El Colegio de Abogados de Tucumán expresó su malestar por los avances en reformas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial provincial y cuestionó haber quedado afuera de una discusión que, según advirtió, impacta de manera directa en el ejercicio profesional y en el acceso a la Justicia. La entidad sostuvo que tomó conocimiento de esas iniciativas a través de publicaciones en redes sociales y, a partir de eso, envió notas formales al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, y al vicegobernador Miguel Acevedo para reclamar participación institucional.
El planteo surgió luego de que se difundiera una reunión entre autoridades de la Corte y de la Legislatura en la que se analizaron posibles cambios en normas clave del sistema judicial tucumano. Para el Colegio, el problema no pasa sólo por el contenido de las reformas, sino por el modo en que se activó el debate, sin convocar desde el inicio a la institución que nuclea a los abogados de la provincia.
Qué reformas están bajo análisis
Entre los cambios en estudio aparecen adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular sobre las leyes 8933 y 9119, además de modificaciones a la Ley de Mediación Obligatoria Previa, la 7844. Se trata de normas sensibles para el funcionamiento de tribunales, la organización de los procesos y las instancias de resolución de conflictos antes de llegar a juicio.
Desde la conducción del Colegio recordaron que la legislación vigente prevé su intervención en discusiones vinculadas al ejercicio de la profesión, la legislación procesal y las reformas del sistema judicial. En esa línea, remarcaron que los proyectos no les fueron remitidos para dictaminar y que esa omisión vulnera el mecanismo institucional que, entienden, debe respetarse cuando se tocan normas de fondo.
Apoyo a la mediación, pero con participación
A pesar del tono crítico, la entidad no rechazó de plano los cambios. Por el contrario, dejó en claro que comparte la necesidad de fortalecer herramientas como la mediación obligatoria previa, al considerar que pueden ayudar a agilizar la resolución de conflictos y mejorar el acceso a la Justicia. El punto de fricción, entonces, no está en la idea de modernizar el sistema, sino en la exclusión del Colegio de una mesa de discusión que considera indispensable.
La controversia además quedó atravesada por un contraste político e institucional: apenas el 18 de marzo, la propia Corte había firmado un convenio de colaboración con los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur para fortalecer la coordinación, abrir mesas de diálogo periódicas y establecer canales permanentes de comunicación. En ese contexto, el reclamo del Colegio también expone una señal de ruido entre instituciones que, hasta hace pocos días, mostraban públicamente una agenda compartida de modernización judicial.
