La intendenta Rossana Chahla dejó una afirmación que merece ser revisada. Al defender el sistema electoral de Tucumán y, particularmente, los acoples, sostuvo que ese mecanismo permitió la alternancia política en San Miguel de Tucumán.
«Yo creo que todo este sistema que tenemos electoral le ha permitido la alternancia en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Cinco partidos en los últimos 20 años», aseguró.
Pero los antecedentes políticos cuentan una historia bastante diferente. Desde noviembre de 2003, la capital tucumana estuvo gobernada por tres dirigentes: Domingo Amaya, Germán Alfaro y la propia Chahla. Los tres tienen un denominador común: sus trayectorias están vinculadas al peronismo tucumano, aunque no siempre hayan militado en el mismo espacio ni compartido las mismas alianzas.
La diferencia no es menor. Una cosa es contabilizar nombres de frentes electorales y otra, muy distinta, hablar de alternancia entre cinco partidos políticos.
Y detrás de esa discusión aparece un interrogante todavía más incómodo: ¿quién asume la responsabilidad por los problemas que San Miguel de Tucumán arrastra después de más de dos décadas de administraciones encabezadas por dirigentes que, en distintos momentos, formaron parte del mismo universo político?
Del peronismo al antiperonismo electoral: los mismos protagonistas con diferentes sellos
La historia comienza en noviembre de 2003, cuando Domingo Amaya asumió la Intendencia por decisión del Concejo Deliberante, luego de que Antonio Domingo Bussi, elegido en los comicios de ese año, no pudiera hacerse cargo del municipio.
Amaya, vinculado al justicialismo y al entonces gobernador José Alperovich, permaneció al frente de la Municipalidad durante doce años. Primero bajo el Partido Justicialista y luego con el Frente para la Victoria, gobernó hasta octubre de 2015.
Su sucesor fue Germán Alfaro, quien no era precisamente un desconocido ni representaba una figura ajena a aquella estructura municipal.
Alfaro había sido secretario de Gobierno de Amaya, uno de los funcionarios centrales de su administración y un dirigente con antecedentes dentro del peronismo.
En 2015, ambos se alejaron del oficialismo provincial y se integraron al Acuerdo para el Bicentenario, una alianza opositora encabezada por el radical José Cano. Amaya fue candidato a vicegobernador y Alfaro consiguió la Intendencia.
Posteriormente, Alfaro consolidó su alineamiento con Cambiemos y Juntos por el Cambio. Fue reelegido en 2019 mediante el frente Vamos Tucumán y gobernó hasta 2023 como opositor al Partido Justicialista provincial.
Ese dato debe quedar claro: Alfaro no gobernó los ocho años como representante del PJ. Pero tampoco llegó desde una trayectoria política ajena al peronismo ni a la administración municipal anterior.
Finalmente, en 2023, Rossana Chahla recuperó la Municipalidad para el oficialismo justicialista, después de haber sido ministra de Salud del gobierno de Juan Manzur y diputada nacional por el Frente de Todos.
El resultado de este recorrido es contundente: desde 2003 hubo tres intendentes y diferentes alianzas electorales, pero no cinco partidos que se sucedieron claramente en el poder municipal.
Calles deterioradas, basurales e inundaciones: las deudas que sobreviven a los gobiernos
Mientras la dirigencia discute cuántos partidos pasaron por la Municipalidad, los problemas estructurales de San Miguel de Tucumán continúan formando parte de la agenda cotidiana.
El deterioro de las calles es uno de los ejemplos. En junio de 2026, el concejal radical Leandro Argañaraz aseguró haber presentado más de 600 reclamos vecinales vinculados con baches y calzadas deterioradas en diferentes puntos de la ciudad.
A eso se agregan los basurales y microbasurales, una problemática que llevó al propio municipio a declarar una emergencia ambiental y desarrollar programas especiales para recuperar espacios afectados por la acumulación de residuos.
