La investigación judicial sobre el manejo de fondos públicos en municipios tucumanos quedó virtualmente clausurada luego de que la Justicia Federal consolidara el archivo del expediente, en una decisión que despeja uno de los frentes más sensibles para el oficialismo provincial.
La causa había sido impulsada a partir de una denuncia vinculada a extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una operatoria que, si bien es legal, fue observada por su baja trazabilidad. El volumen total bajo análisis rondaba los $39.487 millones y alcanzaba a cinco municipios tucumanos: Banda del Río Salí, Famaillá, Alberdi, Lules y Monteros.
El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez dispuso el archivo de las actuaciones en cuatro de esos casos, luego de un dictamen del fiscal federal Agustín Vehils Ruiz, quien cuestionó el manejo administrativo de los recursos, pero concluyó que no había delito que justificara avanzar penalmente.
Sin querellantes con facultades para recurrir
Uno de los puntos centrales que selló el futuro del expediente fue la falta de actores con capacidad legal para apelar la resolución. El fiscal, que era el único con legitimación plena para recurrir el archivo, consintió esa salida procesal, lo que dejó firme la decisión judicial.
En ese marco, también quedó limitado el rol del partido CREO, que había intentado ampliar la denuncia con nueva documentación. Sin embargo, nunca fue aceptado como querellante, por lo que su intervención quedó reducida a la de simple denunciante, sin posibilidad de impugnar resoluciones ni llevar el caso a una instancia superior.
La misma situación alcanzó a la Procelac. Aunque fue el organismo que formuló la denuncia original, no se constituyó como parte querellante dentro del expediente. Esa omisión terminó siendo determinante, ya que una vez que el fiscal resolvió no impulsar la acción, el organismo técnico perdió toda posibilidad de incidir directamente en la continuidad del caso.
La única excepción y el impacto político del cierre
Con ese esquema procesal, en tribunales consideran que la causa ya es cosa juzgada en términos prácticos, porque no quedaron vías activas para reabrir el expediente ni para discutir el archivo ante una instancia superior.
La única excepción dentro del panorama general es Alberdi. En ese caso, la documentación fue remitida a otro juzgado, donde se tramita una causa vinculada con presuntos delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Por eso, ese municipio quedó fuera del cierre total que alcanzó al resto de las actuaciones.
El desenlace representa un alivio político para la Casa de Gobierno, ya que se trataba de un expediente con potencial para escalar en el debate público de cara a los próximos años. Así, las sospechas sobre el retiro de fondos por ventanilla en distintos municipios quedaron cerradas por una combinación de dictamen fiscal, resolución judicial y ausencia de querellantes con capacidad de apelar.
