La candidatura de Rossana Chahla para buscar la reelección como intendenta de San Miguel de Tucumán ya está lanzada. También está en vigencia la nueva Ley de Ficha Limpia, que se aplicará por primera vez en las elecciones provinciales de 2027. Y en el medio aparece un elemento que hasta ahora tuvo escaso impacto en la discusión política: la denuncia penal presentada por su medio hermano, Ángel Eduardo Páez Chahla, por presuntas maniobras destinadas a vaciar u ocultar bienes de la herencia de Elías Chahla.
Por ahora, la denuncia no impide que Chahla sea candidata. Pero el escenario podría cambiar si la investigación avanzara y derivara en una condena que reúna las condiciones previstas por la Ley 9.977.
Ahí aparece una paradoja: mientras el Gobierno provincial exhibe Ficha Limpia como uno de los principales avances institucionales de cara a 2027, una de las principales candidatas del oficialismo tiene una denuncia penal pendiente cuya evolución podría adquirir consecuencias electorales.
La denuncia que podría adquirir peso electoral
Ángel Eduardo Páez Chahla fue reconocido judicialmente en abril de 2025 como hijo de Elías Chahla, luego de un proceso de filiación iniciado en 1999. Ese reconocimiento lo convirtió además en heredero.
En junio de 2026 presentó una denuncia penal contra Rossana Chahla, su hermana María Emilia Chahla y Amelia Eugenia Testa.
La presentación sostiene que durante los años en que Páez reclamaba judicialmente su filiación se habrían realizado distintas operaciones destinadas a disminuir o apartar bienes del patrimonio que debía integrar la sucesión.
La denuncia menciona fideicomisos, transferencias inmobiliarias, ventas y otras operaciones patrimoniales y solicita que se investiguen posibles delitos de estafa, defraudación y administración fraudulenta.
Son, hasta ahora, acusaciones formuladas por el denunciante. No existe una condena contra Rossana Chahla por esos hechos y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia. Pero la entrada en vigencia de Ficha Limpia les otorga una dimensión política que antes no tenían.
El Código Penal establece para las estafas y otras defraudaciones penas que pueden alcanzar los seis años de prisión. La ley tucumana, en tanto, incluye entre las causales de inhabilitación determinados delitos dolosos con penas iguales o superiores a tres años.
Por eso, si la investigación derivara finalmente en una condena por alguna figura alcanzada por la Ley 9.977, la situación electoral de Chahla podría modificarse.
Qué tendría que pasar para que Ficha Limpia deje afuera a Chahla
Hay una precisión fundamental: una denuncia, una investigación e incluso una condena de primera instancia apelada no alcanzan automáticamente para impedir una candidatura.
El propio Registro Público Provincial de Ficha Limpia explica tres situaciones diferentes.
Una sentencia de primera instancia firme genera inhabilitación. Una sentencia de primera instancia que fue apelada no la genera. En cambio, una sentencia condenatoria de segunda instancia produce la inhabilitación aunque todavía no se encuentre firme.
Es decir que para que el caso Páez Chahla pudiera afectar efectivamente la candidatura de la actual intendenta tendría que recorrer un camino judicial considerable: investigación, eventual acusación, proceso penal y una condena que alcance el estándar establecido por la nueva normativa.
La cuestión adquiere especial interés porque las elecciones provinciales ya fueron convocadas para el 9 de mayo de 2027.
Chahla confirmó el 13 de agosto que buscará un nuevo mandato y Osvaldo Jaldo pidió públicamente al peronismo capitalino que se encolumne detrás de quien definió como la única candidata del PJ a la intendencia. El calendario político, por lo tanto, está en marcha. El interrogante pasa por los tiempos judiciales.
Una denuncia sin avances públicos y el antecedente de una causa que tardó 26 años
La denuncia penal de Páez Chahla fue presentada a comienzos de junio ante el Ministerio Público Fiscal y pidió una extensa batería de medidas de prueba: documentación inmobiliaria y notarial, expedientes sucesorios y de filiación, testimoniales, tasaciones e informes bancarios y tributarios, entre otras.
También solicitó la intervención del Fiscal Regional debido a la complejidad económica del caso y a la trascendencia institucional derivada de que una de las denunciadas ocupa la Intendencia de la capital tucumana.
Sin embargo, transcurridos más de tres meses desde aquella presentación, no existe información pública suficiente que permita reconstruir un avance sustancial de la investigación penal.
No se puede concluir únicamente a partir de ese silencio público que exista una decisión judicial de paralizar el expediente. Pero el antecedente del propio conflicto familiar explica por qué los tiempos de la Justicia adquieren particular relevancia: Ángel Páez inició su demanda de filiación en 1999 y recién obtuvo una sentencia que reconoció que era hijo de Elías Chahla en abril de 2025: pasaron aproximadamente 26 años.
Durante aquel proceso hubo reiteradas demoras. Desde 2017 la Justicia había citado a Rossana y María Emilia Chahla para aportar material genético. Según publicaciones periodísticas de aquellos años, ninguna de las dos se sometió inicialmente a esa prueba. Finalmente fue necesario ordenar la exhumación del cuerpo de Elías Chahla.
Hasta ese procedimiento sufrió postergaciones. En septiembre de 2022 una exhumación prevista debió suspenderse porque las condiciones de la sala del Cementerio del Oeste impedían realizar correctamente el trabajo del equipo científico. El estudio genético posterior determinó una probabilidad de relación biológica del 99,88%. Ese resultado también fue cuestionado por las hermanas Chahla antes de que finalmente llegara la sentencia.
Ese antecedente no prueba que la actual investigación penal esté siendo deliberadamente frenada. Sí demuestra que la controversia judicial que enfrenta a Páez con la familia Chahla estuvo caracterizada durante décadas por planteos, impugnaciones y dilaciones.
Ahora hay una diferencia decisiva: existe una elección fijada para mayo de 2027 y una Ley de Ficha Limpia que antes no existía.
Por eso el factor tiempo dejó de ser solamente judicial.
Si la denuncia no avanza hasta alcanzar una resolución de las características exigidas por la Ley 9.977, Chahla no tendría impedimento por este expediente para competir por la Intendencia. Si, en cambio, la investigación prosperara, los hechos fueran probados y se alcanzara una condena comprendida por Ficha Limpia en los términos previstos por la norma, su candidatura podría quedar alcanzada por una inhabilitación.
De allí surge una pregunta que probablemente acompañará el proceso electoral: ¿qué ocurrirá primero, la definición de la Justicia sobre una denuncia presentada contra una de las principales candidatas del oficialismo o las elecciones del 9 de mayo de 2027?
