En la madrugada del 30 de enero de 1992, una esquina de San Miguel de Tucumán se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más controvertidos de la historia policial de la provincia.
En la intersección de avenida España y República del Líbano, un grupo de hombres fuertemente armados emboscó un Renault 18 en el que viajaban dos personas: el oficial de Policía Juan Andrés Salinas y Ángel “El Mono” Ale, integrante de una familia que adquiriría creciente notoriedad pública en Tucumán.
Los atacantes descargaron decenas de disparos. Salinas murió acribillado. Ale logró escapar con lesiones leves.
Aquella madrugada comenzó una investigación que atravesaría distintas hipótesis, detenciones, acusaciones contra policías y decisiones judiciales controvertidas.
Lo que parecía un ataque mafioso terminó mostrando algo todavía más inquietante: las sospechas de que detrás de la emboscada podían encontrarse miembros de la propia fuerza policial.
Una emboscada que dejó demasiadas preguntas
Según las reconstrucciones periodísticas del expediente, Salinas había buscado a Ale en un bar cercano a la Plazoleta Mitre para conversar en privado. Ambos salieron en el automóvil del policía.
Al llegar a España y República del Líbano, el vehículo fue interceptado por un Renault 12 y un Ford Falcon. Varios hombres descendieron armados con pistolas, escopetas y fusiles.
Los disparos fueron numerosos. Las crónicas posteriores describieron más de cuarenta detonaciones y señalaron que el oficial recibió incluso un disparo en la nuca a corta distancia.
El ataque presentaba características de una ejecución planificada.
Sin embargo, la pregunta central nunca recibió una respuesta judicial definitiva: ¿Salinas era el objetivo de la emboscada o murió durante un atentado dirigido contra Ángel Ale?
Durante la investigación circularon distintas hipótesis. Ninguna llegó a traducirse en una condena por el homicidio.
El Comando Atila y las sospechas sobre la propia Policía
A medida que avanzaba la investigación, los fiscales Esteban Jerez y Gustavo Estofán comenzaron a reunir elementos que orientaban las sospechas hacia miembros del denominado Comando Atila.
Se trataba de un grupo parapolicial integrado por efectivos y exintegrantes de la fuerza, cuya actividad había provocado polémicas durante los años ochenta y comienzos de los noventa.
Entre sus figuras más conocidas aparecía Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra, aunque su notoriedad dentro del grupo no implica que hubiera sido autor del asesinato de Salinas.
Los investigadores analizaron posibles enfrentamientos entre integrantes del comando y el entorno de los Ale.
También se examinaron presuntas disputas alrededor de la explotación de máquinas de juego y otras actividades económicas cuya legalidad o control eran objeto de controversia.
Según declaraciones de antiguos investigadores, una de las hipótesis apuntaba a una represalia relacionada con un episodio ocurrido en El Cadillal, donde miembros del entorno de Ale habían tenido un enfrentamiento con policías.
Otra línea de investigación vinculó el crimen con posibles conflictos alrededor del tráfico de drogas.
Estas explicaciones fueron hipótesis investigativas, no hechos establecidos por una sentencia condenatoria.
La sospecha de una zona liberada
Uno de los aspectos más inquietantes de la investigación fue la posibilidad de que los atacantes hubieran contado con facilidades desde sectores de la propia institución policial.
Los fiscales analizaron la actuación de Camilo Orce, un funcionario policial que se encontraba de turno aquella noche, por la sospecha de que la zona del ataque había sido deliberadamente liberada.
También se investigó la procedencia de un arma perteneciente a la fuerza que habría sido utilizada en el atentado.
En marzo de 1993 se ordenaron detenciones de varios policías relacionados con el Comando Atila.
El expediente llegó a reunir declaraciones, indicios materiales y testimonios sobre los movimientos de los sospechosos antes y después de la emboscada.
Sin embargo, aquellas acusaciones no consiguieron superar el recorrido judicial necesario para producir una sentencia condenatoria por el asesinato.
Los Ale, el juicio y un expediente que comenzó a desmoronarse
La investigación también había involucrado inicialmente a Ángel y Rubén Ale y a otros integrantes de su entorno.
Después del ataque, la Policía encontró armas en el sanatorio donde se había internado “El Mono” Ale y en otras propiedades vinculadas con la familia.
En febrero de 1994 se desarrolló un juicio relacionado con presuntos delitos de asociación ilícita y tenencia de armas de guerra.
La resolución no estableció responsabilidades de los Ale por el asesinato.
El tribunal absolvió a la mayoría de los acusados y condenó a Julio Gutiérrez y Carlos Aráoz por tenencia de armas de guerra, a tres años de prisión en suspenso.
Pero la investigación sobre quién había matado a Salinas continuaba abierta.
En abril de 1994, una decisión de la Cámara de Apelaciones modificó imputaciones, anuló el requerimiento de elevación a juicio del homicidio y ordenó continuar investigando.
Varios sospechosos recuperaron la libertad. El expediente atravesó después cambios de fiscales y sucesivos obstáculos procesales, hasta quedar finalmente en manos de Carlos Albaca.
Con el transcurso de los años, los acusados fueron obteniendo sobreseimientos por prescripción. La consecuencia fue definitiva: el asesinato de Juan Andrés Salinas quedó sin responsables penalmente condenados.
Las amenazas y el silencio
La historia del caso no se limitó a sus imputados. Los funcionarios que participaron en la investigación relataron haber recibido presiones y amenazas. También hubo testimonios sobre personas que temían declarar por posibles represalias.
El exjuez Jorge Lobo Aragón recordó años después las dificultades de investigar un expediente en el que se encontraban involucrados policías y personas con importantes conexiones.
La familia de Salinas, entretanto, reclamaba justicia. En diciembre de 1994, su viuda, Eugenia del Tránsito Salinas, publicó una carta en LA GACETA en la que cuestionó el silencio de parte de la institución a la que había pertenecido su marido.
El oficial había muerto violentamente, pero su familia seguía sin obtener una respuesta sobre los responsables.
Treinta y cuatro años después: ¿qué quedó sin explicar?
El caso Salinas representa una de las páginas más oscuras de la historia policial tucumana.
No porque exista una sentencia que permita afirmar quiénes organizaron la emboscada, sino precisamente porque las graves acusaciones que llegaron a formularse nunca pudieron resolverse mediante un juicio por el homicidio.
Quedaron preguntas que todavía merecen atención histórica:
- ¿Quién organizó el ataque y cuál era su verdadero objetivo?
- ¿Por qué se sospechó de una posible participación de integrantes de la propia Policía?
- ¿Qué ocurrió con las pruebas y los testimonios reunidos por los investigadores?
- ¿Qué responsabilidades institucionales pueden identificarse en la demora que condujo a la prescripción?
- ¿Por qué un asesinato de semejante magnitud terminó sin condenados?
La revisión de este expediente no permite atribuir responsabilidades penales nuevas ni desconocer las decisiones judiciales que beneficiaron a los acusados. Sí permite examinar cómo una investigación por un crimen de enorme repercusión terminó perdiendo su posibilidad de llegar a juicio.
Treinta y cuatro años después, el nombre de Juan Andrés Salinas permanece asociado a una paradoja: un policía asesinado, otros policías investigados y una Justicia que dejó transcurrir el tiempo hasta que el homicidio quedó impune.
