Hay crímenes que la Justicia consigue esclarecer, pero cuyas consecuencias siguen abiertas durante décadas. La desaparición de Milagros de los Ángeles Avellaneda y su pequeño hijo Benicio Coronel es uno de ellos.
El 28 de octubre de 2016, Milagros, de 26 años, salió de su casa del barrio Lola Mora, en San Miguel de Tucumán, acompañada por Benicio, que tenía apenas un año y ocho meses.
Iba a encontrarse con Roberto Carlos Rejas, padre biológico del niño y por entonces integrante del Servicio Penitenciario de Tucumán.
Nadie volvió a verlos.
La investigación terminaría demostrando que ambos habían sido asesinados y que Rejas era el responsable. Sin embargo, nunca se logró determinar dónde quedaron sus cuerpos. Y cuando parecía que la condena cerraba el capítulo judicial más importante, una fuga inexplicable volvió a poner bajo sospecha el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar su detención.
Una relación conflictiva y un encuentro sin regreso
Milagros había conocido a Rejas en 2014. De aquella relación nació Benicio, cuya paternidad se convirtió en un motivo de conflicto entre ambos. Según la reconstrucción judicial, Rejas se resistía a reconocer al niño. Milagros insistía en que asumiera sus responsabilidades. Un estudio genético realizado durante la investigación confirmó que Rejas era el padre biológico.
El 28 de octubre de 2016, madre e hijo se encontraron con él.
La investigación determinó que estuvieron en la zona del parque 9 de Julio, dentro del automóvil del entonces agente penitenciario. Durante aquel encuentro, Milagros consiguió comunicarse con una amiga. En los mensajes relató que Rejas la estaba golpeando. Aquellas comunicaciones terminarían convirtiéndose en una de las pruebas centrales del expediente. Después, el teléfono de Milagros dejó de registrar actividad.
Su familia nunca volvió a tener noticias de ella ni del pequeño Benicio.
Una investigación sin cuerpos
La desaparición dio comienzo a una investigación que rápidamente se concentró en Roberto Rejas.
Los investigadores reconstruyeron sus movimientos y analizaron su automóvil, un Volkswagen Gol Trend. Los peritajes detectaron rastros compatibles con sangre humana, aunque no fue posible determinar mediante un perfil genético completo a quién pertenecían. También se encontraron indicios de que el vehículo había sido sometido a una limpieza intensa.
Durante el juicio se analizaron los cambios realizados en el interior del automóvil y las explicaciones que el acusado había proporcionado sobre su estado. Otro elemento de relevancia surgió de sus dispositivos electrónicos. Los investigadores encontraron una búsqueda en internet relacionada con la descomposición rápida de cadáveres.
La defensa ofreció una explicación alternativa para esa consulta, vinculándola con actividades de formación en criminalística. Sin embargo, la Fiscalía consideró que, junto con las restantes pruebas, constituía un indicio importante para reconstruir lo ocurrido.
Los registros telefónicos también permitieron establecer desplazamientos del acusado por distintas zonas de Tucumán. Los investigadores analizaron la posibilidad de que hubiera trasladado los cuerpos hacia el sur provincial.
Pero las búsquedas no permitieron encontrarlos.
El peso de las relaciones con las fuerzas de seguridad
Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue la trayectoria profesional y familiar del acusado. Rejas había trabajado en el Servicio Penitenciario provincial y tenía conocimientos relacionados con procedimientos policiales y criminalísticos.
Su entorno también mantenía vínculos profesionales con organismos de seguridad. Estas circunstancias despertaron sospechas sobre la posibilidad de que hubiera recibido colaboración para ocultar pruebas o evitar su identificación.
Durante el juicio se analizaron conductas de otras personas y posibles maniobras de encubrimiento. Pero las sospechas no equivalen a responsabilidades judicialmente demostradas.
En septiembre de 2021, el tribunal absolvió a Alicia Estefanía Ávila y a Marcelo Fabián Gómez, quienes también habían llegado al proceso como acusados. Por lo tanto, no corresponde presentar a esas personas como partícipes acreditados del doble crimen.
La responsabilidad penal establecida por el tribunal recayó sobre Roberto Carlos Rejas.
Septiembre de 2021: prisión perpetua
Después de casi cinco años de investigación, el 22 de septiembre de 2021 la Sala II de la Cámara Penal Conclusional de Tucumán dictó sentencia. El tribunal estuvo integrado por Stella Maris Arce, Alicia Beatriz Freidenberg y Eduardo Romero Lascano.
Los magistrados condenaron a Roberto Carlos Rejas a prisión perpetua por los homicidios agravados de Milagros Avellaneda y Benicio Coronel. La decisión tuvo una característica especialmente relevante: la condena se dictó sin que los cuerpos de las víctimas hubieran sido encontrados.
Los jueces consideraron que el conjunto de las pruebas reunidas permitía establecer la responsabilidad penal del acusado. Los mensajes enviados por Milagros, los estudios realizados en el automóvil, los registros telefónicos y las restantes evidencias fueron examinados durante diecisiete jornadas de debate.
