El Gobierno de Osvaldo Jaldo convirtió las obras en las escuelas en uno de los argumentos recurrentes de su gestión. Las comunicaciones oficiales destacan intervenciones edilicias, reparaciones, tareas de mantenimiento e inversiones destinadas a mejorar las condiciones de enseñanza. Sin embargo, detrás de ese relato de actividad permanente, los trabajadores de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares comenzaron a plantear una realidad bastante diferente.
Según una denuncia, empleados de esa repartición provincial alertaron sobre un achicamiento de personal y manifestaron su preocupación por la continuidad de sus fuentes laborales.
El planteo introduce un interrogante incómodo para la administración provincial: ¿cómo pretende el Gobierno sostener el ritmo de las intervenciones escolares que anuncia si, al mismo tiempo, los empleados del organismo encargado de esas tareas advierten sobre una reducción de su capacidad de trabajo?
El conflicto adquiere mayor relevancia porque no se trata de una dependencia secundaria. Construcciones Escolares cumple funciones vinculadas con la construcción, ampliación, refacción y mantenimiento de edificios educativos. Su funcionamiento resulta fundamental para responder a los reclamos de directivos, docentes y familias por problemas de infraestructura.
El Gobierno habla de cientos de escuelas intervenidas
Las declaraciones oficiales de los últimos meses muestran la importancia que la gestión de Jaldo le asigna públicamente a las obras escolares. En febrero, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, aseguró que la Provincia estaba realizando tareas de mantenimiento en alrededor de 600 establecimientos educativos, mediante una coordinación entre distintas áreas gubernamentales.
El funcionario explicó que las intervenciones incluían limpieza de canaletas, pintura, desmalezamiento, reparaciones menores y trabajos de mayor envergadura en determinadas instituciones.
«Estamos trabajando entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas, a través de Construcciones Escolares, del Ente de Infraestructura y de la Secretaría de Saneamiento», afirmó Nazur el 12 de febrero.
El discurso se mantuvo durante el año. En julio, durante el receso invernal, el mismo funcionario destacó que las cuadrillas continuaban trabajando incluso durante los fines de semana para mejorar las condiciones de los establecimientos antes del regreso de los alumnos.
También afirmó que la administración provincial estaba avanzando con la finalización de más de 20 establecimientos educativos cuyas obras habían quedado paralizadas por la Nación.
Desde el Ministerio de Educación, Susana Montaldo reforzó reiteradamente el mismo mensaje: las mejoras edilicias constituyen una prioridad y el Gobierno provincial está destinando recursos para dar respuestas a las comunidades educativas.
Se trata de una narrativa que presenta al Estado provincial como protagonista de la recuperación de la infraestructura escolar, especialmente frente al retiro de financiamiento del Gobierno nacional.
Sin embargo, las denuncias de los trabajadores de Construcciones Escolares ponen en discusión otro aspecto de esa política: la situación de los recursos humanos necesarios para sostenerla.
Los trabajadores advierten sobre el achicamiento y temen por sus empleos
El reclamo señala que empleados de Construcciones Escolares atraviesan un clima de incertidumbre ante lo que describen como una reducción del personal de la repartición.
La denuncia obliga a distinguir dos cuestiones: la cantidad de obras anunciadas por el Gobierno y la capacidad operativa real de los organismos encargados de ejecutarlas.
Un eventual achicamiento de la planta laboral podría repercutir sobre los tiempos de ejecución, la atención de emergencias edilicias y la posibilidad de responder a los numerosos pedidos de reparación que realizan las escuelas.
Además, la preocupación de los trabajadores no constituye un episodio completamente aislado.
El 29 de mayo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que había mantenido una reunión con Nazur para abordar problemas laborales y salariales en distintas dependencias de Obras Públicas, entre las que mencionó expresamente a Construcciones Escolares.
Posteriormente, el 21 de septiembre, el sindicato volvió a reunirse con las autoridades provinciales para analizar las dificultades que atravesaban esas reparticiones.
En ambas oportunidades, el Gobierno expresó su disposición a continuar el diálogo y trabajar sobre las condiciones laborales.
El interrogante de fondo es sencillo: si las escuelas necesitan cada vez más mantenimiento y el Gobierno afirma que está intensificando los trabajos, ¿por qué los empleados encargados de realizarlos advierten que la repartición se achica?
La respuesta exige algo más que nuevas fotografías de funcionarios recorriendo establecimientos educativos. Requiere información concreta sobre la dotación de personal, la continuidad de las tareas y las condiciones laborales de quienes sostienen el mantenimiento de las escuelas tucumanas.
Porque una política de infraestructura educativa no se mide solamente por la cantidad de obras que se anuncian, sino también por la capacidad efectiva de ejecutarlas y mantenerlas en el tiempo.
