Mientras cientos de familias de La Madrid pelean otra vez contra el agua, duermen a la vera de la ruta o buscan refugio fuera de sus casas, en los despachos del Tribunal de Cuentas se acumula otra postal inquietante de la comuna: una seguidilla de expedientes, sumarios y juicios por rendiciones observadas que los funcionarios no lograron regularizar. El contraste es tan brutal como elocuente. De un lado, un pueblo que vuelve a inundarse. Del otro, una administración que aparece cada vez más cercada por los organismos de control.
No se trata de un reparo aislado ni de un expediente viejo rescatado de archivo. Entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2026, el Tribunal dictó al menos nueve acuerdos vinculados a la Comuna Rural de La Madrid y a sus responsables del período observado, el comisionado Héctor Elías Soria Chanta y la secretaria habilitada María Belén Zamora Belli. En casi todos los casos se repite la misma fórmula: se los conminó a presentar documentación, no hubo resultado positivo y el proceso escaló a sumarios, juicios de cuentas o cargos fiscales.
El grueso de las observaciones está en 2024 y el monto ya es millonario
El dato más pesado está en los expedientes del año pasado. Por el primer bimestre de 2024, el Tribunal abrió un sumario por $22.064.262,69 y luego avanzó a un juicio de cuentas. Por el segundo bimestre, hizo lo mismo por otros $35.762.663,13. Y el salto más impactante apareció con los comprobantes observados del tercer y cuarto bimestre de 2024: allí la falta de regularización llegó a $164.879.242,42. Sólo esas tres instancias abiertas sobre 2024 suman $222.706.168,24.
Esa cifra no describe una diferencia menor de papeles ni una demora administrativa de rutina. Muestra, según la propia secuencia del Tribunal, un patrón de incumplimientos reiterados en la rendición de fondos públicos. Más aún: en dos de esos casos la comuna ya había sido intimada en diciembre de 2025 para que regularizara en 48 horas, pero la respuesta no alcanzó y el organismo siguió escalando el procedimiento. El mensaje institucional es claro: el Tribunal entiende que no hubo una regularización satisfactoria y por eso pasó de la observación al juicio.
El drama del agua convive con una crisis de control sobre la comuna
Hay, además, un antecedente de 2023 que agrava el cuadro político. El 4 de febrero, el Tribunal clausuró un juicio de cuentas y formuló un cargo fiscal solidario por $12.514.619,13 contra Soria Chanta y Zamora Belli, por la falta de regularización de un comprobante del segundo bimestre de 2023. Después, el 20 de febrero, admitió formalmente un recurso de revisión presentado por ambos funcionarios y dejó en claro que todavía no resolvía el fondo de la cuestión. Es decir: ese frente no quedó cerrado, sino reencauzado.
La única señal de alivio para la comuna apareció en una causa más vieja, vinculada al sexto bimestre de 2021. Allí el Tribunal aceptó documentación presentada con posterioridad, tuvo por subsanadas las observaciones y sobreseyó a los responsables. Pero ese caso, lejos de borrar el cuadro general, lo vuelve más llamativo: cuando la documentación aparece y convence, el organismo lo dice; cuando no aparece o no alcanza, también. Y en La Madrid, lo que domina hoy en los papeles oficiales no es el cierre, sino la persistencia de observaciones millonarias.
Por eso el foco ya no está sólo en la emergencia hídrica. También empieza a posarse sobre la calidad de la administración en una comuna que vuelve a quedar bajo el agua mientras sus responsables afrontan un rosario de actuaciones por rendiciones sin regularizar. En un pueblo donde más de 200 familias tuvieron que autoevacuarse y donde cientos de vecinos pasaron la noche fuera de sus casas, la falta de respuestas no se mide solamente en bombas, barro y colchones mojados. También se mide en cuentas públicas que el organismo de control todavía no logra dar por saldadas.
