La intendenta Alejandra Rodríguez y el diputado Javier Noguera encabezaron el rechazo a la decisión nacional sobre los históricos talleres, mientras el Concejo Deliberante aprobó recurrir a la Justicia. Sin embargo, detrás de la consigna de que el predio no se remata aparece un detalle que el discurso político parece pasar por alto: la resolución cuestionada no dispone la venta de los terrenos, sino su asignación para una futura concesión de uso.
La histórica disputa por el futuro de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo sumó un nuevo capítulo, esta vez con una combinación de declaraciones políticas, banderas desplegadas durante el Festival Nacional del Limón y una ordenanza municipal que promete trasladar el conflicto a los tribunales. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una iniciativa para cuestionar judicialmente la Resolución 1761/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, mediante la cual se asignaron determinados sectores del predio a Belgrano Cargas y Logística, en el marco del proceso de privatización de la compañía. La intendenta Alejandra Rodríguez celebró la decisión y aseguró que defenderá el patrimonio de los taficeños, mientras que el diputado Javier Noguera se sumó a la protesta con una consigna contundente: los talleres no se rematan. El problema es que, al revisar el contenido de la resolución nacional, la situación resulta bastante menos sencilla que la presentada desde el escenario político.
La medida firmada por el ministro Luis Caputo, publicada en el Boletín Oficial el 7 de octubre, establece la asignación de una parte de los inmuebles ferroviarios que actualmente se encuentran bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima. La finalidad es posibilitar una posterior concesión de uso a operadores privados. No dispone la venta de las aproximadamente 23 hectáreas que integran el establecimiento ni acredita que exista una subasta en marcha. Se trata de una diferencia jurídica importante, especialmente cuando buena parte del rechazo político se construye alrededor de la posibilidad de que el patrimonio ferroviario termine rematado.
Mucha defensa del patrimonio, pero ¿qué se está defendiendo exactamente?
Durante el Festival Nacional del Limón, Rodríguez, Noguera y otros dirigentes exhibieron una bandera con la leyenda que rechaza el supuesto remate de los talleres. La imagen tuvo impacto político y apeló a un sentimiento profundamente arraigado en Tafí Viejo, una ciudad cuya identidad, crecimiento y desarrollo industrial estuvieron estrechamente ligados al ferrocarril. Sin embargo, la emotividad de una consigna no alcanza para explicar los alcances reales de una decisión administrativa ni para demostrar que exista una amenaza concreta de venta de los terrenos.
El Gobierno nacional impulsa la incorporación de operadores privados mediante un esquema de concesiones, dentro del proceso de privatización de Belgrano Cargas previsto en la Ley 27.742. Según la posición oficial, los terrenos y las vías continuarán perteneciendo al Estado nacional. Esto no significa que la medida deba quedar libre de cuestionamientos: una concesión mal diseñada podría comprometer la conservación de edificios históricos, las condiciones laborales o la continuidad de determinadas actividades. Pero discutir esos riesgos exige distinguirlos de una venta que, al menos en la resolución cuestionada, no está dispuesta.
La Municipalidad cuenta además con antecedentes de protección patrimonial. En 2022, el Concejo Deliberante declaró a los talleres Bien Urbano Histórico Patrimonial y, en 2024, reconoció el interés cultural de su archivo documental y fotográfico. Son decisiones relevantes para preservar la memoria ferroviaria, aunque una declaración patrimonial municipal no equivale automáticamente a tener la propiedad de los inmuebles ni demuestra, por sí sola, que cualquier concesión resulte ilegal.
En ese contexto, la discusión debería avanzar más allá de las consignas. ¿Qué disposiciones concretas de la resolución lesionan las facultades municipales? ¿Cuáles son los edificios o espacios patrimoniales que podrían verse afectados? ¿Qué garantías reclama el municipio para protegerlos? Esas respuestas serán mucho más importantes que cualquier fotografía de dirigentes levantando una bandera.
Los talleres fueron símbolo de trabajo durante décadas: ¿cuál es el proyecto para recuperar ese protagonismo?
La historia de los Talleres Ferroviarios explica por qué cualquier decisión sobre su futuro provoca reacciones. Desde su construcción a principios del siglo XX, el complejo se convirtió en uno de los principales centros industriales ferroviarios del país. En sus épocas de mayor actividad llegó a emplear a más de 5.500 trabajadores y fue determinante para la expansión urbana, económica y social de Tafí Viejo. Después llegaron los cierres, las reaperturas, los períodos de abandono y los sucesivos intentos de recuperación que no consiguieron devolverle aquella dimensión productiva.
Precisamente por ese pasado, el debate merece algo más que una confrontación entre dirigentes municipales y autoridades nacionales. Durante años, los distintos gobiernos reivindicaron la importancia histórica del establecimiento, pero su recuperación como gran generador de empleo continúa siendo una deuda. La defensa de los talleres no puede agotarse en preservar sus paredes o su denominación patrimonial: también debería contemplar la recuperación de capacidades industriales, la modernización tecnológica, la formación de trabajadores y la generación de oportunidades laborales.
Los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo merecen una discusión seria sobre su futuro, especialmente por lo que representaron para generaciones de trabajadores y por lo que todavía podrían aportar al desarrollo regional. Su valor histórico no está en discusión. Lo que sí debería discutirse es quién presenta un proyecto viable para recuperar su potencial productivo y quién se limita a capitalizar políticamente su simbolismo.
Porque defender los talleres puede ser una causa legítima, pero convertirlos en una bandera política no equivale a ponerlos nuevamente a producir. Y entre un remate que la resolución no dispone y una recuperación industrial que todavía necesita respuestas concretas, los taficeños tienen derecho a exigir bastante más que discursos, fotografías y promesas judiciales.
