La clausura del Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda generó desconcierto y malestar entre profesores y alumnos que, de un día para otro, se encontraron con las puertas cerradas, cadenas en los accesos y custodia de la Policía Federal.
El predio de calle Suipacha al 100 dejó de funcionar de manera sorpresiva. Las clases fueron suspendidas y quienes desarrollaban actividades deportivas en el lugar aseguran que no recibieron una explicación clara sobre los motivos de la medida ni sobre cuándo podrán regresar.
Detrás del cierre aparece un conflicto por la situación legal y administrativa del inmueble entre el Ferrocarril Belgrano y quienes tenían a su cargo la administración del complejo. Sin embargo, para los cientos de usuarios afectados, el dato más inquietante es otro: quedaron atrapados en una disputa ajena y sin respuestas concretas.
Un cierre sorpresivo y sin explicaciones
Profesores de distintas disciplinas se enteraron de la clausura cuando el procedimiento ya estaba en marcha. Según relató Adolfo Anta, docente de Aikido en el lugar desde el año 2000, recibió un llamado en el que le avisaron que personal de la Policía Federal se encontraba en el complejo y que estaban cerrando las instalaciones.
El profesor calificó la forma del procedimiento como sorpresiva y abusiva. Además, aseguró que los espacios deportivos abonaban regularmente por el uso de las instalaciones.
El reclamo abre uno de los interrogantes más incómodos de la situación: si existía un conflicto previo por el predio, ¿por qué los profesores y alumnos aparentemente no fueron advertidos con anticipación para reorganizar sus actividades?
Mientras ese interrogante sigue sin una respuesta oficial, los usuarios solo pueden ingresar de manera limitada para retirar pertenencias y equipamiento.
La Provincia tomó distancia del conflicto
En medio de la incertidumbre, la Secretaría de Deportes de Tucumán aclaró que no forma parte de la disputa. Su titular, Diego Erroz, explicó que se trata de un conflicto entre el Ferrocarril Belgrano y los responsables de la administración del complejo.
La aclaración marca distancia institucional, pero no soluciona el problema inmediato de quienes utilizaban el predio. Aikido, Taekwondo, Judo, fútbol, básquet y vóley son algunas de las disciplinas que quedaron sin actividad a raíz de la clausura.
La controversia pasa así por la falta de una transición o una respuesta concreta para la comunidad deportiva. Más allá de quién tenga razón en la disputa por el inmueble, profesores y alumnos quedaron en el medio de una pelea administrativa y legal que no protagonizaron.
¿Quién responde por los profesores y alumnos?
La escena del complejo cerrado, con cadenas, carteles que advierten que se trata de propiedad del Ferrocarril Belgrano y presencia policial, contrasta con la actividad deportiva que durante años se desarrolló en el lugar.
Por ahora, no hay certezas sobre cuándo podrían retomarse las clases. Tampoco se informó públicamente qué alternativa tendrán las disciplinas afectadas mientras se resuelve el conflicto por el predio.
La clausura deja entonces una controversia que excede la discusión sobre la propiedad o administración del inmueble: mientras las partes dirimen sus diferencias, una comunidad deportiva completa permanece sin actividad, con sus pertenencias dentro del complejo y sin saber cuándo podrá volver.
El cierre podrá tener una discusión legal de fondo, pero la forma en la que se ejecutó ya generó cuestionamientos: una medida repentina, profesores sorprendidos y decenas de actividades paralizadas sin que, hasta ahora, alguien les haya dado una respuesta concreta.
