el destino de las pruebas
Según reconstruyó la presentación, el operativo fue dispuesto por la jueza subrogante cordobesa Cristina Giordano y tuvo como objetivo limpiar y vaciar los subsuelos del edificio judicial. Durante esas jornadas, camiones de Gendarmería Nacional retiraron una gran cantidad de materiales acumulados durante décadas.
Entre los elementos trasladados habría habido armas, muestras de drogas, dinero, muebles, computadoras, documentación y secuestros judiciales correspondientes a distintas causas federales. Lo que en un principio fue presentado como una tarea de saneamiento y reorganización interna derivó luego en una controversia judicial de fuerte impacto.
Primero, el Ministerio Público Fiscal pidió explicaciones sobre el destino de los elementos retirados y reclamó información acerca de los criterios utilizados para su destrucción o descarte. Más tarde, el secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal en la que cuestionó el procedimiento y advirtió que podrían haberse destruido o retirado pruebas vinculadas a causas todavía en trámite.
Uno de los episodios señalados en el planteo fue la desaparición de 58 comprimidos de alprazolam secuestrados en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. Esa situación obligó al representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, a desistir de sostener la acusación durante un juicio oral, al no contar con la evidencia material necesaria para respaldar la imputación.
Cambios en el tribunal y pedido de control institucional
La presentación ante el Consejo de la Magistratura se produce en medio de cambios sensibles dentro del propio Tribunal Oral Federal. En las últimas semanas, Ana Carina Farías dejó de ejercer la subrogancia que mantenía en el cuerpo tras alcanzar el plazo máximo previsto para ese tipo de designaciones. En su lugar asumió la jueza federal Marta Liliana Snopek, magistrada con trayectoria en el Tribunal Oral Federal de Salta.
La llegada de Snopek se da en uno de los momentos más delicados para el tribunal tucumano. A la denuncia penal y a los pedidos de informes de la fiscalía se suman discusiones internas sobre la custodia de elementos secuestrados y una crisis edilicia que ya había obligado al cierre temporario de una sede judicial por riesgos de electrocución e incendio.
En su planteo, Elías de Pérez recordó que el Consejo de la Magistratura tiene competencia constitucional para ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados federales y, eventualmente, impulsar procedimientos de remoción. Por eso pidió que los antecedentes sean evaluados con rigurosidad.
Con la intervención del organismo nacional, el caso adquiere una nueva dimensión institucional. La pregunta que sigue abierta es qué ocurrió con todo el material retirado del subsuelo del TOF y si alguna prueba judicial desapareció definitivamente durante aquel operativo.
