La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez dio en las últimas horas un giro de enorme peso probatorio. Los estudios genéticos incorporados al expediente confirmaron que ADN de Felipe “El Militar” Sosa fue hallado en el cuerpo de la joven, un resultado que profundiza su situación procesal y fortalece la hipótesis que vienen sosteniendo los investigadores desde el comienzo: que el principal imputado fue la última persona que estuvo con la víctima antes de su muerte.
La novedad no aparece como un dato más dentro de una causa ya compleja, sino como una prueba que reordena la lectura de todo el caso. Desde el inicio se sabía, por distintos elementos de la pesquisa, que Érika había ingresado a la vivienda de Sosa, en Yerba Buena, durante la madrugada del 7 de enero. Pero una cosa era reconstruir ese recorrido y otra muy distinta era contar con un resultado pericial que ubique material genético del acusado en el cuerpo de la víctima. En investigaciones de este tipo, esa diferencia es decisiva, porque permite respaldar con evidencia científica lo que antes se sostenía sobre indicios, testimonios y reconstrucciones parciales.
El hallazgo, además, cobra un valor todavía mayor por el contexto en el que apareció el cuerpo de la joven: oculto en bolsas de consorcio y abandonado en un basural de Manantial Sur. Esa secuencia ya mostraba, de por sí, una maniobra de descarte y encubrimiento. Ahora, con la nueva prueba genética, la acusación contra Sosa deja de apoyarse sólo en la sospecha de que el crimen ocurrió en su entorno y empieza a afirmarse sobre un elemento técnico que lo compromete de manera mucho más directa.
Se debilita la estrategia defensiva y se abre la puerta a un agravamiento
Uno de los efectos inmediatos de la pericia es el golpe que le asesta a la línea defensiva que venía intentando instalar el entorno del imputado. Hasta ahora, una de las versiones que circulaban era que la muerte de Érika podría haber ocurrido en el marco de una situación trágica vinculada al consumo de drogas, más cerca de un desenlace accidental que de un homicidio intencional. El nuevo cuadro pericial debilita esa hipótesis, sobre todo porque los rastros encontrados debajo de las uñas de la víctima son interpretados por los investigadores como un posible signo de resistencia o defensa.
Ese punto es especialmente sensible. Si la víctima intentó defenderse, el caso ya no puede leerse como un episodio confuso o una muerte derivada de un contexto desbordado, sino como un hecho atravesado por violencia física y por una mecánica que exige una calificación penal más severa. Por eso, en el expediente ya se menciona la posibilidad de que la acusación contra Sosa sea agravada. Entre las figuras que podrían incorporarse aparece la de femicidio, que contempla prisión perpetua.
En términos judiciales, el hallazgo de ADN no cierra la causa, pero sí modifica su densidad. El fiscal Pedro Gallo esperaba justamente esta prueba para consolidar la línea acusatoria. Ahora, con ese respaldo técnico, el escenario cambia para todos: para el acusado principal, porque queda más comprometido; para la querella, porque suma una evidencia fuerte; y para la defensa, porque pierde margen para sostener interpretaciones alternativas del hecho. El expediente entra así en una etapa en la que ya no alcanza con relativizar lo ocurrido: habrá que responder frente a una prueba que golpea en el núcleo mismo del caso.
Qué pasa con los otros imputados y por qué el caso sigue abierto
La nueva pericia no impacta de la misma manera sobre todos los acusados. En el caso de Justina Gordillo, funcionaria judicial y pareja de Sosa al momento de los hechos, los análisis no detectaron rastros genéticos suyos en el cuerpo de la víctima. Ese dato podría aliviar, al menos parcialmente, su situación respecto de la hipótesis de una participación directa en el momento del crimen. Sin embargo, eso no equivale a un desligamiento automático: su situación procesal sigue atada a la sospecha de encubrimiento y a otros elementos que la Fiscalía todavía analiza dentro del expediente.
Algo similar ocurre con Jorge “Chicho” Díaz y Nicolás Navarro Flores. Según la investigación, la presunta intervención de ambos no habría sido en el momento del asesinato, sino después, en tareas vinculadas a la limpieza de la escena y al traslado o abandono del cuerpo. En otras palabras, el ADN hallado en Érika parece estrechar el cerco sobre Sosa como autor central, pero deja todavía abiertas las preguntas sobre quiénes ayudaron a borrar rastros, mover el cadáver y construir el encubrimiento posterior.
Por eso, aunque la prueba genética aparece como un hito, la causa está lejos de cerrarse. Quedan por delante nuevas declaraciones, eventuales reacomodamientos defensivos y, sobre todo, la decisión de la Fiscalía sobre un posible agravamiento de las imputaciones. El expediente avanza hacia una etapa más áspera, donde cada prueba ya no sólo suma información, sino que redefine posiciones y responsabilidades.
Lo que surge con más claridad después del resultado pericial es esto: la causa por el crimen de Érika Álvarez dejó de moverse en el terreno de las conjeturas principales y empezó a apoyarse en evidencia científica de alto impacto. Y cuando eso ocurre, la discusión judicial cambia de nivel. Ya no se trata sólo de reconstruir qué pasó en esa casa de Yerba Buena, sino de establecer con qué grado de brutalidad ocurrió, quiénes participaron y cuánto más grave puede volverse la acusación en los próximos días.