Las inundaciones representan otro capítulo de una deuda histórica. A fines de septiembre, una tormenta volvió a provocar anegamientos en distintos sectores de la Capital. Chahla atribuyó buena parte de los inconvenientes a los residuos que obstruyeron los desagües y defendió las tareas de limpieza realizadas por su administración.
«No podemos transformar una ciudad en 1.000 días», argumentó entonces la intendenta.
La explicación puede resultar atendible si se analiza exclusivamente su período de gobierno. Sin embargo, adquiere otra dimensión cuando se considera la continuidad de dirigentes provenientes del mismo entramado político desde hace más de veinte años.
De hecho, el 14 de octubre, durante el lanzamiento de una obra hídrica para el sector noreste de la ciudad, la propia Chahla reconoció que el crecimiento urbano no estuvo acompañado por una expansión equivalente de los sistemas de drenaje.
«Claro que hacen falta más desagües», admitió. La gestión actual anunció inversiones y puso en marcha intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura. Entre ellas figura el Sistema de Desagüe Noreste, con una inversión superior a $1.543 millones, financiada por la Provincia y el Municipio.
Pero esas obras también dejan al descubierto la persistencia de necesidades que no fueron resueltas por administraciones anteriores.
El deterioro urbano no puede atribuirse exclusivamente a Chahla, del mismo modo que tampoco corresponde desligar de responsabilidades a Amaya o Alfaro.
Los tres administraron la misma ciudad, recibieron recursos públicos, definieron prioridades y tuvieron la posibilidad de ejecutar políticas destinadas a resolver sus problemas.
La alternancia que se defiende y la responsabilidad que nadie quiere asumir
La afirmación de Chahla abre un debate que excede la cantidad de partidos o frentes que participaron de las elecciones.
La intendenta pretende presentar la alternancia municipal como una demostración del funcionamiento del sistema electoral vigente. Sin embargo, la sucesión de diferentes sellos partidarios no alcanza, por sí sola, para demostrar una verdadera renovación de las estructuras de poder.
En Tucumán, además, las alianzas políticas han sido particularmente flexibles. Dirigentes que durante años compartieron proyectos luego se enfrentaron electoralmente, para terminar coincidiendo nuevamente en otros espacios o estrategias.
Nada de eso invalida los resultados electorales ni desconoce la voluntad de los ciudadanos. Pero obliga a diferenciar la alternancia entre fuerzas políticas de la circulación de dirigentes que comparten una historia común.
También permite formular una pregunta que suele quedar relegada cada vez que un nuevo intendente recibe una ciudad con problemas acumulados: ¿hasta cuándo puede atribuirse todo a la herencia recibida?
Después de casi 23 años de administraciones encabezadas por Amaya, Alfaro y Chahla, resulta difícil analizar el estado de San Miguel de Tucumán sin examinar las decisiones y omisiones de cada una de esas gestiones.
La actual intendenta tiene derecho a explicar qué recibió, qué está haciendo y qué problemas considera pendientes. Pero la evaluación pública también debe comprender la actuación de quienes la precedieron, incluidos aquellos con los que su espacio compartió responsabilidades políticas.
Porque los problemas de la Capital no desaparecen cuando cambia el nombre del frente electoral, ni las responsabilidades se extinguen cuando un dirigente cambia de partido.
Chahla habló de cinco partidos en veinte años. La historia muestra tres intendentes desde 2003, todos surgidos del universo peronista, aunque uno de ellos haya gobernado como opositor al PJ.
Y mientras la política discute cómo contar la alternancia, los vecinos tienen motivos para exigir otra contabilidad: cuántas calles siguen deterioradas, cuántos barrios continúan inundándose, cuántos basurales quedan por eliminar y qué responsabilidades corresponden a cada gestión.
Porque cambiar de sello electoral puede servir para ganar una elección. Lo que no debería permitir es borrar la historia ni eludir la responsabilidad de haber gobernado.
