El gobernador Osvaldo Jaldo eligió la cautela frente a la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros. “Creo que no hay que prejuzgar. Sí me parece que todos somos iguales ante la ley”, sostuvo el mandatario, luego de ser consultado por la presentación judicial impulsada por dirigentes de la oposición.
La acusación apunta a la presunta compra de dos terrenos en el country Las Yungas, en Yerba Buena. Según la denuncia, Graneros habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 por una suma superior a U$S 1.000.000, con dinero en efectivo. Los denunciantes remarcaron que la funcionaria, de 29 años, no registraría otro antecedente laboral que no sea su condición de intendenta al momento de la operación.
El escrito fue presentado por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el ex candidato a intendente de Alberdi Luis Augier. Además, se pidió que se investigue el origen de los fondos y que se cite como testigo al secretario de Hacienda municipal, Ariel Mendelek, señalado por los denunciantes como la persona que habría trasladado parte del dinero en efectivo para concretar la operación inmobiliaria.
Otro dato incorporado a la denuncia es la liquidación de expensas del barrio cerrado: por los lotes atribuidos a Graneros se deberían pagar $570.090 y $566.690 mensuales, respectivamente. Los denunciantes también afirmaron que ambos terrenos habrían sido unificados para la construcción de una vivienda.
La vara de Tafí del Valle: cuando Jaldo sí habló antes que la Justicia
El pedido de “no prejuzgar” contrasta con otros episodios en los que Jaldo utilizó un tono mucho más categórico antes de que avanzaran las definiciones judiciales. El caso más evidente fue el ataque ocurrido en Tafí del Valle contra Patricio Ledezma, un joven de 19 años agredido a la salida de un boliche.
En aquella oportunidad, el gobernador no se limitó a pedir que actuara la Justicia. Habló de un ataque “en manada”, calificó a los agresores como “cobardes” y llegó a decir que “casi se convierten en asesinos”. Lo hizo cuando la causa todavía estaba en plena etapa de investigación, con allanamientos, identificaciones y detenciones en curso.
El caso tuvo además un condimento político y territorial: los detenidos eran jóvenes de Concepción. Luego, cuando familiares de uno de ellos sostuvieron que había intentado separar y no participar de la golpiza, Jaldo cambió el tono y pidió que quienes estuvieron presentes aportaran nombres para que “no caigan inocentes”. Sin embargo, el primer mensaje público ya había sido de condena general, con una carga verbal muy distinta a la prudencia que ahora reclama para la intendenta de Graneros.
La diferencia es notoria. Frente a jóvenes detenidos por un hecho de violencia, el gobernador habló de “manada”, “cobardes” y “asesinos”. Frente a una intendenta oficialista denunciada por una presunta operación inmobiliaria millonaria, pidió evitar el prejuzgamiento y esperar el trámite judicial.
Una prudencia selectiva en el discurso oficial
El caso Graneros también se cruza con otra tensión: mientras la intendenta es investigada por una presunta compra superior al millón de dólares, en su municipio diez vecinas fueron imputadas por amenazas simples luego de reclamar asistencia por las inundaciones. Las mujeres negaron los cargos y aseguraron que sólo buscaban ayuda para familias afectadas.
Ese contraste agranda el costo político del silencio de fondo. Graneros es uno de los departamentos con mayores indicadores de vulnerabilidad social de la provincia. Según informes difundidos este año, aparece junto a Burruyacú entre las zonas más críticas de Tucumán en pobreza multidimensional extrema. En ese contexto, la presunta adquisición de una propiedad de lujo en Yerba Buena no es sólo una causa judicial: también se volvió un problema político y ético para el oficialismo.
Jaldo no defendió explícitamente a la intendenta, pero tampoco usó con ella la misma dureza que exhibió en otros casos. En enero, al referirse a menores acusados de delitos graves, sostuvo que “para matar no hay edad” y habló de habilitar un pabellón en Benjamín Paz para que “sientan el rigor de la condena y de la detención”. En materia de seguridad, suele utilizar expresiones fuertes contra “delincuentes”, “trencitos” y estructuras delictivas aun cuando muchas causas se encuentran en investigación.
Por eso, la frase “no hay que prejuzgar” abre una pregunta incómoda para el Gobierno provincial: ¿la prudencia judicial es una regla general o depende de quién esté bajo sospecha? En el caso Graneros, Jaldo eligió el camino institucional: que la intendenta se presente ante la Justicia, responda los interrogantes y respete los fallos. Pero sus propios antecedentes discursivos muestran que, cuando el acusado no pertenece al poder político propio, la cautela suele ceder lugar a la condena pública inmediata.
