La Municipalidad de San Miguel de Tucumán quedó envuelta en una polémica tan llamativa como reveladora: en lugar de responder con obras, plazos o soluciones concretas, habría pedido que dejen de presentarle reclamos vecinales por baches.
El planteo fue realizado por el concejal radical Leandro Argañaraz, quien aseguró que el municipio objetó la forma en que fueron canalizadas más de 600 denuncias de vecinos por calles rotas, pozos y cráteres en distintos puntos de la capital.
Más de 600 reclamos convertidos en expedientes
Según explicó el edil, los reportes fueron reunidos a través de una plataforma digital creada para relevar problemas en la vía pública. La herramienta comenzó a funcionar el 1 de abril y permite que los vecinos informen baches mediante WhatsApp y un sitio web.
Argañaraz sostuvo que cada reclamo fue formalizado ante la administración municipal mediante expedientes. Es decir, las quejas no quedaron sólo en redes sociales ni en una denuncia informal: fueron ingresadas por la vía institucional para que el municipio pudiera darles seguimiento.
El objetivo, según el concejal, era simple: ordenar los pedidos de los vecinos, ubicar los puntos críticos y exigir respuestas sobre reparaciones pendientes. Pero la contestación oficial, siempre según su versión, no apuntó a los arreglos sino al mecanismo utilizado para elevar los reclamos.
El municipio cuestiona el reclamo, no el pozo
La situación resulta insólita porque expone una contradicción de fondo. Los vecinos denuncian calles deterioradas, el concejal transforma esas denuncias en expedientes y la Municipalidad, en vez de mostrar un plan de bacheo o informar fechas de intervención, cuestiona que esos reclamos sean presentados.
En una ciudad donde los baches forman parte del paisaje cotidiano, pedir que no se exhiba el problema no borra la realidad. Los pozos siguen ahí: en los barrios, en las avenidas, en las esquinas transitadas, frente a casas, comercios y escuelas.
Argañaraz defendió la utilidad de la iniciativa y remarcó que varias denuncias derivaron en arreglos de calzada. Para el edil, eso demuestra que la presión vecinal y la formalización de los reclamos pueden funcionar como una herramienta concreta para acelerar respuestas.
La calle como termómetro de gestión
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la capital tucumana: la distancia entre el relato de gestión y lo que los vecinos ven todos los días cuando salen de sus casas. Los baches no son apenas una molestia estética. Rompen vehículos, complican el tránsito, generan riesgos para motociclistas y peatones, y deterioran la vida cotidiana.
Por eso, el reclamo vecinal no debería ser visto como una incomodidad política, sino como una advertencia. Cuando un municipio se molesta más por la denuncia que por el problema denunciado, el mensaje que recibe la ciudadanía es preocupante.
Argañaraz ratificó que continuará recibiendo y presentando reclamos ante las autoridades municipales. Su argumento es que esa es, justamente, una de las tareas de un concejal: controlar, exigir respuestas y hacer visible aquello que el Ejecutivo no resuelve.
La polémica deja una postal clara: los vecinos muestran los baches, la oposición los lleva al expediente y la Municipalidad parece incómoda no por el estado de las calles, sino porque alguien decidió ponerle mapa, número y trámite a una realidad que ya no se puede esconder.
