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Caso Vélez: siete abogados, vínculos con Cisneros y una escribanía de Famaillá ponen bajo la lupa la defensa de Lourdes Parache

El escándalo judicial que comenzó con la denuncia contra cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield sumó un nuevo capítulo, esta vez con la atención puesta en los abogados que representaron a Lourdes Parache y sus vinculaciones con el diputado nacional Carlos Cisneros, la Asociación Bancaria y la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

Una investigación identificó a siete profesionales que intervinieron en distintas etapas de la representación de la joven y reveló una serie de coincidencias que plantean interrogantes sobre los posibles conflictos de intereses en su defensa.

El informe también puso el foco en una escribanía de Famaillá, donde se habrían otorgado, el mismo día y mediante escrituras consecutivas, poderes a favor de abogados vinculados tanto con Parache como con familiares del legislador nacional.

La información adquiere especial relevancia porque la Justicia federal investiga actualmente si la joven pudo haber sido víctima de maniobras de captación o condicionamiento por parte de personas de su entorno laboral y político.

Cisneros, la abogada Patricia Neme y Federico Petraglia comparecieron en septiembre ante la Justicia federal en el marco de esa investigación. Los tres rechazan las acusaciones y sostienen que Parache actuó por decisión propia.

Siete abogados y una red de relaciones con el diputado Cisneros

La investigación periodística identificó a Pedro Parra, José César Díaz, Juan Andrés Robles, Patricia Neme, Franco Venditti, Patricio Char y Fernando Burlando como los siete abogados que intervinieron, en distintas oportunidades, en la representación de Parache.

El dato llamativo es que varios de esos profesionales también mantienen o mantuvieron relaciones laborales, profesionales o de representación judicial con Cisneros y personas de su entorno.

Uno de los casos más significativos es el de Juan Andrés Robles, quien patrocinó a Parache en la causa provincial y también intervino como abogado defensor de Cisneros, Neme y Petraglia en la investigación federal.

Según la publicación, el 1 de octubre Robles acompañó a la joven a los tribunales federales para intentar que prestara declaración. Sin embargo, ni la Fiscalía ni el Juzgado Federal N° 2 recibieron su testimonio en esas circunstancias, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por ese medio.

Otra situación que genera interrogantes involucra a Pedro Parra. El profesional representa a Petraglia en la investigación provincial por presunto falso testimonio y estafa procesal, mientras que también patrocinó a Parache en una presentación ante la Justicia federal.

En ese escrito, la joven solicitó el archivo de la investigación por presunta trata y negó haber sido víctima de condicionamientos o explotación.

La coincidencia de representaciones resulta particularmente delicada porque Petraglia figura entre las personas investigadas por hechos que, de comprobarse, podrían haber perjudicado a Parache.

También aparece Patricia Neme, quien acompañó a la denunciante desde el inicio del caso. Según surge de su propio descargo judicial citado por la investigación, la profesional mantiene vínculos laborales con la Asociación Bancaria y la Caja Popular de Ahorros.

Por su parte, José César Díaz fue interventor de la Caja Popular hasta enero de 2026 y posteriormente intervino como abogado de Parache.

Estas relaciones no demuestran por sí mismas la existencia de irregularidades, pero abren interrogantes sobre la independencia de la representación legal y la posibilidad de intereses contrapuestos entre algunos de los involucrados.

El misterio de los poderes firmados en una escribanía de Famaillá

Uno de los datos más llamativos de la investigación se relaciona con las escrituras mediante las cuales se otorgaron poderes de representación judicial.

De acuerdo con la documentación citada por eltucumano, el 30 de marzo de 2026 se otorgó el poder identificado como escritura N° 115, mediante el cual Parache habilitó la actuación de sus representantes legales. Ese mismo día, en el mismo registro notarial y mediante la escritura siguiente, la N° 116, las tres hijas de Carlos Cisneros otorgaron poderes a favor de Juan Andrés Robles y José César Díaz.

Ambas actuaciones se realizaron en el Registro Notarial N° 115 de Famaillá, cuya titular es la escribana Ana Gabriela Delloca.

En esa misma dependencia se desempeña como adscripto Juan Roberto Robles, hermano del abogado Juan Andrés Robles.

La investigación señala, además, que otros integrantes del entorno de Cisneros también habían recurrido anteriormente a ese registro para otorgar poderes.

La coincidencia de fechas, profesionales y lugar despertó interrogantes acerca de cómo se organizó la representación jurídica de Parache y qué participación tuvieron personas vinculadas al legislador en esas gestiones.

Sin embargo, el hecho de que diferentes personas hayan utilizado la misma escribanía no constituye, por sí solo, una irregularidad ni demuestra que las decisiones de Parache hayan sido tomadas por terceros.

Para determinar si existió alguna anomalía sería necesario examinar la documentación notarial completa y las circunstancias en las que se otorgaron los poderes.

¿Quién pagó la defensa y qué papel tuvo la Caja Popular?

El aspecto económico constituye otro de los puntos centrales de la investigación. Durante el proceso judicial, Parache contó con la intervención de profesionales reconocidos, entre ellos Fernando Burlando, uno de los abogados de mayor exposición nacional.

El diputado Carlos Cisneros reconoció públicamente que colaboró para facilitar asistencia jurídica a la joven, en el marco de su actividad como referente de la Asociación Bancaria. La investigación también recoge declaraciones de una testigo que atribuyó al entorno de Cisneros participación en la designación de los abogados.

A su vez, Neme reconoció sus vínculos laborales con la Caja Popular y el sindicato bancario, dos instituciones estrechamente relacionadas con los protagonistas del expediente. La cuestión todavía no esclarecida públicamente es quién afrontó efectivamente los honorarios de cada profesional y bajo qué modalidad.

El artículo periodístico realiza estimaciones sobre los posibles costos de una defensa integrada por múltiples abogados, utilizando valores de referencia del Colegio de Abogados de Tucumán. Sin embargo, admite que no tuvo acceso a los convenios de honorarios ni a los comprobantes que permitan establecer cuánto se pagó realmente y quién efectuó cada desembolso.

Por lo tanto, no está acreditado documentalmente en la información publicada que la Caja Popular o La Bancaria hayan pagado individualmente los servicios de los siete profesionales.

Mientras tanto, el expediente judicial sigue teniendo dos aspectos claramente diferenciados.

Por un lado, los cuatro exjugadores de Vélez fueron sobreseídos en diciembre de 2025. Esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y quedó firme en septiembre de 2026, después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazara una queja presentada por la querella.

Por otro, continúa la investigación federal destinada a establecer si existieron conductas de trata, captación o explotación vinculadas con la denunciante. También se tramita una investigación provincial por presunto falso testimonio y estafa procesal.

Ninguna de estas investigaciones pendientes permite dar por acreditada la responsabilidad penal de las personas involucradas.

El nuevo escenario coloca bajo observación un aspecto que hasta ahora había ocupado un lugar secundario en el debate público: la independencia de la defensa de Parache frente a los intereses de otros protagonistas de los expedientes.

La pregunta ya no se limita a determinar quiénes fueron los abogados de la joven, sino también quién los eligió, quién financió sus servicios y si su actuación respondió exclusivamente a los intereses de su representada.

Son interrogantes que adquieren una dimensión particularmente sensible en una investigación judicial que busca determinar si Parache actuó con plena autonomía o si estuvo sometida a presiones externas.

Y que, por la gravedad de sus implicancias, requieren respuestas sustentadas en pruebas judiciales y no solamente en las coincidencias detectadas entre los protagonistas.

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