Graneros volvió a quedar en el centro de la política tucumana. Esta vez, el detonante fueron los graves incidentes denunciados por el diputado nacional Gerardo Huesen durante una recorrida por el municipio, un episodio que rápidamente llegó a la Legislatura y terminó con buena parte de la oposición impulsando la intervención del distrito que conduce Raquel Graneros.
Pero el conflicto del último fin de semana no irrumpió sobre un terreno calmo. En los últimos meses, el municipio acumuló denuncias, cruces políticos, expedientes judiciales y cuestionamientos sobre la administración local. Algunas causas continúan abiertas, otras tuvieron resoluciones procesales y varias de las acusaciones fueron rechazadas de plano por la intendenta y su defensa.
El resultado es un escenario en el que cada nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa los anteriores y alimenta, especialmente entre los sectores opositores, el cuestionamiento sobre cuánto se investiga, cuánto se esclarece y qué consecuencias concretas terminan teniendo las denuncias que rodean a la administración de Graneros.
De una recorrida política a un pedido de intervención
El último capítulo comenzó durante una visita de dirigentes de La Libertad Avanza a Graneros. Huesen relató que había llegado invitado por vecinos y referentes de la zona y que la actividad se desarrolló inicialmente con normalidad.
Según su versión, la situación cambió cuando comenzaron a aparecer motos y camionetas hasta rodear al grupo. El diputado sostuvo que bloquearon el vehículo en el que se trasladaba, que hubo amenazas, empujones y daños materiales y que finalmente la comitiva tuvo que refugiarse en la comisaría.
Huesen fue todavía más lejos y afirmó que entre las personas involucradas había funcionarios y empleados municipales. Desde la Municipalidad rechazaron esa acusación: aseguraron que la gestión no tuvo participación en los incidentes, que las personas que aparecen en las imágenes no dependen de las arcas municipales y que las autoridades ni siquiera conocían previamente la presencia de la comitiva libertaria.
Las responsabilidades sobre lo ocurrido deberán ser determinadas por la investigación correspondiente. En el plano político, sin embargo, el efecto fue inmediato.
El legislador José Macome presentó un proyecto para intervenir tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante de Graneros. La iniciativa sumó las firmas de representantes de distintos espacios opositores y propone que el Poder Ejecutivo provincial designe un comisionado interventor, realice una auditoría integral de la administración municipal y convoque posteriormente a elecciones.
Entre los fundamentos no sólo aparecen los incidentes denunciados por Huesen. Los impulsores también incorporaron referencias a presuntas irregularidades administrativas y reclamaron revisar las cuentas y el patrimonio de la gestión municipal.
El proyecto enfrenta ahora el trámite legislativo en una Cámara donde el oficialismo provincial cuenta con una amplia mayoría.
La denuncia por presunto enriquecimiento que puso a Graneros bajo la lupa
El pedido de auditoría remite inevitablemente a otra controversia que sacudió a Graneros apenas unos meses atrás.
En junio, el legislador Manuel Courel, junto a otros dirigentes opositores, presentó una denuncia penal para que se investigara a Raquel Graneros por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación estuvo vinculada con una propiedad en el country Las Yungas, en Yerba Buena. Los denunciantes sostuvieron que la intendenta habría adquirido terrenos por una cifra superior al millón de dólares y plantearon dudas sobre el origen del dinero. Incluso solicitaron medidas judiciales para determinar la titularidad del inmueble y reconstruir las circunstancias de la operación.
La defensa de Graneros negó las acusaciones. Su abogada, María Fernanda Morales Soria, sostuvo que la propiedad cuestionada no pertenece a la intendenta, afirmó que la denuncia carece de sustento y atribuyó las presentaciones a una ofensiva de carácter político.
Con el paso de las semanas, el expediente también abrió otra discusión: la velocidad de la investigación.
Courel reclamó públicamente mayor celeridad y cuestionó la falta de avances que, según aseguró, observaba en el caso. La Justicia, además, rechazó los intentos del legislador y de otros denunciantes de constituirse como querellantes al considerar que no eran víctimas directas del presunto delito. Ese pronunciamiento procesal no implicó determinar la culpabilidad o inocencia de Graneros respecto de la denuncia original, cuya investigación siguió otro carril.
El gobernador Osvaldo Jaldo había pedido entonces evitar un prejuzgamiento y señaló que la intendenta debía ponerse a disposición de la Justicia.
Así, una denuncia que provocó un fuerte impacto político quedó atravesada por discusiones procesales, planteos de la oposición y desmentidas de la defensa, sin que hasta ahora haya una resolución definitiva sobre la acusación de fondo.
Una gestión rodeada de conflictos que vuelve a quedar bajo examen
La acumulación de episodios convirtió a Graneros en uno de los municipios tucumanos con mayor nivel de exposición política durante los últimos meses.
Antes de la denuncia patrimonial y de los incidentes con Huesen, la conflictividad local ya había llegado a los tribunales. En junio, la Justicia abrió una investigación penal contra diez mujeres acusadas de amenazas hacia la intendenta Graneros y su madre, la legisladora Alejandra Cejas, por hechos ocurridos en abril. Las imputadas rechazaron las acusaciones.
Ese expediente fue utilizado posteriormente por dirigentes opositores para cuestionar lo que consideran distintas velocidades de respuesta judicial. Desde el entorno de Graneros, en cambio, se sostuvo que la intendenta y su familia vienen siendo objeto de hostigamientos y campañas políticas.
Ahora el episodio protagonizado por Huesen vuelve a modificar la escala del conflicto. Ya no se discute únicamente una denuncia penal contra la intendenta o una disputa entre dirigentes locales: un sector de la oposición provincial pretende directamente que la Legislatura suspenda a las autoridades municipales y abra una auditoría integral.
Graneros queda así nuevamente bajo examen.
La oposición sostiene que los hechos recientes son parte de un deterioro institucional que requiere una respuesta excepcional. Desde la Municipalidad niegan cualquier participación en las agresiones denunciadas y rechazan las acusaciones que buscan involucrar a la gestión.
En el medio permanecen los expedientes, las denuncias cruzadas y los interrogantes todavía sin una respuesta definitiva.
Esa sucesión es la que explica por qué cada nueva controversia en Graneros arrastra inmediatamente a todas las anteriores. Las acusaciones se acumulan, las defensas también y los conflictos vuelven una y otra vez al centro de la escena política tucumana. Ahora será la Justicia la que deberá establecer responsabilidades en los hechos denunciados y la Legislatura la que tendrá que resolver qué curso le da al pedido de intervención.
