Carlos Cisneros sumó este jueves 12 de marzo un problema político de otra escala. El proyecto de resolución presentado por la diputada libertaria Lilia Lemoine no implica todavía un desafuero inmediato, pero sí empuja al tucumano a una instancia institucional incómoda: que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja analice con urgencia si corresponde aplicar sanciones disciplinarias y avanzar sobre sus fueros, a partir de la causa en la que se pidió su citación a indagatoria por presunta trata de personas.
El dato más sensible para Cisneros es que el expediente ya dejó de orbitar sólo en el plano judicial. Ahora entró de lleno en la lógica del Congreso, donde el oficialismo nacional busca instalar que el Parlamento no puede quedar al margen mientras avanza la investigación. Según la presentación de Lemoine, el planteo se apoya en el artículo 66 de la Constitución y en la notificación cursada a la Cámara sobre la situación procesal del diputado, lo que convierte el caso en una discusión política de alta exposición.
La defensa denuncia una maniobra, pero el margen se achica
La reacción del entorno del dirigente bancario fue inmediata. Su abogado, Juan Andrés Robles, sostuvo que el planteo es infundado y lo leyó como una maniobra política destinada a desviar la atención del escándalo que involucra al vocero Manuel Adorni y el uso del avión presidencial. También remarcó que, a su criterio, no existe aún un pedido judicial de desafuero porque el requerimiento mencionado proviene del Ministerio Público Fiscal y no de un juez.
Sin embargo, aun con esa defensa, el cuadro político para Cisneros se volvió más áspero. El oficialismo libertario consiguió instalar una escena de cerco institucional y de presión pública sobre su banca, con apoyos en redes de otros diputados nacionales. En los hechos, aunque el desafuero no sea automático ni inminente, el dirigente tucumano quedó forzado a jugar a la defensiva en el Congreso, justo cuando el caso ya tiene impacto nacional y cuando la acusación golpea de lleno sobre su figura sindical y política.
La ruptura con Jaldo lo encuentra con menos resguardo político
Ese avance sobre su situación en Diputados llega, además, en el peor momento de su vínculo con Osvaldo Jaldo. A fines de enero, el gobernador desplazó a la conducción de la Caja Popular de Ahorros ligada al espacio de Cisneros, negó que la decisión obedeciera a la interna del PJ, pero al mismo tiempo dejó una señal de autoridad al afirmar que “nadie es dueño de las instituciones”. En la práctica, aquella jugada fue leída como un corte político con uno de los sectores que hasta entonces conservaba poder propio dentro del peronismo tucumano.
Desde entonces, Cisneros quedó más expuesto. En Diputados apareció entre los peronistas no alineados con Jaldo y mantuvo posiciones enfrentadas tanto con el Gobierno nacional como con el esquema político que responde al mandatario tucumano. Esa combinación hoy le pasa factura: mientras la Casa de Gobierno ya había marcado distancia de su estructura territorial, ahora la Cámara baja empieza a discutir formalmente su situación. Lo que antes era una tensión interna del peronismo tucumano se transformó en un problema de supervivencia política más amplio.
Por eso, las horas que se abren son probablemente las más complejas para Cisneros en mucho tiempo. Tiene una causa judicial que escala, un oficialismo nacional decidido a ponerlo en el centro de la escena y un enfrentamiento con Jaldo que le quitó una parte central de su blindaje local. En ese cruce de presiones, el diputado ya no pelea sólo por su defensa penal: pelea también por no quedar aislado en ambos tableros, el de Buenos Aires y el de Tucumán.
