La Legislatura tucumana aprobó modificaciones técnicas y administrativas al proyecto que desafecta del dominio público una fracción ubicada entre San Pablo y El Manantial, donde catastralmente estaba prevista una calle. La medida, impulsada por el oficialismo, quedó sancionada sin debate en el recinto y volvió a abrir una fuerte polémica política.
La iniciativa está vinculada a un desarrollo inmobiliario privado en la zona comprendida entre las rutas 301 y 338. Como contraprestación, la firma Citrusvil se comprometió a donar tierras destinadas a regularizar la situación dominial de unas 80 familias.
El oficialismo avanzó sin debate
El tratamiento del tema se produjo luego de la aprobación de reformas judiciales propuestas por la Corte Suprema. En ese momento, el legislador oficialista Mario Leito pidió alterar el orden del día para tratar dos expedientes con dictamen de Legislación General.
Leito solicitó que las iniciativas se votaran sin debate, con el argumento de que las distintas posturas ya habían sido expresadas en la sesión anterior. Con el respaldo del bloque oficialista y legisladores aliados, la moción prosperó y los proyectos fueron aprobados por mayoría.
La decisión generó malestar en la oposición. Legisladores como Alfredo Toscano, Manuel Courel y Eduardo Verón Guerra habían pedido la palabra, pero no pudieron expresarse antes de la votación. En medio de la tensión, se escucharon reproches hacia la Presidencia del cuerpo.
Correcciones tras las observaciones del Ejecutivo
Las reformas aprobadas buscaron subsanar observaciones formuladas por el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior. Entre los puntos cuestionados figuraba la incorrecta identificación del bien a desafectar, ya que el proyecto original lo describía como una fracción de inmueble, cuando se trataría de una calle de dominio público.
También se incorporó una precisión sobre el destino de la medida: la desafectación tendrá como finalidad exclusiva implementar acciones de interés público vinculadas a la regularización dominial, erradicación, construcción o consolidación de asentamientos o barrios de emergencia de la zona.
Otro punto clave establece que la eficacia de la ley quedará sujeta al desistimiento expreso, irrevocable e incondicional de Citrusvil de toda acción o derecho, presente o futuro, sobre los inmuebles alcanzados por la norma. La empresa deberá acreditar los actos procesales necesarios para cerrar definitivamente los procesos vigentes, sin reserva de derechos.
El debate pendiente por la conectividad
Más allá del argumento social, la iniciativa quedó bajo la lupa por sus implicancias urbanas. En los informes técnicos se advirtió que una desafectación de este tipo debe justificar la pérdida de utilidad pública de la calle y demostrar que no existen necesidades de tránsito o conectividad que se vean afectadas.
También se planteó la necesidad de evaluar posibles perjuicios para propietarios colindantes y para la comunidad, especialmente en relación con derechos vinculados al acceso y la circulación.
Urbanistas consultadas advirtieron que el proyecto no contempla de manera suficiente las cuestiones de conectividad metropolitana y que el eje principal de la fundamentación se concentra en la regularización dominial. Así, la Legislatura cerró una corrección legal, pero dejó abierto un debate político y urbano sobre el uso de los bienes públicos y la planificación territorial en el área metropolitana de Tucumán.
