La polémica por la desafectación de una calle ubicada entre San Pablo y El Manantial volvió a tensar el clima político en la Legislatura tucumana. El oficialismo consiguió aprobar modificaciones al proyecto que ya había sido sancionado, pero lo hizo sin abrir un nuevo debate en el recinto, lo que provocó fuertes cuestionamientos de la oposición.
La iniciativa busca corregir observaciones técnicas y administrativas realizadas sobre la norma original. En el centro de la discusión aparece una fracción de terreno que catastralmente figuraba como calle pública y que forma parte de un desarrollo inmobiliario privado. Como contraprestación, la empresa Citrusvil se comprometió a donar tierras destinadas a la regularización dominial de unas 80 familias.
El oficialismo defendió el fin social de la medida
Desde el bloque justicialista remarcaron que el objetivo central del proyecto es resolver la situación habitacional y dominial de vecinos de la zona. En esa línea, impulsaron el tratamiento sobre tablas de los expedientes con dictamen de Legislación General, con el argumento de que el debate de fondo ya se había dado en la sesión anterior.
Los cambios aprobados incorporaron precisiones sobre la finalidad de la desafectación del dominio público. Según el texto sancionado, la medida queda vinculada exclusivamente a acciones de interés público, como la regularización dominial, la erradicación y consolidación de asentamientos o barrios de emergencia.
Además, se incluyó una condición clave: la eficacia de la ley dependerá del desistimiento expreso e irrevocable de Citrusvil de cualquier acción o derecho presente o futuro sobre los inmuebles alcanzados por la norma.
La oposición cuestionó el trámite y no descarta ir a la Justicia
La decisión de avanzar sin debate encendió el malestar opositor. Legisladores que habían pedido la palabra objetaron que no se les permitiera intervenir durante el tratamiento de las modificaciones. En ese contexto, se escucharon duros reproches en el recinto y fuera de él, donde la discusión política escaló en intensidad.
Entre los cuestionamientos centrales aparecen las formas elegidas para aprobar los cambios, la falta de discusión pública sobre el alcance de la medida y las dudas sobre la desafectación de un bien de dominio público. Sectores opositores advirtieron que podrían recurrir a la Justicia para impugnar la norma.
El planteo opositor apunta a que la calle no sería un simple inmueble disponible, sino un bien destinado al uso colectivo. Por eso, sostienen que cualquier desafectación debe estar debidamente fundada y demostrar que no perjudica la conectividad, la circulación ni los derechos de vecinos o propietarios colindantes.
Las observaciones técnicas quedaron bajo la lupa
El caso ya había sido observado por áreas del Poder Ejecutivo. Entre los puntos señalados figuraban errores en la identificación del bien a desafectar y la necesidad de precisar el modo en que ese sector pasaría al dominio privado del Estado o eventualmente sería transferido.
También se advirtió que debía justificarse con mayor claridad por qué la calle habría perdido utilidad pública. Ese punto es sensible, porque la desafectación de un espacio de uso común exige demostrar que ya no cumple una función vinculada al tránsito, la conectividad o el interés general.
Aunque el oficialismo sostiene que la cesión de tierras para familias vulnerables compensa la pérdida del bien público, la controversia quedó abierta. La Legislatura logró aprobar la corrección normativa, pero el conflicto político e institucional promete continuar fuera del recinto.
