La amenaza del denominado “Súper Niño” se instaló en el discurso de las autoridades tucumanas como uno de los principales motivos de preocupación de cara a la próxima temporada de lluvias. Sin embargo, una declaración surgida del propio gabinete de la intendenta Rossana Chahla expuso una realidad bastante más incómoda: San Miguel de Tucumán no necesita una tormenta extraordinaria para inundarse.
El reconocimiento llegó de boca del ingeniero Claudio Fernando Bravo, secretario de Obras Públicas municipal, durante una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Tucumán.
“Tucumán vive con el agua. Siempre hemos tenido eventos graves. ¿Qué es lo que pasa? La infraestructura está colapsada”, afirmó el funcionario.
La contundencia de sus palabras abre un interrogante que trasciende cualquier pronóstico meteorológico: ¿cuánto de las inundaciones que padecen los tucumanos responde a fenómenos naturales y cuánto a la falta de inversiones y planificación de quienes tienen la responsabilidad de gobernar?
Un diagnóstico que incomoda al discurso oficial
Mientras Chahla viene poniendo énfasis en los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y en la necesidad de preparar planes de contingencia, Bravo introdujo un elemento que obliga a ampliar la discusión. “Puede haber lluvias importantes con más frecuencia, pero no van a ser muy superiores a lo normal”, explicó el especialista, antes de describir las graves limitaciones de la infraestructura capitalina.
El funcionario recordó que varios de los principales canales de desagüe fueron construidos durante la década de 1970, cuando la ciudad tenía características urbanísticas muy diferentes. Desde entonces, San Miguel de Tucumán creció, se multiplicaron las construcciones, se impermeabilizaron superficies y se avanzó sobre espacios que históricamente permitían la circulación natural del agua.
El resultado es una ciudad que, según el diagnóstico del propio municipio, tiene dificultades para evacuar las precipitaciones.
Bravo incluso reconoció la existencia de canales que estuvieron años sin mantenimiento, desagües subterráneos de los que faltan planos y sectores urbanizados sobre antiguos cauces naturales.
“Nosotros mismos nos generamos los problemas”, advirtió.
La frase resulta especialmente significativa porque desplaza parte de la explicación desde el cielo hacia las decisiones humanas. El fenómeno meteorológico podrá incrementar los riesgos, pero la vulnerabilidad de la ciudad es consecuencia también de cómo fue administrado y transformado su territorio.
En otras palabras, no se puede controlar cuánto llueve, pero sí existen decisiones políticas y obras capaces de reducir las consecuencias de esas lluvias.
Las obras que llegan después de décadas de problemas
La Municipalidad capitalina sostiene que está ejecutando intervenciones para mejorar la situación. Entre ellas aparecen los trabajos hidráulicos del barrio 360 Viviendas y el Sistema de Desagüe Noreste, destinado a beneficiar a Margaritas, SITRAVI, Villa 9 de Julio y otros sectores.
Este último proyecto contempla una inversión superior a los $1.543 millones, financiada entre el Municipio y la Provincia, y tiene un plazo estimado de ejecución de cinco a seis meses.
Son intervenciones concretas que deben reconocerse. Sin embargo, su existencia no elimina la pregunta sobre la magnitud de las soluciones pendientes. Si los problemas de anegamiento son históricos y los grandes canales llevan décadas sin adecuarse al crecimiento urbano, ¿por qué las obras estructurales no avanzaron antes al ritmo que exigía la ciudad?
La propia Chahla reconoció recientemente que los desagües y la infraestructura no acompañaron la expansión de San Miguel de Tucumán. Pero el diagnóstico también compromete a quienes hoy ejercen el poder.
La intendenta gobierna la Capital desde diciembre de 2023 y mantiene una relación de cooperación política e institucional con el gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos han anunciado proyectos conjuntos para enfrentar las inundaciones y comparten responsabilidades en su financiamiento.
Es cierto que los problemas hidráulicos no nacieron con esta administración y que anteriores gestiones municipales, incluso de diferente signo político, también tienen responsabilidades. Tampoco puede ignorarse que determinadas obras dependen de organismos provinciales y nacionales.
Pero heredar un problema no exime de la obligación de resolverlo, especialmente cuando los propios especialistas oficiales vienen identificando sus causas.
Bravo reconoció que las soluciones son costosas y que las inversiones deben realizarse por etapas. “Son obras sucias, son obras caras, pero hay que hacerlo”, sostuvo.
Ese reconocimiento plantea otra cuestión: las obras subterráneas no suelen ofrecer la misma visibilidad política que una plaza remodelada, una avenida embellecida o una intervención urbana fácilmente exhibible.
Sin embargo, para los vecinos que ven ingresar el agua a sus viviendas, la prioridad difícilmente pueda estar en la estética de la ciudad cuando todavía existen problemas elementales de infraestructura.
El agua no tiene color político, pero las responsabilidades sí tienen nombre
Durante su exposición, Bravo intentó alejar el problema de las disputas partidarias. “Esto ya no tiene color político”, afirmó al reclamar mayor coordinación entre los organismos responsables de canales, rutas y ríos.
La observación tiene fundamento técnico: el agua no reconoce jurisdicciones ni diferencias partidarias. Pero tampoco debería convertirse en un argumento para diluir las responsabilidades de quienes administran los recursos públicos.
Durante décadas, distintos gobiernos tuvieron la posibilidad de proyectar, financiar y ejecutar obras de infraestructura. La realidad que describe el secretario de Obras Públicas demuestra que esos esfuerzos resultaron insuficientes frente al crecimiento urbano.
El propio municipio cuenta ahora con relevamientos realizados mediante tecnología LiDAR, capaces de identificar desniveles, antiguos cursos de agua y sectores especialmente vulnerables.
Es decir, existen herramientas para diagnosticar dónde están los problemas y orientar las soluciones.
Lo que queda por demostrar es si habrá recursos, continuidad y decisión política suficientes para transformar esos diagnósticos en resultados concretos.
Chahla advirtió recientemente que existen asentamientos próximos a ríos y canales donde las obras no pueden eliminar completamente el riesgo, y planteó la necesidad de elaborar mapas de inundabilidad y sistemas de alerta temprana.
Se trata de medidas necesarias para proteger vidas. Pero la prevención de emergencias no debería reemplazar a una política sostenida de infraestructura.
La advertencia del propio Bravo permite establecer una distinción fundamental: una lluvia excepcional puede superar cualquier sistema de drenaje, pero una infraestructura colapsada también puede generar inundaciones ante precipitaciones que no sean extraordinarias.
Y es precisamente allí donde el discurso sobre el “Súper Niño” encuentra sus límites.
Porque si la ciudad se inunda por canales insuficientes, antiguos cauces ocupados, falta de mantenimiento y obras demoradas durante décadas, la explicación no puede terminar en un fenómeno climático.
La próxima temporada de tormentas pondrá nuevamente a prueba la capacidad de respuesta de la Capital. Pero el verdadero examen para la gestión municipal no debería ser solamente cuántas familias logra asistir cuando llega el agua, sino cuántas consigue evitar que vuelvan a inundarse.
El “Súper Niño” podrá servir para explicar la intensidad de determinadas precipitaciones. Lo que difícilmente pueda explicar es por qué, después de tantos años de gobiernos, anuncios y proyectos, la propia Municipalidad reconoce que la infraestructura de la ciudad está colapsada.
La lluvia es un fenómeno natural. Que una ciudad siga sin estar suficientemente preparada para recibirla es también un problema de gestión.
