Dos empleados del Subsidio de Salud fueron aprehendidos este miércoles en el marco de una investigación judicial por la presunta entrega irregular de certificados de discapacidad falsificados, una maniobra que habría sido utilizada para ampliar coberturas de la obra social a cambio de dinero.
La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, conducida por la fiscal Mariana Rivadeneira, junto a la secretaria Brenda Deroy y el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga.
El procedimiento se llevó adelante en la sede del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, ubicada en Las Piedras 530, en San Miguel de Tucumán, con participación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Por orden judicial, fueron requisados empleados sospechados de haber intervenido en la maniobra. En el lugar se secuestraron teléfonos celulares de tres trabajadores y se dispuso la aprehensión de dos de ellos. Más tarde, también se realizaron allanamientos en sus domicilios, donde se incautaron distintos dispositivos de almacenamiento.
Denuncias de afiliados y una maniobra para cobrar por trámites irregulares
De acuerdo con fuentes judiciales, la investigación se inició a partir de denuncias formuladas por la Asesoría Letrada del Subsidio de Salud, representada por la subdirectora Lucía Rodríguez Martín, y por afiliados de la institución. A partir de esas presentaciones, la Fiscalía avanzó con distintas medidas, entre ellas el entrecruzamiento de información entre áreas del organismo.
Hasta el momento, se investigan cuatro denuncias vinculadas con presuntas irregularidades en la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En uno de los casos, un afiliado relató que había acudido al Subsidio de Salud para gestionar una prótesis para su padre. Según la acusación, en ese contexto fue contactado por una de las personas investigadas, quien luego lo derivó a otro empleado. Ambos le habrían pedido dinero para entregarle un certificado de discapacidad, bajo el argumento de que ese documento era necesario para obtener la cobertura requerida.
La maniobra salió a la luz cuando el damnificado presentó el certificado para autorizar la operación y desde el organismo le informaron que el documento no tenía validez.
Otro de los hechos bajo análisis tiene como protagonista a una persona que buscaba cobertura para una prótesis y una intervención quirúrgica. Siempre según la denuncia, tras consultar por su expediente, un empleado le habría indicado que podía acceder a una cobertura total mediante un CUD y le facilitó un número de teléfono. Después de enviar imágenes del diagnóstico y la historia clínica del afiliado, fue citado en un bar de calle Italia, donde le habrían entregado un certificado apócrifo a cambio de dinero.
Respaldo institucional y avance de la pesquisa
Desde el Instituto de Previsión y Seguridad Social manifestaron conformidad con el avance del expediente y destacaron la rápida respuesta del Ministerio Público Fiscal ante la denuncia presentada.
“A partir de que hicimos la denuncia inmediatamente recibimos respuesta por parte de la Fiscalía. Verdaderamente quedé impresionada por la rapidez con la que se manejaron, lo cual es importantísimo para nosotros. Por mi cargo he trabajado en muchos sumarios y denuncias, y es la primera vez que veo un accionar tan eficaz de la Justicia. Pudimos trabajar muy bien. Se trató de un operativo correcto y ordenado, con mucha firmeza, respetando todas las garantías, por lo que nos sentimos muy respaldados”, expresó Rodríguez Martín.
Además, desde el organismo remarcaron que durante el operativo trabajaron de manera articulada las áreas de Asesoría Letrada y Recursos Humanos, que aportaron documentación considerada clave para el desarrollo de la investigación.
La causa sigue en etapa de análisis, mientras la Justicia examina los teléfonos y demás elementos secuestrados para determinar el alcance de la presunta maniobra y establecer si hubo más personas involucradas.
