San Miguel de Tucumán volvió a quedar bajo la lupa por la dificultad para resolver gestiones básicas. Tras conocerse un ranking nacional que ubicó a la ciudad en el fondo de la tabla, los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos reclamaron el tratamiento urgente de un paquete de iniciativas para “desarmar el laberinto” de tasas, requisitos y ventanillas que —advierten— termina castigando al vecino que quiere emprender, trabajar o simplemente cumplir con el municipio.
Pero el planteo opositor no se limita al diagnóstico: también carga contra la intendenta Rossana Chahla por la falta de resultados concretos en la modernización del Estado local, pese a la creación de áreas y estructuras ligadas a tecnología, innovación e inteligencia artificial.
Un ranking que dejó a San Miguel de Tucumán en el fondo
El disparador fue un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que midió qué tan fácil (o difícil) es realizar trámites municipales en 37 distritos del país. La evaluación incluyó cinco gestiones centrales para la vida cotidiana: habilitación de negocios, primera licencia de conducir, renovación de licencia, solicitud de actas y DNI.
Con esa vara, la Capital tucumana quedó en el puesto 36, con una calificación de 34,4%, solo por encima de José C. Paz. En la otra punta, lideró Tres de Febrero con 67,7%. El dato cayó mal en el Concejo Deliberante y alimentó un reclamo que viene creciendo en sectores comerciales, profesionales y barriales: más digitalización real, menos vueltas, menos discrecionalidad y plazos claros.
El paquete opositor: “lenguaje claro” y reglas a la vista
Desde la oposición pidieron que se trate con urgencia un conjunto de proyectos orientados a simplificar la relación entre el Estado municipal y los contribuyentes. Entre las propuestas, destacaron la creación de un “Nomenclador Único” que centralice y publique, en lenguaje claro, toda la información sobre tributos y requisitos.
La apuesta, señalan, es cortar con la dispersión normativa que hoy obliga al vecino a navegar ordenanzas, excepciones y reglamentaciones cruzadas para entender cuánto debe pagar, qué papeles presentar y dónde iniciar el trámite. En paralelo, insistieron con la necesidad de un régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones y evitar que abrir un negocio sea, desde el arranque, una carrera de obstáculos.
En el discurso opositor aparece una idea que repiten como mantra: el Estado municipal debería ser un facilitador, no un freno. Y el tiempo perdido en filas, traslados y idas y vueltas —subrayan— impacta directamente en la calidad de vida y en la actividad económica.
Tecnología, nuevas áreas y la crítica de fondo: “más organigrama, menos soluciones”
El capítulo más político del planteo radical apunta directo a la intendenta. Según remarcan, en la Municipalidad conviven hoy distintas estructuras vinculadas a modernización (incluida un área específica de Inteligencia Artificial), pero el vecino sigue chocando con trámites lentos, presenciales y poco previsibles.
En esa línea, ponen como ejemplo la existencia de la Secretaría de Innovación Tecnológica, la Dirección de Innovación Tecnológica, la Dirección de Inteligencia Artificial y la Dirección de Respuestas Rápidas. El problema —plantean— no es que existan oficinas nuevas, sino que la multiplicación de áreas y cargos no se traduce en mejoras palpables: “se infla el Estado municipal”, denuncian, mientras la burocracia sigue funcionando como un escudo que diluye responsabilidades y estira los tiempos de respuesta.
La discusión, hacia adelante, promete trasladarse al recinto: de un lado, la oposición empujando normas para unificar criterios, reducir pasos y transparentar reglas; del otro, el oficialismo defendiendo el rumbo de gestión y las herramientas creadas para modernizar la administración. Mientras tanto, el vecino —como siempre— espera que la promesa de “municipio ágil” deje de ser un eslogan y se convierta en un trámite que, por fin, termine.