La ausencia de los cuerpos no impidió llegar a una conclusión condenatoria. En la resolución también se contempló la posibilidad de reevaluar la pena si Rejas proporcionaba información que permitiera localizar los restos.
Aquella disposición reflejaba la dimensión de la incertidumbre que continuaba atravesando a la familia. La Justicia había determinado quién los mató.
Pero todavía no podía decir dónde estaban.
La fuga que provocó un escándalo institucional
Cinco días después de escuchar la condena, Roberto Rejas protagonizó uno de los episodios más polémicos del expediente. El 27 de septiembre de 2021 se escapó del Cuartel General de Bomberos de la Policía de Tucumán, donde permanecía alojado.
Según la reconstrucción de los hechos, había solicitado permiso para ducharse. Aprovechó esa circunstancia para escapar por una abertura del baño.
La fuga provocó una reacción inmediata de las autoridades y fuertes cuestionamientos a las condiciones de custodia.
¿Cómo había conseguido escapar una persona que acababa de recibir una condena a prisión perpetua por dos asesinatos?
¿Por qué se encontraba alojada en una dependencia que no era un establecimiento penitenciario convencional?
¿Qué controles se habían dispuesto para impedir su evasión?
El entonces ministro de Seguridad, Claudio Maley, anunció el pase a disponibilidad del personal policial que cumplía funciones de custodia.
También se inició una investigación para determinar las circunstancias de la fuga y establecer eventuales responsabilidades.
Las organizaciones sociales y familiares de las víctimas reclamaron explicaciones.
Algunas denunciaron la posibilidad de que Rejas hubiera contado con ayuda.
Esa hipótesis debía investigarse y no puede considerarse probada únicamente por las circunstancias de la evasión.
Diecisiete días prófugo y una captura en Salta
La fuga desencadenó un operativo de búsqueda que involucró a fuerzas provinciales y federales. Se realizaron allanamientos, se analizaron comunicaciones y se investigaron los movimientos de personas cercanas al condenado.
Finalmente, el 14 de octubre de 2021, Rejas fue localizado en un camping de la zona de Cabra Corral, en la provincia de Salta. Había permanecido prófugo durante aproximadamente diecisiete días. Tras su recaptura fue trasladado nuevamente a Tucumán.
El episodio abrió otro frente judicial.
En diciembre de 2022 recibió una condena adicional de un mes de prisión por la evasión. Sin embargo, la información pública consultada no permite establecer de manera completa el resultado judicial de todas las investigaciones sobre posibles colaboradores o eventuales responsabilidades de quienes debían custodiarlo.
Es un punto que requiere consultar los expedientes correspondientes.
La condena que llegó hasta la Corte Suprema
El proceso judicial continuó después de la sentencia de 2021. En octubre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó los recursos presentados por la defensa y confirmó la condena.
La causa llegó posteriormente a la máxima instancia judicial nacional. El 8 de octubre de 2025 se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había desestimado la presentación de la defensa de Rejas por incumplimiento de requisitos formales.
La decisión dejó firme la condena a prisión perpetua. El doble crimen tenía así una resolución penal definitiva respecto del condenado. Pero había una diferencia fundamental entre el cierre del proceso judicial y el cierre de la historia para la familia.
El reclamo de una madre que todavía busca
Amalia Ojeda, madre de Milagros y abuela de Benicio, se convirtió en una de las voces más persistentes del reclamo de justicia.
Durante años participó en marchas, habló con medios de comunicación y exigió que se investigara la desaparición de su hija y su nieto. Después de la condena, su reclamo no terminó.
En octubre de 2025, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema nacional, volvió a insistir en la necesidad de recuperar los cuerpos. Para Amalia, la sentencia representaba una respuesta judicial, pero no resolvía la ausencia física de sus seres queridos.
La familia todavía necesitaba saber dónde estaban y recuperar sus restos para poder despedirlos.
Su situación expone una dimensión especialmente dolorosa de los homicidios sin recuperación de los cuerpos: la responsabilidad penal puede quedar establecida mientras los familiares siguen sin conocer el destino final de las víctimas.
Las preguntas que permanecen abiertas
A casi diez años de la desaparición, la investigación permite distinguir entre aquello que quedó demostrado y lo que todavía necesita respuestas. Lo que no pudo determinarse públicamente es el destino de los cuerpos.
Hay interrogantes que justifican nuevas consultas periodísticas:
¿Dónde están los restos de Milagros Avellaneda y Benicio Coronel?
¿Qué medidas de búsqueda se realizaron después de que la condena quedara firme?
¿Cuál fue el resultado de las investigaciones sobre la custodia y las circunstancias de la fuga de Rejas?
¿Existen actuaciones pendientes relacionadas con la desaparición de los cuerpos?
¿Qué mecanismos institucionales podrían permitir que la familia acceda a nuevas respuestas?
A casi diez años de la desaparición, Tucumán sabe quién asesinó a Milagros y Benicio. Lo que todavía no ha podido establecerse públicamente es dónde están.
