El gobernador Osvaldo Jaldo ha definido en reiteradas oportunidades a la educación como una “política de Estado” y una prioridad para Tucumán. Sin embargo, un nuevo relevamiento nacional pone bajo discusión esa afirmación: la provincia aparece con el menor presupuesto educativo previsto por alumno de todo el país y los salarios docentes registran una caída real del 11,6%.
Los datos vuelven a poner el foco sobre una pregunta inevitable para la gestión provincial: ¿alcanza con definir a la educación como una prioridad si los recursos destinados al sistema ubican a Tucumán en el último lugar del ranking nacional?
Según el informe difundido a nivel nacional, para 2026 Tucumán prevé un gasto de $2,46 millones por alumno, la cifra más baja entre las 24 jurisdicciones argentinas. El promedio nacional ronda los $4 millones por estudiante.
La diferencia con las provincias que más recursos presupuestaron es significativa. Neuquén encabeza la medición con $13,7 millones por alumno, más de cinco veces lo previsto en Tucumán. Tierra del Fuego alcanza los $12,3 millones y Santa Cruz los $8,4 millones.
Del discurso de “política de Estado” a los números del presupuesto
Jaldo ha colocado públicamente a la educación entre los ejes centrales de su administración. En febrero, durante la entrega de equipamiento a establecimientos escolares, aseguró que desde el comienzo de su gestión el área fue asumida como una “verdadera política de Estado”.
También sostuvo que los presupuestos destinados a educación no debían entenderse como un gasto, sino como una inversión.
En mayo volvió sobre esa idea al afirmar que la educación es una política de Estado y que representa una herramienta indispensable para el desarrollo de Tucumán.
Incluso en enero, cuando defendió las modificaciones presupuestarias nacionales, el mandatario afirmó que “la educación sigue siendo una prioridad para Tucumán”.
El nuevo relevamiento, sin embargo, obliga a contrastar esas declaraciones con los recursos efectivamente previstos. Con $2,46 millones por estudiante, Tucumán queda no sólo por debajo del promedio nacional, sino en el último puesto del país.
El dato no implica por sí solo una evaluación definitiva sobre la calidad educativa. El propio estudio advierte que se trata de gasto presupuestado y no necesariamente ejecutado, y que las diferencias entre provincias pueden estar condicionadas por la cantidad de alumnos, la ruralidad, los costos regionales y la estructura de cada sistema.
Pero el indicador sí permite comparar el esfuerzo económico previsto por estudiante y plantea interrogantes sobre el lugar que ocupa la educación dentro de las prioridades presupuestarias provinciales.
Salarios docentes: otra señal de alarma
El segundo dato que complica el discurso oficial tiene que ver con los ingresos de los trabajadores de la educación. De acuerdo con el relevamiento, los salarios docentes tucumanos sufrieron una caída real del 11,6%.
La pérdida de poder adquisitivo adquiere mayor relevancia porque los salarios representan una porción central del financiamiento educativo de las provincias.
El deterioro salarial, además, no es un fenómeno exclusivamente tucumano. A nivel nacional, el salario bruto promedio de un maestro de grado de jornada simple y con diez años de antigüedad se encontraba en marzo de 2026 un 13,3% por debajo, en términos reales, del nivel de diciembre de 2019.
El contexto nacional, marcado también por la eliminación de partidas y modificaciones en el esquema de financiamiento educativo, representa un factor que las administraciones provinciales señalan recurrentemente. Pero las provincias siguen teniendo un rol decisivo: en promedio, aportan alrededor del 75% del financiamiento educativo público.
Por eso, la discusión no se limita a cuánto aporta o deja de aportar la Nación. También alcanza a las decisiones que cada gobernador toma al distribuir los recursos disponibles.
¿Una prioridad política o una prioridad presupuestaria?
La gestión de Jaldo puede exhibir medidas concretas en el área. En febrero, por ejemplo, el Gobierno anunció una inversión cercana a los $2.000 millones para entregar computadoras, materiales didácticos y equipamiento a alrededor de 1.300 establecimientos. También avanzó con programas de alfabetización, enseñanza de inglés desde primer grado y obras en distintas instituciones.
Esos antecedentes forman parte del balance que el Ejecutivo utiliza para defender su política educativa.
Sin embargo, el último lugar de Tucumán en presupuesto previsto por alumno introduce otra variable para evaluar esa gestión. Una política pública no se mide únicamente por anuncios, programas o declaraciones, sino también por la proporción de recursos que el Estado decide asignarle y por las condiciones salariales de quienes sostienen diariamente el sistema.
La comparación resulta todavía más fuerte porque no se trata simplemente de que Tucumán esté debajo de las provincias con mayores ingresos: aparece en el último puesto de todo el país.
El Gobierno puede argumentar que gastar más no garantiza automáticamente mejores resultados, una advertencia que también realizan los especialistas. La eficiencia en el uso de los fondos, la organización del sistema y las políticas pedagógicas son igualmente determinantes.
Pero si la educación es, como sostiene Jaldo, una verdadera política de Estado, los números abren un debate que el discurso por sí solo no alcanza a cerrar.
Con el presupuesto por alumno más bajo de Argentina y docentes que perdieron poder adquisitivo, la pregunta queda planteada: ¿qué lugar ocupa realmente la educación entre las prioridades de la gestión provincial?
