El Gobierno de Tucumán se prepara para afrontar una nueva temporada de lluvias bajo la posible influencia del fenómeno de El Niño, con pronósticos que advierten sobre precipitaciones superiores a los valores habituales en distintas regiones del país. En ese contexto, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, confirmó que la Provincia tiene previsto asistir a unas 8.000 familias que podrían sufrir pérdidas materiales por inundaciones. El anuncio, presentado como una medida de previsión, deja al descubierto una realidad difícil de ignorar: después de años de anegamientos, evacuaciones y pérdidas económicas, miles de tucumanos siguen viviendo bajo la amenaza de perder sus pertenencias cada vez que llegan las lluvias intensas.
La planificación de la asistencia es necesaria, pero también refleja las limitaciones de una política que no ha logrado resolver de manera definitiva los problemas estructurales en las zonas más vulnerables. La pregunta de fondo es por qué, a esta altura, el Estado todavía debe prepararse para socorrer a semejante cantidad de familias, en lugar de haber conseguido reducir sustancialmente su exposición al riesgo mediante inversiones sostenidas, infraestructura adecuada y soluciones habitacionales.
El asistencialismo como respuesta a un problema que se repite
Durante una entrevista, Masso explicó que el Ministerio de Desarrollo Social trabaja junto con otras áreas del Poder Ejecutivo para organizar los protocolos de emergencia. La previsión contempla la distribución de recursos y la atención inmediata de quienes sufran daños en sus viviendas y pertenencias. Sin embargo, la cifra de 8.000 familias merece una lectura que vaya más allá de la capacidad logística del Gobierno: representa la magnitud de la población potencialmente expuesta a un problema que Tucumán conoce desde hace décadas.
La situación no es nueva. Localidades como La Madrid y numerosos barrios ubicados en las márgenes del río Salí han padecido reiteradamente las consecuencias de las crecidas. En marzo de 2026, La Madrid volvió a sufrir graves inundaciones, mientras que familias del barrio Las Piedritas, en Banda del Río Salí, también resultaron afectadas por el desborde del río durante ese año. Los operativos de asistencia, las visitas de funcionarios y la entrega de elementos de primera necesidad forman parte de una respuesta indispensable ante las emergencias, pero no sustituyen las políticas capaces de evitar que las mismas comunidades vuelvan a atravesar situaciones semejantes.
El problema aparece cuando la asistencia deja de ser una herramienta excepcional y se convierte en una respuesta habitual frente a situaciones previsibles. Ninguna familia debería acostumbrarse a esperar colchones, mercadería o materiales de construcción después de cada temporal. La verdadera política social también debería consistir en garantizar condiciones para que esas pérdidas no vuelvan a producirse.
Obras anunciadas, pero sin garantías de una solución definitiva
Desde el Ejecutivo provincial se destacan distintas intervenciones hidráulicas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua. Entre ellas figuran la construcción de un colector sobre avenida Jujuy al 4.500, los trabajos previstos en Villa Muñecas para reducir los anegamientos sobre avenida Juan B. Justo y las tareas de limpieza de los canales de cintura norte y sur. Además, el Gobierno difundió avances de su Plan Integral de Prevención Hídrica, con trabajos sobre ríos, canales y sectores considerados críticos.
Estas intervenciones existen y forman parte de la política oficial de prevención. Sin embargo, su ejecución no demuestra por sí sola que sean suficientes para resolver los problemas históricos de inundaciones. La discusión no debería limitarse a cuántas máquinas trabajan, cuántos canales se limpian o cuántos recursos se anuncian, sino a determinar qué resultados concretos producen esas inversiones y cuántas familias dejan efectivamente de estar expuestas a las crecidas.
El propio Masso reconoció que precipitaciones extraordinarias, superiores a los 100 o 120 milímetros en aproximadamente una hora, podrían superar la capacidad de drenaje de los sistemas existentes. Se trata de una advertencia atendible, porque ninguna infraestructura puede garantizar una protección absoluta frente a todos los fenómenos meteorológicos. Pero esa limitación tampoco debería convertirse en una explicación suficiente para justificar que determinados barrios y localidades continúen padeciendo inundaciones recurrentes.
La prevención requiere mucho más que intervenciones puntuales: demanda planificación territorial, mantenimiento permanente, infraestructura dimensionada según estudios técnicos, control de los asentamientos en zonas de riesgo y, cuando corresponda, programas de relocalización que ofrezcan alternativas habitacionales seguras.
La verdadera planificación debería evitar damnificados, no solamente asistirlos
Que el Ministerio de Desarrollo Social tenga capacidad para asistir a 8.000 familias puede interpretarse como una muestra de organización frente a una eventual emergencia. Pero también debería encender una alarma sobre la cantidad de hogares que podrían necesitar ayuda estatal si las precipitaciones provocan nuevas inundaciones.
El Gobierno provincial enfrenta así un desafío que excede la distribución de recursos después de cada tormenta. Debe demostrar que las inversiones anunciadas forman parte de una estrategia capaz de modificar una realidad que se repite, especialmente en las comunidades históricamente castigadas por el agua.
La diferencia entre una política preventiva y una esencialmente asistencialista no está en abandonar a quienes sufren una inundación, sino en las prioridades y los resultados de la gestión. La primera busca reducir el número de damnificados; la segunda concentra sus esfuerzos en responder una vez producido el daño. Ambas pueden ser necesarias, pero cuando las emergencias se repiten, la asistencia termina exhibiendo aquello que la prevención todavía no consiguió resolver.
El verdadero éxito del Gobierno no debería medirse por su capacidad para repartir ayuda a 8.000 familias, sino por lograr que esas 8.000 familias no necesiten recibirla. Mientras esa transformación no se concrete, cada nueva temporada de lluvias seguirá encontrando a Tucumán preparado para atender las consecuencias de las inundaciones, pero sin haber eliminado las causas que mantienen a miles de hogares en situación de vulnerabilidad.
