La denuncia del comisionado rural de Colalao del Valle, Gerardo Gustavo Morales, dejó al descubierto un mecanismo cada vez más frecuente: primero el “anzuelo” por redes sociales, después el apriete por mensajería y, como cierre, una campaña de desinformación armada con datos falsos y hasta con imágenes de terceros ajenos al hecho. En este caso, el giro más insólito fue que el hombre retratado en las fotos virales no era el funcionario tucumano, sino un ex senador correntino.
El paso a paso del apriete: del perfil “amigable” al WhatsApp con uniforme
Según consta en la presentación judicial, todo comenzó el lunes 16 de febrero, cuando Morales recibió en su Instagram personal —configurado como privado— una solicitud de amistad de un perfil cuyo apellido recuerda como “Díaz”. Al aceptar, ese usuario pudo ver sus publicaciones, incluidas imágenes junto a autoridades provinciales o referentes conocidos. Ese mismo día, intercambiaron mensajes sin que apareciera nada fuera de lo normal.
Dos días después, el miércoles, la escena cambió de golpe: empezaron a llegar mensajes y audios por WhatsApp desde un número con característica de Buenos Aires. Quien escribía se presentó como un supuesto policía de esa provincia llamado “Mariano Gutiérrez” y usaba una foto de perfil con uniforme. En los audios lo acusaba de haber estado con una menor de edad y lo presionaba para que se comunicara “sí o sí” a “dar explicaciones”, con el argumento de que la joven estaba desaparecida y que el último contacto habría sido él.
Morales relató que no accedió a ese pedido, que no respondió a las exigencias y que terminó bloqueando el número para cortar la insistencia. También dejó asentado un dato relevante: no hizo ningún pago y aseguró que no sufrió perjuicio económico, aunque sí advirtió el intento de arrinconarlo con una acusación grave y una escalada de presión.
La “prueba” armada y la publicación viral: errores burdos, nombre cambiado y una comuna convertida en “municipio”
El mecanismo, siempre de acuerdo a la denuncia, no se agotó en el hostigamiento. Entre los mensajes recibidos, el comisionado dijo que le enviaron capturas de pantalla de una supuesta publicación en Facebook con fotos suyas junto a dirigentes, imágenes que —según su interpretación— habrían sido tomadas de su Instagram privado. La amenaza era clara: hacer circular un supuesto “escándalo” si no se sometía a la llamada y a lo que viniera después.
Al día siguiente, sostuvo, apareció el segundo acto: comenzó a circular en redes una publicación atribuida a una página llamada “La Rioja Informa”. Allí se mencionaba erróneamente a Colalao del Valle como “municipio” y se atacaba a un supuesto “intendente”, figura que no existe en esa jurisdicción (se trata de una comuna). La pieza, además, sumaba otro detalle llamativo: en lugar de Gerardo Gustavo Morales, se hablaba de “Gastón Gustavo Morales”, como si el objetivo fuera salpicar rápido aunque fuera con datos mal armados.
Esa publicación se montaba sobre un relato de alto voltaje para generar indignación: alusiones a gastos personales, viajes, lujos y hasta menciones a compras extravagantes. En paralelo, otras versiones que circularon replicaron el mismo esquema: supuestas quejas de “vecinos” y hasta referencias a “concejales”, pese a que Colalao del Valle no cuenta con Concejo Deliberante. Errores gruesos, sí, pero eficaces para el consumo veloz de redes: una acusación fuerte, una imagen “prueba” y un texto que invita a compartir antes de chequear.
El giro correntino: el hombre de las fotos no era el funcionario y salió a desmentir
La operación se desarmó por su propio peso cuando apareció el dato clave: el hombre de las fotos que acompañaban la denuncia pública no era el comisionado tucumano. Jorge Abib, oriundo de Corrientes, afirmó ser el verdadero protagonista de esas imágenes y sostuvo que tanto él como su esposa, Florencia Gómez, fueron expuestos sin autorización. Explicó que las fotos fueron tomadas de redes sociales —en particular, del perfil de su pareja— y reutilizadas fuera de contexto para “armar” el escrache contra un funcionario al que dijo no conocer.
El testimonio de Abib reforzó la hipótesis de una maniobra digital fabricada con material ajeno: un recorte de fotos, nombres cambiados, cargos inventados y un guion pensado para pegar donde duele. Mientras tanto, Morales aseguró haber avisado a las autoridades y reconoció que borró conversaciones (la inicial de Instagram y la de WhatsApp), aunque conservó audios y capturas que se comprometió a aportar como prueba.
En un pueblo turístico como Colalao, donde la reputación personal y la confianza pública tienen un peso enorme, el daño potencial de una acusación viral no se mide sólo en “me gusta” y compartidos. Se mide en sospechas, en rumores y en la necesidad —cada vez más urgente— de que las denuncias por extorsión y suplantación avancen con rapidez para cortar el circuito: el del apriete privado que luego se convierte en escarnio público.
