La transformación del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo se convirtió en uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en Tucumán. Sin embargo, detrás de la inversión millonaria también se desarrolla una disputa política por la autoría de las gestiones y el financiamiento de los trabajos.
El gobernador Osvaldo Jaldo viene presentando la remodelación como uno de los resultados de su política de diálogo con el Gobierno de Javier Milei. Desde La Libertad Avanza, en tanto, también se reivindica la intervención de la administración nacional en la concreción del proyecto.
La controversia obliga a distinguir dos cuestiones que suelen mezclarse en el discurso político: quién consiguió que una obra avanzara y quién aporta efectivamente el dinero para realizarla.
En este caso, los números permiten establecer una diferencia fundamental. Los 48 millones de dólares previstos para la modernización del aeropuerto no salen del presupuesto provincial, aunque tampoco corresponden a un desembolso directo del Tesoro nacional por ese monto.
El dinero tiene origen identificado: 75% de fideicomisos y 25% de la concesionaria
La explicación más concreta sobre el financiamiento la brindó el propio ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, Marcelo Nazur.
En una entrevista publicada el 7 de octubre por la revista especializada El Constructor, el funcionario precisó que la inversión actualizada asciende a 48 millones de dólares y detalló cómo se distribuyen los aportes.
Según Nazur, el 25% corresponde a recursos aportados directamente por Aeropuertos Argentina 2000, mientras que el 75% restante proviene de fideicomisos destinados a infraestructura aeroportuaria.
Traducido a valores aproximados, el esquema representa 12 millones de dólares de aporte directo de la concesionaria y otros 36 millones provenientes de esos fondos específicos.
La información coincide con la documentación publicada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que identifica al Fideicomiso para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos como fuente de financiamiento de la remodelación de la terminal tucumana.
Ese mecanismo se nutre de aportes vinculados con la actividad aeroportuaria. El régimen de concesión establece que una porción de los ingresos de Aeropuertos Argentina debe destinarse específicamente al financiamiento de infraestructura.
Por lo tanto, se trata de recursos administrados dentro del sistema aeroportuario nacional, bajo un marco contractual y regulatorio, y no de una inversión afrontada con fondos ordinarios del Gobierno de Tucumán.
El dato resulta central frente a los intentos de atribuir la obra exclusivamente a una administración.
El Gobierno nacional tiene intervención institucional mediante los organismos competentes, mientras que la concesionaria y los fondos fiduciarios participan del financiamiento. La Provincia, por su parte, reivindica las negociaciones políticas que permitieron impulsar el proyecto.
Gestionar una inversión, autorizarla y financiarla son responsabilidades diferentes. Confundirlas puede servir para una campaña electoral, pero no ayuda a conocer cómo se utilizan los recursos.
Jaldo reivindica su diálogo con Milei y Nazur cuestionó a los libertarios
El enfrentamiento por el protagonismo de la obra no es nuevo. En noviembre de 2025, cuando se anunció formalmente el inicio de la remodelación, Jaldo destacó que el proyecto había podido concretarse gracias a la relación institucional que su Gobierno construyó con la Casa Rosada.
El mandatario presentó la adjudicación como una consecuencia de su estrategia de cooperación con la administración de Javier Milei y remarcó que esa postura había permitido conseguir obras importantes para los tucumanos.
La posición fue reforzada posteriormente por Nazur, quien cuestionó a dirigentes libertarios que difundían en redes sociales mensajes atribuyendo a su espacio las gestiones por distintas inversiones.
En julio de este año, el ministro apuntó particularmente contra Lisandro Catalán y los referentes de La Libertad Avanza.
“La Libertad Avanza puede hacer los TikTok que quiera, puede vender el humo que quiera, pero acá todo lo que se hace es medible”, sostuvo durante una entrevista radial.
Nazur defendió el papel del gobernador y aseguró que es Jaldo quien mantiene la interlocución institucional con los funcionarios nacionales para conseguir la continuidad de los proyectos.
Sin embargo, las declaraciones del funcionario deben interpretarse junto con sus propias precisiones técnicas sobre el financiamiento.
La gestión política de una obra no implica necesariamente que los recursos utilizados pertenezcan a la administración que realizó esas negociaciones.
Al mismo tiempo, tampoco corresponde desconocer la participación nacional en un proyecto sometido a la intervención de organismos federales y al régimen de concesión aeroportuaria.
Así, la controversia expone una característica de la relación entre el Gobierno tucumano y la Casa Rosada: ambas administraciones reivindican los resultados de una cooperación institucional que, al mismo tiempo, les permite competir por el reconocimiento político.
La discusión cobra especial importancia en un escenario atravesado por las disputas electorales de 2027, cuando el oficialismo provincial y los libertarios buscarán fortalecer sus respectivas posiciones en Tucumán.
En definitiva, mientras Jaldo y los libertarios disputan el rédito político, los tucumanos tienen derecho a conocer algo bastante más concreto: quién administra los fondos, quién ejecuta las obras y quién responde si los compromisos no se cumplen.
