El cabezazo que recibió el diputado nacional Federico Pelli en La Madrid, mientras llevaba ayuda a familias afectadas por las inundaciones, ya dejó de ser un episodio policial aislado. Ocurrió a plena luz del día, en una ruta nacional, en medio de una emergencia social, con cámaras filmando y con dirigentes políticos en el lugar. La escena, por sí sola, retrata una provincia donde la violencia ya no aparece como desborde, sino como método.
Los registros conocidos muestran que Pelli fue interceptado por Marcelo “Pichón” Segura, que le impidió el paso y luego lo agredió sin mediar más que unos segundos de tensión. El diputado terminó internado, con traumatismo y fractura nasal, y la oposición señaló de inmediato el vínculo político del agresor con el ministro del Interior, Darío Monteros. No es un dato menor: cuando un hombre sindicado como parte del dispositivo de un funcionario golpea a un diputado nacional en medio de una actividad solidaria, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional.
El Gobierno habló en redes, pero no dio señales de autoridad
Lo más grave, sin embargo, empezó después del ataque. Monteros repudió el hecho en redes sociales y Osvaldo Jaldo hizo lo mismo, informando además la detención del agresor. Pero, hasta donde se conoce públicamente, la reacción política del Gobierno se agotó en ese plano: un mensaje en X, una condena formal y la remisión del caso a la Justicia. La investigación penal sobre el agresor directo avanza, pero no trascendieron decisiones políticas o administrativas sobre las responsabilidades de mando, pese a que el propio ministro estaba en el lugar y quedó filmado en un cruce con Soledad Molinuevo, quien le reclamó por la agresión. Esa desproporción entre la gravedad del hecho y la modestia de la respuesta oficial es lo que vuelve más inquietante el episodio.
La señal es delicada: si un funcionario cuestionado por su presunta cercanía con el agresor sigue como si nada hubiera ocurrido, el mensaje hacia abajo es de cobertura y no de esclarecimiento. Por eso no sorprende que ya se haya pedido en la Legislatura la citación de Monteros y del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para explicar qué pasó, cómo actuaron las fuerzas de seguridad y qué medidas se adoptarán. También se conoció una denuncia de Álvaro Apud contra Monteros por amenazas. Es decir, lejos de cerrarse, el caso se agranda y se vuelve más espeso.
Cuando el poder se victimiza, la provincia se embrutece
En paralelo, apareció otro síntoma igual de alarmante: en vez de un gesto inequívoco de apartamiento y revisión interna, el clima político empezó a correrse hacia las excusas, las provocaciones y las denuncias cruzadas. La defensa de Segura habló de arrepentimiento, pero también intentó justificar el ataque en una supuesta provocación previa y anunció una contraofensiva judicial por amenazas. En una provincia atravesada por la desesperación de los inundados, la escena pública comenzó a girar, otra vez, alrededor de la lógica del apriete, la patota y el relato defensivo.
Tucumán sube así un escalón en su nivel de agresividad política. No sólo porque un diputado fue salvajemente golpeado, sino porque el poder provincial, en vez de reaccionar con la contundencia institucional que el caso exige, eligió por ahora la comodidad del repudio virtual y el repliegue detrás de la causa judicial. Cuando la violencia se naturaliza, cuando el funcionario señalado no da un paso al costado y cuando el Estado no muestra voluntad de investigar sus propias responsabilidades, la democracia empieza a quedar a la intemperie, igual que los tucumanos que hoy esperan ayuda real y no otro capítulo de impunidad.
